“Una ayuda que marca la diferencia”. Así reza un aviso que una institución bancaria les está enviando a sus clientes vía mail. En él, pide apoyar a las familias damnificadas por los incendios mediante una donación. Con ella, explican, se ayudará con alimentos y artículos de primera necesidad a través de la Red de Alimentos, además de la habilitación de viviendas por intermedio del Hogar de Cristo.

Los siniestros que comenzaron el 28 de enero y tuvieron su peak desde el 31 de enero hasta la primera quincena de febrero arrasaron en la zona centro-sur con bosques, viviendas y todo lo que las llamas encontraron a su paso. Más de 700 incendios afectaron una superficie mayor a 316.000 hectáreas. La segunda peor temporada desde que se monitorea este tipo de desastres.

Según cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta este viernes la temporada 2022-2023 ha dejado 6.164 incendios, los que afectaron una superficie de 416.526 hectáreas. Si bien el número de siniestros es menor en 5% a lo que sucedió en el período inmediatamente anterior, la superficie afectada es 234% mayor.

La destrucción dio paso a una emergencia: reconstruir antes que llegue el invierno. El Presidente Gabriel Boric puso plazos en su minuto: “No va a haber ninguna persona sin solución habitacional para el invierno”, prometió en reiteradas ocasiones.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también salió a poner fechas y anunció una serie de medidas a principios de marzo para “apretar más las tuercas, porque las personas no pueden esperar”. Respecto de los plazos, aseguró que “todas las medidas que estamos tomando son para que esa fecha (inicios de mayo) sea anticipada”.

El catastro del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cerró el reporte de emergencias el 21 de marzo y dio cuenta de 2.514 viviendas destruidas por los incendios forestales: 390 en Ñuble, 1.773 en Biobío y 345 en La Araucanía. En tanto, respecto de las solicitudes aprobadas de viviendas temporales, en Ñuble existen 301, en Biobío 1.248 y 256 en La Araucanía.

Pero las cifras también reflejan que la construcción va lenta. De hecho, según el mismo Senapred, sólo existen 606 viviendas instaladas, y algo que complica aún más es que no todas tienen sus servicios básicos en regla.

“Hay una sensación de que hay cosas que no están avanzando a buen ritmo”, dice Ignacio Valenzuela, director de Construcciones y Emergencia de Techo.

Desde la Subsecretaría del Interior señalan que están enfocados en cumplir la meta: “Estamos trabajando para cumplir en los plazos indicados sobre la base de la coordinación de todos los actores, tanto públicos como privados”.

“Una cosa es proponer alianzas y otra es ejecutarlas y ahí ha habido trabas”, dice Ignacio Serrano, el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile.

Álvaro Hormazábal se sumó al trabajo de reconstrucción el 14 de marzo, cuando fue nombrado por Alta Dirección Pública como nuevo director del Senapred. Y a los pocos días se alineó con los plazos autoimpuestos: “El objetivo principal que nos puso el gobierno es lograr que la gente se vea lo menos expuesta a las diversas vulnerabilidades y condiciones frontales”, señala.

Con el plazo cada vez más cerca, muchos actores admiten que “así como vamos (la meta) no se va a cumplir, pero se puede, hay que buscar nuevas estrategias (...), deberíamos rearmar el plan”.

Si bien el levantamiento de viviendas de emergencia y la reconstrucción definitiva van por carriles paralelos, la delegada presidencia Paulina Saball da una visión general y reconoce la lentitud del proceso. “Ha habido que superar un conjunto de obstáculos, desde el punto de vista de los proveedores, del ensamblaje entre la vivienda y el equipamiento, pero creo que se han tomado todas las medidas necesarias para revertir las dificultades y para cumplir con la meta”, dice.

La autoridad, que también participó en el levantamiento de Santa Olga (2017), añade que “hay un tema de dispersión de las viviendas, por ser de sectores rurales hace complejo el traslado y planificación de instalaciones”.

A pesar de ello, hay problemas resueltos y es optimista: “Debería remontarse el número y la velocidad de instalación”, afirma.

Valenzuela suma que la dificultad de los terrenos y las distancias que hay entre las zonas afectadas también inciden.

“Que cada (proyecto de) casa tenga que llegar a un sector rural, donde los camiones no acceden con facilidad, es una variable que no se puede meter en una ecuación”, comenta.

En su minuto los proveedores fueron una piedra en el zapato, también la escasez de mano de obra, pero desde la Subsecretaría del Interior lo dan por superado: “Los proveedores, en el caso de las viviendas de emergencia, no tienen mayores problemas de stock de materiales”, aseguran.

Hormazábal aporta otra variable: “Hay estándares básicos, algunos podrán tomar eso como una traba, pero no es traba, es dar cumplimiento y que realmente se cumplan los estándares que necesitamos, (...) no es burocrático”.