¿Por dónde partir? Los nudos que tensionan la discusión de los artículos transitorios en la Convención

Entre los convencionales corre con fuerza la idea de que, desde el punto de vista de la nueva institucionalidad, una de las prioridades más relevantes que tienen que resolver las normas transitorias es la instalación de la Corte Constitucional, el órgano que sucederá al actual Tribunal Constitucional (TC).

Desde el gobierno han calificado este tema como una “máxima prioridad”. El informe que elaboró la Segpres expuso cuál será la principal piedra de tope en este asunto: “Se propone diferir la entrada en vigencia de las normas sobre la Corte Constitucional hasta que no se dicte la ley que determine la organización, funcionamiento y procedimientos de ella”.

Uno de los artículos transitorios aprobados en general, que más adelante serán sometidos a indicaciones, plantea que esta corte debe “quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución”.

Sin embargo, en el TC hay conciencia de que estos plazos son casi imposibles de cumplir. Así lo dejaron expuesto en un informe que enviaron a la comisión: “Es difícil que se cumpla con el propósito de concretar en un período tan excesivamente corto la ley, debido a la complejidad del tema que abarca y los tiempos que se requieren para que los órganos colegisladores la aprueben en forma adecuada”. Esto mismo lo dijeron las ministras del TC María Pía Silva y Daniela Marzi. Cuando ambas expusieron, el convencional Jaime Bassa (FA) retrucó la complejidad de instalar la CC haciendo alusión a que en realidad el órgano será solo una continuidad al TC, pero con pequeños ajustes: “La Corte Constitucional no es significativamente distinta del Tribunal Constitucional”.

El problema de esto, reconocen algunos constituyentes, es que el nuevo régimen constitucional necesariamente traerá acompañado conflictos constitucionales entre instituciones, contiendas de competencias y la necesidad de interpretar la nueva Carta Magna. Si la corte no queda instalada, entonces la nueva Constitución tendrá que ser interpretada por el actual TC, el mismo que los constituyentes estuvieron a punto de eliminar por completo.

Para un sector de la Comisión de Normas Transitorias los derechos sociales son una prioridad. Algunos convencionales como Tania Madriaga, Adolfo Millabur, Marcos Barraza, Loreto Vallejos, entre otros, han expuesto que este debe ser un tema central del proceso de transición constitucional.

Tanto así que han llegado a plantear que la ciudadanía no los eligió solamente para crear nuevas instituciones, sino que los escogió sobre todo para consagrar nuevos derechos fundamentales en la Constitución. Estos derechos, han dicho, no deben ser solo un texto, sino que requieren de efectos concretos y visibles para la ciudadanía.

Esta pretensión chocó con las sugerencias del gobierno. El ministro Segpres Giorgio Jackson expuso ante la comisión que, sobre todo en materia de derechos sociales, la transición debe hacerse con gradualidad y responsabilidad fiscal. ”Esta propuesta de transitoriedad tiene por objeto resolver el problema de la aplicación directa de normas constitucionales que irrogan gasto fiscal sin un presupuesto especial o recursos fiscales previstos que hagan posible el pago de las prestaciones asociadas”, consignó el Ejecutivo en el informe que despachó a la Convención.

El problema es que estos derechos sociales necesitarán de una ley que les haga una bajada práctica. Esa ley deberá ser tramitada por el actual Congreso, uno que está fragmentado, sin mayorías y con un Senado empatado.

Si se aprueba la nueva Constitución se cambiará el actual modelo del Congreso Nacional. De esta manera el Poder Legislativo dejará de tener dos cámaras simétricas -Cámara y Senado- y hará una transición hacia un diseño denominado bicameralismo asimétrico. Eso implicará que el nuevo Parlamento esté integrado por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.

Por lo tanto, los cambios en el sistema político son más que sustanciales y las normas transitorias tendrán que preparar con mucho detalle el camino que instalará al futuro Poder Legislativo.

