“A propósito de este diagnóstico de agobio, junto con la Agencia de Calidad de la Educación hemos solicitado al Consejo Nacional de Educación la suspensión durante el año 2022 del sistema de medición de aprendizajes”. El miércoles 13 de abril y en el contexto del balance del primer mes de retorno a las clases presenciales, así anunció Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, la idea de su cartera de no realizar la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de Educación (Simce) en este periodo y por tercer año consecutivo.

El secretario de Estado explicó que uno de los motivos que los llevó a hacer esta solicitud es que, de aplicarse este año, los resultados no serían comparables con los anteriores. “Tenemos tres mediciones que no permiten seguir una cohorte”, dijo. Agregó que gracias a uno de los decretos de la evaluación formativa, los establecimientos sí pueden evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, “por lo tanto, cuando ustedes escuchan esta idea de que se navega a ciegas, no es así”, aseguró, haciéndole frente a quienes argumentaban que tras dos años de pandemia es absolutamente necesario saber en qué pie están los alumnos. Pero, además, Ávila explicó que los colegios tienen a su haber el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, herramienta que, aseguró, ha sido valorada por las comunidades educativas. A su vez, arguyó que sus antecesores no incluyeron en el presupuesto de este año los recursos necesarios para la aplicación del Simce. Claro que la idea de este gobierno es terminarlo para siempre.

“Con esto estamos señalando al sistema educativo y al país cuál es nuestra visión respecto de la evaluación y la no pertinencia de seguir manteniendo este tipo de mediciones estandarizadas”, dijo esa vez Ávila. Las señales fueron bastante claras y en línea con lo planteado por Gabriel Boric cuando aún era candidato, que es terminar definitivamente con la prueba. “Yo creo que no sirve y genera incentivos perversos. Creo que si es que se hiciera algún tipo de prueba cuyos resultados no fueran públicos y sirviera solamente para mantener una base de datos o tener clara la evolución de los estudiantes sin que eso castigue a los colegios, podría ser una medida razonable”, dijo en junio.

Por eso, tras la petición de suspensión del Mineduc y la posibilidad de que se avance en la eliminación, casi inmediatamente el debate se instaló entre expertos, entendidos y sostenedores, y las interrogantes comenzaron a sucederse. ¿Es pertinente suspenderlo? ¿Está obsoleta la medición? Y si no es el Simce, ¿qué?

Creado en 1968, el Simce se instaló en el sistema educativo chileno como una evaluación externa, la que buscaba entregar información relevante a todos los actores del sistema educativo. El principal propósito que se le dio fue aportar al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y desde 2012 pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los distintos establecimientos del país, a través de pruebas que se aplican a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Pero, además, a través de algunos cuestionarios recoge información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados, que buscan contextualizar los resultados.

Justamente, todo este sistema es el que hoy está en tela de juicio y del que en julio el Consejo Nacional de Educación debiera pronunciarse sobre si, al menos en 2022, se medirá.

Alejandra Falabella es directora del doctorado en Educación de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, además de ser investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de esta última institución. Su bagaje en materia educativa es innegable y su postura frente al Simce, muy clara. “No puede ser que nos guiemos por una prueba y no por el currículum central”, dice. Y añade: “Fue en los 2000 cuando se creó la ‘meta Simce’ y ya no era solo una evaluación, sino lo que pasaba a guiar y eso es un error tremendo”. Esto, asegura, “empobreció la educación y no responde a los desafíos de hoy”.

Pero ¿por qué habla de empobrecimiento? “El Simce reduce el currículum solo a un tipo de saber y conocimiento. A los estudiantes se les enseña de acuerdo a una lógica de tipo de prueba Simce, con lógica de respuesta”. Por eso la también académica asegura que lo que arroja la prueba es una información “engañosa y que confunde”. Así lo argumenta: “Las escuelas trabajan en pos de rendir una buena prueba y no en formar alumnos”.

Encima, cree que el hecho de que los resultados de la medición tengan consecuencias para establecimientos y docentes provoca “triangular con los niños, porque saben que pueden cerrar la escuela o despedir al profe”.

En ese sentido, asegura que cuando eso ocurre, “todo termina castigando a la pobreza, que no puede preparar con las mismas herramientas a sus alumnos como lo hacen los que más recursos tienen. Termina siendo un círculo vicioso”.

