No quiere vivir en un barrio “pituco”. Es uno de los requisitos que ha transmitido el mandatario electo, Gabriel Boric, según quienes han conversado con él en los últimos días.

Sin embargo, la búsqueda de la casa donde vivirá como Presidente de la República se ha complicado. De hecho, esa fue una de las razones por las que postergó su salida de Santiago, en momentos en que sus asesores y futuros ministros ya están disfrutando de sus vacaciones

“No hemos encontrado (casa). Quizás tenga que ser en otra comuna”, dijo el 30 de enero pasado, descartando la idea inicial de irse a vivir a San Miguel.

El problema es que las exigencias de la escolta policial son intransables.

No debe ser una casa cercana a edificios y debe estar alejada de espacios donde haya concentraciones habituales de personas, que afecten su privacidad y seguridad.

Además, debe estar en un área de tráfico moderado, idealmente con vías aledañas de evacuación rápida, cercana a centros hospitalarios o incluso próxima a un lugar para el aterrizaje de un helicóptero.

El departamento que actualmente arrienda en el barrio del Parque Forestal no cumple ninguno de esos requisitos.

A ello se suma la necesidad de arrendar o habilitar habitaciones contiguas para que la escolta policial pueda estar vigilante las 24 horas, toda la semana.

En todo caso, Boric no es el primer presidente electo que pasa por este trance.

Si ya La Moneda es “la casa donde tanto se sufre”, como la apodó Arturo Alessandri, no tener una residencia adecuada para los requerimientos del cargo se ha transformado en un sufrimiento adicional para algunos mandatarios electos.

Aunque las casas presidenciales no sean parte del patrimonio del Fisco, su mantención, adaptación o arriendo corre por cuenta de los gastos reservados de la Presidencia, que gozan de holgura para este tipo de desembolsos. Incluso este año, a pesar de que los gastos reservados fueron reducidos, suman $ 1.512 millones.

Por ejemplo, en el primer gobierno de Michelle Bachelet trascendió que el arriendo mensual de su casa en calle Burgos, comuna de Las Condes, era del orden de los $ 2 millones, en valor moneda de 2010.

En todo caso, antes de que la expresidenta se mudara, esa casona se ofrecía en el mercado inmobiliario a un valor de US$ 5 mil, hoy el equivalente a $ 4 millones.

El gasto mensual y las dificultades para dar con el lugar adecuado, precisamente, son factores que han llevado a algunos políticos a plantear que es mejor encontrar una solución definitiva.

“No me parece adecuado que la primera tarea de un presidente sea buscar una casa”, declaró, por ejemplo, en febrero de 2006, el entonces Presidente Ricardo Lagos, al ser consultado por los problemas que estaba enfrentando Bachelet, quien acababa de ganar las elecciones y no tenía un lugar idóneo para vivir.

Lagos fue uno de los que enfrentaron más complicaciones por la ausencia de una casa presidencial. Inicialmente era partidario de mantener la austeridad de anteriores presidentes, que optaron por quedarse en su misma residencia particular, por lo que su primera voluntad fue seguir viviendo en su departamento de Providencia.

Pero a poco andar se convenció de que no era posible y debió arrendarle la casa al entonces senador Gabriel Valdés (DC), en calle Amundsen, Providencia.

Si bien ese inmueble pasaba el filtro básico de seguridad, no solucionaba todos los inconvenientes de infraestructura.

Por ejemplo, la escolta debía alojar en un cuarto reducido, las reuniones del comité político de ministros (que Lagos las realizaba los domingos en la noche) se hacían en el comedor y no había espacio para salas de espera o para ubicar a asesores ni secretarias ni operadores telefónicos, por lo que si algún dignatario chileno o extranjero llamaba a la casa del Presidente solía contestar la “señora María” (su asesora doméstica) o el mismo Lagos.

Por esos años, además, los presidentes chilenos -en un gesto de familiaridad e intimidad- solían invitar a sus casas a ciertas visitas extranjeras.

Lagos, por ejemplo, recibió en su residencia de Amundsen a los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (del gobierno español), Tabaré Vázquez (de Uruguay), Néstor Kirchner (de Argentina) y Vicente Fox (de México), quien visitó Chile recién electo en 2000.

Sin embargo, no todos sus invitados interpretaron bien ese gesto. A oídos del gobierno chileno llegó un chisme que el mismo Fox transmitió al excanciller mexicano, Jorge Castañeda. “Seguramente porque soy presidente electo, me invitó a su casa chica”, fue la frase que se convirtió en uno de los comidillos más recordados del tercer gobierno de la Concertación. Aquella habladuría no sólo hacía referencia al tamaño del inmueble (en comparación con la mansión de Los Pinos que hasta 2018 fue la residencia oficial de los presidentes de México): en ese país se le llama “casa chica” al lugar donde los hombres acomodados mantienen a su amante.