¿Desde cuándo empiezan a regir los nuevos diputados y representantes regionales? La interrogante es especialmente compleja en el caso de los últimos parlamentarios, que serán quienes reemplacen a los actuales senadores. El transitorio aprobado en general plantea que los nuevos diputados y representantes regionales existirán en 2026, dejando el siguiente nudo respecto de los senadores.

La Cámara Alta se renueva por parcialidades, es decir, algunos senadores culminan sus periodos en cuatro años más, pero otros -los electos en la última parlamentaria- en el año 2026 aún les quedarían cuatro años más. El gobierno no ha tomado postura y simplemente ha mostrado las dos opciones que hay sobre la mesa. Una es la renovación completa en 2026 y otra es que los senadores que les quedan cuatro años pasen a formar parte de la Cámara de las Regiones. Eso, sin embargo, no convence a los constituyentes. El Senado por su parte propuso a la Convención que se deben respetar “íntegramente” los mandatos de los actuales miembros de la Cámara Alta.

El otro punto de tensión son los quórums. El Ejecutivo propone que “las normas sobre quórums exigibles para la aprobación de las leyes” rijan in actum, es decir, de manera inmediata. La idea apunta a evitar que las leyes que deba aprobar el actual Congreso tengan que votarse con los quórums supra mayoritarios que contempla el actual ordenamiento constitucional.

Esta discusión lleva a otro tema. El borrador de la Constitución quedó con una regla general de reforma muy flexible que solo necesita mayoría simple. Por lo mismo, el actual Congreso está analizando con ansias la opción de que, aprobada la Constitución, ellos puedan reformarla. Algunos constituyentes intentarán bloquear esta opción a través de los transitorios.

Los convencionales que impulsaron la propuesta de Estado regional quieren que este diseño se implemente en el corto y mediano plazo para que los cambios no se diluyan en el tiempo. Esta semana el contralor Jorge Bermúdez sugirió una idea similar a la utilizada por la reforma procesal penal: las regiones piloto.

Así se partiría por una y luego de manera gradual se continuaría con el resto de las regiones. La solución permitiría ir probando y corrigiendo los errores o dificultades que aparezcan en la implementación. La idea no cayó bien en algunos constituyentes quienes comentaron que las regiones no deben usarse para el ensayo y error.

Otros, en tanto, sugirieron que un aspecto que podría empezar de inmediato, para mostrar que la regionalización es una realidad, podrían ser las Asambleas Regionales.

Respecto del futuro Sistema Nacional de Justicia -la entidad que reemplazará al actual Poder Judicial- hay un tema que preocupa a la Convención. Esta nueva institucionalidad tiene un órgano protagónico que habrá que crear desde cero. Se trata del Consejo de la Justicia, la instancia que gobernará a la judicatura y, entre otras cosas, será el encargado de designar a todos los jueces. Para que este órgano exista, se debe aprobar una ley. La comisión aprobó en general que está normativa debe dictarse en un plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna.

Mientras eso no ocurra, “las cortes de apelaciones y la Corte Suprema seguirán ejerciendo las funciones directivas, correccionales y económicas y, tanto el nombramiento como los requisitos de elegibilidad de jueces y juezas, se sujetará a las reglas legales en vigor”. O sea, sin esta nueva normativa, no se podrá implementar el Sistema Nacional de Justicia.

En este bloque temático algunos constituyentes, además, son de la idea de que se debe priorizar la creación de la Defensoría del Pueblo -que será la continuadora del actual INDH- y la Defensoría de la Naturaleza.

Finalmente existe un asunto que varios convencionales intentarán de priorizar para que los cambios no se pateen y ocurran en el corto plazo.

En primer lugar se trata de la reforma a la institucionalidad del agua. Este cambio implica una transición desde los actuales derechos de agua hacia el modelo de los bienes inapropiables y las futuras autorizaciones de uso administrativas.

El otro punto tiene que ver con los cambios en el sistema de restitución de tierras indígenas. Aún no hay certezas respecto de cómo se implementarán estos cambios ni sus implicancias, pero los escaños reservados empujarán con fuerza para que el nuevo enfoque en materia de restitución de tierras ancestrales tenga una transición lo más corta y acotada posible.