Molestia es lo que ha transmitido el Presidente Sebastián Piñera en las últimas horas, las que, según reconocen en La Moneda, han sido duras por los cuestionamientos que se han originado a raíz de los denominados Pandora Papers, que han tenido revuelo a nivel internacional.
El malestar del Mandatario radica, dicen, en que cree que se levantó un tema de manera artificial y se agudizó ayer luego de que el Ministerio Público informara que el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación de oficio en su contra.
Tras cuatro días de análisis de los antecedentes, Abbott firmó la resolución con la que formaliza la apertura de una investigación penal de oficio que involucra al Presidente por la compraventa de la Minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. La decisión -que había sido adelantada por La Tercera- fue comunicada por la vocera del Ministerio Público y jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera.
La decisión no sólo fue cuestionada por un comunicado público de Presidencia, sino que horas después el propio Mandatario sostuvo que “no compartimos la decisión anunciada hoy por la fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”.
Entre los fundamentos para la apertura de la causa por los eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias está que en 2017, cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra investigó al Mandatario en el caso Exalmar, no tuvo a la vista el contrato que fue publicado por Ciper y LaBot el domingo pasado tras la filtración mundial de los Pandora Papers.
En esa oportunidad, el persecutor también exculpó al hoy Presidente de una arista que se abrió y en la que se indagó su rol para bajar el proyecto Barrancones y favorecer, supuestamente, su inversión en el proyecto de la Minera Dominga.
En esta oportunidad -según explicó la vocera de la fiscalía- las diligencias se centrarán en la “tercera cláusula” del documento firmado en el paraíso fiscal y que no estaba en el expediente que fue tramitado hace cuatro años en el Ministerio Público. Esta establecía que el último pago -de la venta de la familia Piñera a Délano- estaba condicionado a que el sector en que se emplazaría la mina no se declarara zona de exclusión.
En Palacio afirman que Piñera ha transmitido a su círculo más cercano su malestar con la fiscalía, con lo que considera una indagatoria “injusta” debido a que en el gobierno, insisten, todo eso fue ya investigado en 2017 y -en ese sentido- es cosa juzgada.
La molestia se ha extendido a varios ministros. El sentir de algunos en Palacio apunta a que la fiscalía “está tratando de cubrirse” y a que Abbott decide abrir una nueva causa contra el Presidente justo cuando parlamentarios han pedido su salida del cargo.
Ayer, Herrera se refirió a los dichos del abogado del Mandatario, Juan Domingo Acosta, quien señaló que los términos del acuerdo de compraventa en español estuvo a la vista de Guerra en 2017: “Sí, ese documento está incorporado efectivamente en los antecedentes. No era una línea investigativa, porque, como señalé, lo que nosotros entendemos ahora de acuerdo al análisis de los antecedentes es que el fiscal a cargo se abocó a los hechos contemplados en la querella y en su ampliación”.
Respuesta de Presidencia
Apenas se conoció la declaración de la fiscalía, el propio Presidente con su círculo de confianza empezaron a trabajar en la respuesta que, a las 15.19, enviarían a través de un comunicado firmado por Presidencia.
En un texto de dos carillas, La Moneda insiste -al igual que en los días previos y en línea con lo planteado por la defensa del Mandatario- en que todos los hechos ya eran conocidos. El comunicado dejó en evidencia el malestar con el Ministerio Público.
“No existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público”, se afirma, agregando que “el Presidente Piñera no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió, ni en la venta de Minera Dominga. Agrega: “Por estas razones, discrepamos con lo señalado por la fiscalía”.
Piñera se reunió con el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, y su par de la Segpres, Juan José Ossa, entre otros, para analizar si reforzar con alguna vocería el comunicado. Fue el propio Piñera quien decidió abordar públicamente -por segunda vez en esta semana- el tema. Flanqueado por los ministros Ossa y Bellolio, el Mandatario insistió -desde La Moneda- en que “no compartimos la decisión anunciada por la fiscalía”. Con un tono más personal añadió que “quiero expresar que durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser Presidente de Chile he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque, sin duda, estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia”.
En La Moneda existe preocupación porque el Mandatario sumó un flanco judicial al complicado escenario político en el que enfrenta la amenaza de una acusación constitucional en su contra, que incluso es evaluada por algunos diputados de RN.
La prioridad del Ejecutivo está enfocada en intentar cerrar filas para que todo Chile Vamos esté alineado en contra del libelo y, por lo mismo, en la Segpres, según comentan en el sector, han estado haciendo algunos llamados para contener ese flanco.
En el gobierno dicen estar conscientes de que con la apertura de una investigación habrá una mayor presión por avanzar en la acusación, sobre todo, porque es un año electoral.