Al final de su mandato y consciente del problema que se le avecinaba a su sucesora, Lagos estuvo dispuesto a asumir los costos políticos de comprar una casa y habilitarla para que los futuros presidentes se ahorraran el problema de tener que buscar residencia.

No obstante, debido a los trascendidos de los planes de Lagos y a la polémica que se abrió, sus ministros y asesores lo frenaron para que no empañara sus últimos meses en La Moneda.

“Yo intenté hacerlo, no tuve éxito, pero creo que sería muy útil abordarlo con seriedad”, dijo, resignado, en febrero de 2006, al ser consultado por la residencia presidencial.

Bachelet también vivía en un departamento, cerca de la Escuela Militar.

Tratando de anticiparse al problema, en septiembre de 2005, en plena campaña presidencial, se trasladó a una casa más amplia en Manquehue Norte, comuna de Vitacura.

Sin embargo, tras ganar las elecciones en enero de 2006, el inmueble no pasó la evaluación de Carabineros, debido a la presencia de un edificio vecino que ponía en riesgo la privacidad y seguridad de la entonces mandataria electa. En menos de cuatro meses, Bachelet se vio obligada a hacer una nueva mudanza.

El domicilio apropiado, finalmente, lo encontró en la calle Burgos, Las Condes, donde vivió en todo su primer mandato.

En su segundo gobierno, sin embargo, la entonces Presidenta ya estaba más preparada.

Había adquirido un inmueble en La Reina, que transformó en la residencia en la que comenzó a vivir desde que dejó por primera vez La Moneda. Sin embargo, al ser elegida por segunda vez en 2013, por los mismos motivos de seguridad tuvo que arrendar otra casa en La Reina Alta. Ahí vivió durante toda su segunda administración.

Los casos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera fueron menos traumáticos, ya que pudieron continuar viviendo en sus casas.

Sin embargo, igual debieron afrontar complicaciones y adaptar su entorno vecinal. De hecho, los habitantes de casas aledañas deben ser empadronados.

Además, en el caso de Aylwin y Frei se arrendaron las casas vecinas para los escoltas.

En todo caso, en la decisión de Aylwin de mantenerse viviendo en su casa en calle Arturo Medina, Providencia, (tal como Eduardo Frei Montalva en la calle Hindenburg, Providencia), tenía una connotación especial: ceñirse a un criterio de austeridad.

En los 80, en la época final de la dictadura, Augusto Pinochet ordenó construir una casa en Lo Curro supuestamente para los presidentes de la República.

Al final, la mansión se destinó al Club Militar, lo que para los gobernantes de la Concertación fue más bien un alivio, pues se transformó en símbolo de la fastuosidad y el mal gusto de Pinochet. En 1984, cuando la revista Cauce y la prensa opositora al régimen militar denunciaron la mansión, construida con sumo sigilo, Aylwin la consideró “un inaceptable derroche faraónico”, según consignó el diario El País, de España, en 1990.

Frei Ruiz-Tagle adoptó la misma decisión de su padre y Aylwin y se quedó en su residencia en calle Baztán, Las Condes.

El fantasma de Lo Curro pesó en los primeros gobiernos de la Concertación. Incluso, esa fue una de las razones para que no prosperara la idea de Jaime Ravinet, quien fue ministro de Vivienda de Lagos, de construir la casa presidencial en lo que sería el Parque Cerrillos. “¿Qué pasa si al futuro Presidente no le gusta y decide vivir en otro lado?”, era una explicación que se dieron en el gobierno para que la propuesta fuera archivada.

En la campaña electoral de 2009, el entonces abanderado presidencial Marco Enríquez-Ominami propuso que los mandatarios volvieran a vivir en La Moneda, tradición que comenzó con Manuel Bulnes Prieto en 1846. No obstante, el último inquilino de Palacio fue Carlos Ibáñez del Campo, quien gobernó hasta 1958.

Su sucesor, Jorge Alessandri Rodríguez, quien tenía un departamento en el pasaje Phillips, al lado de la Plaza de Armas, Santiago, fue el que inauguró la tradición de vivir en su propia residencia como gesto de austeridad.

Salvador Allende, en tanto, vivió en la casa de Tomás Moro 200, Las Condes, que fue adquirida en 1971 para servir como residencia oficial de los presidentes de la República.

Para el golpe de Estado de 1973 fue bombardeada y tras ser reconstruida pasó a manos de la Fach, que luego la traspasó a Conaprán (Consejo Nacional de Protección de Ancianidad), organización que dirigían las esposas de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea. Hoy es una casa de reposo para adultos mayores.