En exactamente una semana el Presidente Gabriel Boric estará realizando su tercera cuenta pública, en la cual uno de los temas que acapara las miradas es la referencia que pueda hacer a la promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que ya explicitó en el mismo ejercicio de 2022.
Y aunque el Ejecutivo pasó de hablar de “condonación” a utilizar el concepto de “solución”, lo cierto es que aparejado al tema del CAE el gobierno de Boric trabaja en un plan para reformular el sistema de financiamiento de la educación superior, que por ahora se decanta por un autopréstamo que los estudiantes deberían devolver una vez ingresen al mundo laboral. Y para ello, será el Estado el que, a la espera de la futura recaudación, le pase el dinero a las instituciones de educación superior mientras las personas estudian.
Los aranceles regulados de la gratuidad ya han enfrentado a los rectores con el Mineduc, resumidamente porque desde las instituciones señalan que el dinero regulado no es suficiente para cubrir el costo real de las carreras. El flanco, ahora, podría tener otra arista en caso de prosperar.
“Me parece que es peligroso”, se apresura en señalar Juan Eduardo Vargas, exsubsecretario de Educación Superior y hoy vicerrector académico de la Universidad Finis Terrae, entregando dos razones: “Primero, porque esos nuevos aranceles estarían relacionados con el diseño de un modelo de financiamiento que considera solo dos alternativas para los estudiantes: gratuidad y el nuevo crédito que reemplace al CAE. En segundo lugar, una fórmula que deja en manos del Estado la definición de los aranceles a ser traspasados a las instituciones constituye un riesgo para su autonomía, pues una parte muy significativa de los ingresos de las instituciones sería definida por el Mineduc con el consiguiente sesgo que ello podría tener”.
Pero para Carlos Torres, rector de la U. de Talca y miembro de la Comisión de Financiamiento de la Educación del Consejo de Rectores, es correcto avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento, una devolución condicionada a los ingresos de la persona con una consiguiente fijación de aranceles de referencia para estos créditos. Dice que “es ineludible y se espera que se enmarque dentro del mismo esquema de regulación de aranceles de gratuidad, para conservar así una coherencia entre las diferentes opciones de financiamiento”. Además señala que sería deseable que se incorporen en la propuesta las colocaciones que hoy deben realizar las universidades públicas y que tengan como destino el financiamiento de aranceles a causa de espacios no cubiertos por la gratuidad “debido a que estos créditos presentan una baja tasa de recuperación y que, por lo tanto, generarían una asimetría en el pago efectivo respecto de los nuevos créditos estatales de cobertura de arancel”.
En esa línea, la lógica con que se trabaja en la propuesta es muy similar a las reglas de la política de gratuidad actual, donde resumidamente el Estado fija un arancel a las instituciones después de calcular algunas variables y les pasa ese monto por cada estudiante con el beneficio. Y ahora, una de las ideas que toma fuerza es replicar ese modelo, cosa de que el nuevo sistema tenga sus propios aranceles regulados, aunque distintos a los estipulados en la gratuidad.
Álvaro Ramis, rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano dice que si se asume que el nuevo sistema trae aparejados nuevos aranceles regulados, que con el ejemplo de la gratuidad “sólo teóricamente responden a la estructura de costos y gastos”, el hecho de tener otros “contradice el supuesto anterior y significaría que se asume que el arancel regulado de gratuidad no da cuenta de manera eficiente de la estructura de costos y gastos”. Y advierte, además, que apartar al sistema financiero de la ecuación “no significa sacar al mercado y la competencia como elementos centrales del funcionamiento de la educación superior” porque las instituciones saldrán a competir por alumnos.
Y, si bien conocedores de la propuesta aseveran que estos potenciales aranceles regulados 2.0 no serían calculados con la misma lógica que los de la gratuidad, por lo que serían más beneficiosos para las instituciones, también reseñan que a las casas de estudio “no se les puede pagar sin regulación”. Ante ello, algunas voces advierten que esto podría desfinanciar el sistema.
“Si se piensa en proponer un mecanismo distinto para la situación del CAE, espero que este no complique aún más las finanzas de las universidades”, señala Aliro Bórquez, rector de la UC de Temuco, quien añade que se debe recordar “que hoy los aranceles son regulados muy por debajo del costo real de las carreras y el financiamiento solo cubre la duración nominal de las mismas, por lo tanto, si se está pensando un modelo similar a la política de gratuidad, parece preocupante”.
En tanto, Patricio Manque, rector de la U. Mayor, asevera que de avanzar en esta idea “las instituciones corren el riesgo de comprometer su sustentabilidad si deben subsidiar políticas públicas que impliquen menores recursos para ellas”. Y suma: “Si quieren cumplir con su misión de docencia, investigación y vinculación, es importante reconocer e implementar un modelo de financiamiento que no implique discriminación alguna”.
Al cierre, el exsubsecretario Vargas hace un símil entre la gratuidad y lo que podría ocurrir con una nueva regulación de aranceles: “Lo que en la práctica se ha visto es que a través de la regulación se ha buscado favorecer a universidades estatales y tradicionales en desmedro de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, que están viendo mermados sus ingresos por este concepto”. Por lo anterior, concluye, “es razonable pensar que una nueva regulación podría limitar los ingresos de las instituciones que no están adscritas a la gratuidad con los consiguientes efectos ya mencionados”.