La opinión de Falabella fue una de las que escuchó el Mineduc para pedir al Consejo Nacional de Educación la postergación de la prueba este año. “Agregar una medición que tiene sanciones, vinculada a todo un sistema de incentivos, sobrecarga más al sistema y es más evidente que en este contexto en que los profesores recién están volviendo no se debería hacer, pero a largo plazo tampoco”. Y agrega: “El Simce caducó, no funciona, se creó en 1968 y ¿ha mejorado el sistema? No. ¿Mejoró como herramienta? Tampoco. Es un modelo fracasado, que implica plata, tiempo, y energía. El sentido de cualquier evaluación es mejorar y lo que hace el Simce es empeorar el sistema”.

¿Y si no es el Simce, qué? “Lo que sea, que sea cada tres años, no anual como ahora, para que por lo menos las escuelas tengan tiempo de analizar y mejorar”. Además, dice que se deberían establecer principios, como que con una sola prueba no se puede abarcar los más de 10 objetivos que busca el Simce. “Es un nivel de ambición…”, reflexiona. Y cierra sobre esto: “Hay que crear un modelo con multiniveles para responder con distintos instrumentos a distintos objetivos y que se evalúen distintas competencias”.

Al ser consultada por las razones que tienen quienes defienden el Simce, concluye: “Hay un efecto del número, que se lee rápido, es atractivo, se consume fácil, es como que entretiene. Y también tiene esta idea de que es objetivo, que es neutral o científico, pero no es así: es engañoso, porque esa escuela que le fue súper bien puede estar súper entrenada”.

Daniel Rodríguez es director ejecutivo de Acción Educar, centro de estudios sobre educación. Tiene un diplomado en políticas públicas en educación y, entre otras cosas, fue secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Con esa experiencia se ha formado una idea sobre el Simce. Idea que, por cierto, hoy defiende, sobre todo luego de lo que se ha generado tras la idea del Mineduc de suspenderlo este año y las voces que piden su eliminación definitiva. “En políticas públicas no se puede pensar que la perfecta es la que no tiene externalidad negativa. El Simce, sus beneficios, tienen más valor para el país que las externalidades negativas”, asegura.

En ese sentido, ejemplifica con la prueba de acceso a la educación universitaria: “Las consecuencias para los estudiantes son tremendamente significativas si le va bien o mal, y eso una externalidad negativa que hay que estar dispuestos a asumir”.

Por eso, asegura que hoy el Simce cumple un rol central: “Es el instrumento que organiza y estructura el sistema de aseguramiento de calidad y ha permitido monitorear el sistema desde al menos 15 años”. Y añade: “Es el principal indicador con que contamos para evaluar la política pública. Si uno hace una recopilación, la mayoría de las reformas se evalúan con el Simce. El rol es central”. Eso sí, asegura, “como todo, es mejorable y quizás sí sería interesante modernizarlo”.

¿Cómo propone esto último? A través de una aplicación digital, la que cree tiene varias ventajas, como entregar resultados inmediatos, lo que lleva a una evaluación adaptativa según lo que va contestando el alumno, además de incluir videos o audios. “Si se pudiera avanzar en ese tipo de pruebas estaríamos en otro nivel”, asegura. Esto, eso sí, implicaría uso de tecnología, uno de los principales problemas que se vieron con la educación a distancia en la pandemia. “Es uno de los limitantes”, advierte.

Rodríguez, además, retruca a quienes arguyen que los resultados del Simce no son del todo objetivos, en el entendido de que las escuelas preparen a sus alumnos para darlo. “Siempre que mides alteras lo medido -en la PSU es así- y vas a tener ese problema, no es un argumento”. Además, entrega sus razones de por qué cree que se ha buscado suspender o incluso eliminar la prueba. “Hay una búsqueda bastante clara de seguir a pie juntillas la agenda del Colegio de Profesores por parte del ministro Ávila”, asevera. Pero, ¿por qué la gremial no querría más Simce? “No quieren rendir cuentas, y si un sistema no rinde no se puede mejorar”, dice.

En ese sentido, cree también que, independiente de lo que ocurra a futuro con la medición, suspenderla este año es “la peor decisión, porque justamente ahora es cuando más necesitamos contar con un diagnóstico y ningún instrumento planteado hasta ahora puede cumplir ese rol. Nadie sabe cuál es el real daño de la pandemia en términos de aprendizaje, solo se opina. Por supuesto que a mediano plazo es posible ponerla en discusión, pero no ahora”.