Abogado de la Universidad de Chile, titulado en 1992, Samuel Donoso tiene una vasta experiencia profesional en litigios penales económicos, civiles y administrativos. Sin embargo, también tiene un pasado de militancia política que no esconde.
Fue militante del Partido por la Democracia (PPD), donde incluso llegó a ser secretario general del histórico conglomerado que fundó la Concertación. Hoy, lejos de asuntos de partidos políticos, Donoso -quien además es el abogado del expresidente Sebastián Piñera- anuncia que se inclinará por la opción de rechazar la nueva Constitución.
¿Por qué tomó esa decisión?
Porque el texto propuesto no es democrático y no respeta el principio de igualdad. Lo más grave es que se vulnere el principio democrático básico: un hombre, un voto, estableciendo escaños reservados que pueden llevar a que los pueblos originarios -definidos por un sistema no muy claro- tenga un poder de sufragio mayor (dos, tres, 10 veces) que el de un chileno común y corriente. Eso nos va a devolver a los senadores designados de Augusto Pinochet.
¿Dónde ve las principales falencias?
Que se socava la estructura de separación de poderes, castrando al Poder Judicial de sus atribuciones, dejándolo controlado por un sector político, y se suma una Cámara que va a tener el poder casi total, ante la eliminación del Senado. Todo ello hace que, como dijo el expresidente Eduardo Frei, esta propuesta de Constitución tenga un alto riesgo de llevarnos a una dictadura, esta vez, de extrema izquierda. Por algo Guillermo Teillier (presidente del PC) dijo que este plebiscito es “la batalla de las batallas”.
¿El Sistema de Justicia que reemplaza al Poder Judicial es un mal cambio?
Absolutamente. El Consejo de la Justicia que se crea tendrá un origen sin representación democrática, y no solo va a controlar las designaciones futuras de manera absoluta, sino que, con el poder disciplinario que se le da, van a tener el control de todo el Poder Judicial, desde la Corte Suprema hacia abajo. Con esto es posible imaginar que si un fallo no les gusta van a cortar las cabezas que no respeten sus posiciones políticas, las cuales son fáciles de preverlas: dos representantes de los funcionarios del Poder Judicial y un grupo de magistrados elegidos entre el conjunto de jueces, más dos representantes de grupos indígenas. Hoy esos órganos corporativos están controlados por la izquierda. Esa composición de un órgano tan importante no es democrática, no representa lo que es Chile, y va a permitir que un sector político coopte el Poder Judicial.
¿Se pone en riesgo la independencia de los jueces?
La independencia, y el origen democrático, de los miembros del Poder Judicial desaparece. Simplemente, ahora son funcionarios y para su control basta lograr el control político de los entes donde se generan sus miembros, las asociaciones de magistrados y de funcionarios, y aquellos que generarán los representantes indígenas, y ello no es democrático. Además, los representantes democráticos elegidos por el Parlamento son un número que no alcanza a neutralizar ese efecto.
¿No era necesario cambiar el Poder Judicial?
A mi juicio, lo que era necesario era crear un Consejo Nacional de la Magistratura, como lo planteó en la década de los 90 el Presidente Patricio Aylwin, pero que tuviera un origen democrático y cuya integración asegurara una representación democrática. Pero si uno ve la lógica de este proyecto de Constitución, para lograr el objetivo de producir una verdadera revolución y tomar el control del poder casi total, era imprescindible eliminar el obstáculo que para ello significaba el Poder Judicial.
¿Corre riesgo de politizarse el Consejo de la Justicia?
Por cierto. Lo que ocurre es que la ecuación para la elección de sus miembros está hecha de tal forma que permita que un sector político controle a los jueces.
¿Que debe ocurrir el 5 de septiembre en el caso de que gane el Rechazo?
Las normas establecieron un proceso que tenía plazos e hitos. Eso ya ocurrió y concluye el 4 de septiembre, así que no es posible pretender repetirlo. Coincido con la senadora Ximena Rincón: primero los sectores políticos debieran concordar las alternativas más plausibles y, entre ellas, que la ciudadanía decida, pero esta vez democráticamente, sin sobrecupos de pueblos originarios. Para mí una buena opción es elegir una asamblea, pero cuyo rol sea elegir un grupo de expertos constitucionalistas de distinto espectro político y que este grupo haga el trabajo técnico y someta a la asamblea un texto, y a su vez ello sea ratificado por Chile o no.