¿Por qué el 55% de los chilenos no conoce la calidad del aire que respira?

Aire. Elemento esencial para la vida, conformado por un conjunto de gases como nitrógeno (78%), oxígeno (20,9%) y argón (0,9%), más una docena de pequeñas fracciones de otros compuestos, algunos muy dañinos emitidos por la actividad humana. La calidad del aire varía dependiendo de las características del entorno y de los grados de contaminación atmosférica.

En el caso chileno, la calidad del aire está suficientemente deteriorada, lo que provoca que seamos uno de los países que tiene más muertes por contaminación ambiental de Latinoamérica. Así lo revela un diagnóstico hecho por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS). Esta muestra que el 55% de los chilenos saben muy poco o nada de la calidad del aire que respiramos.

Cristóbal De La Maza, coordinador de Sostenibilidad del mencionado centro académico USS, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de Carnegie Mellon, es uno de los tres investigadores detrás del informe “Diagnóstico sobre la información de calidad del aire disponible en Chile”. El académico afirma que “por contaminación del aire, principalmente material particulado fino, el Ministerio del Medio Ambiente estima que mueren 3.600 o más personas al año”.

En consonancia con esa afirmación, el reciente informe Sudamérica 2022 de la prestigiosa publicación británica “The Lancet Countdown sobre salud y cambio climático” sostiene que los países sudamericanos con mayor tasa de mortalidad atribuible a la exposición a material particulado fino (MP2,5) son Chile y Perú, con 230 y 176 muertes por millón de habitantes, respectivamente. Esto considerando que Chile mantiene una mayor población de adultos mayores que otros países, grupo en mayor riesgo. De La Maza explica que el MP2,5 es un contaminante tóxico “que penetra profundamente en los pulmones y va directo al flujo sanguíneo” y que, por lo mismo, “aumenta el riesgo de provocar enfermedades cardiorrespiratorias”.

Sobre el MP2,5, un documento publicado en 2020 por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, patrocinado por la Universidad de Chile, indica que a nivel nacional el 94% de las emisiones directas de MP2,5 provienen del “uso de leña para calefacción y cocción de alimentos”. El texto añade que “en las ciudades del centro y sur del país, las emisiones de MP2,5 provienen principalmente del uso residencial de leña, mientras que en la zona norte provienen de los sectores transporte e industria; en tanto, en Santiago se da una combinación de estos tres sectores”.

De La Maza fue superintendente de Medio Ambiente entre 2019 y 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Como exautoridad está consciente de que la contaminación del aire es, en general, “un problema que ha sido muy difícil de tratar”. También destaca que en el tiempo han ido mejorando los indicadores de calidad. No obstante, resalta que “uno de los problemas es que todavía tenemos una brecha importante en la caracterización del aire que respiramos en Chile, lo que no nos permite un diagnóstico acabado”.

De La Maza añade, que “si bien en 2002 prácticamente no había comunas con monitoreo ambiental y ahora tenemos muchas más, aún nuestra cobertura es baja”. Es en esa brecha donde el informe USS pone su acento. Para el investigador, además de la contaminación atmosférica, que considera “el mayor problema ambiental de Chile”, hoy existe un punto crítico de acceso a los datos que están disponibles, que para muchos ciudadanos son escasos, nulos o insuficientes.

Entre las conclusiones del estudio se menciona que, por ejemplo, solo el 16% de las comunas (55 de 346) tienen información oficial y en línea sobre la calidad del aire que respiran en relación con uno de los contaminantes más dañinos, el MP2,5. Eso quiere decir que alrededor de 11 millones de chilenos residentes en las restantes 291 comunas no saben qué están respirando por ausencia de estaciones de monitoreo. Esto no obsta -indica el informe- a que “en 70 comunas sin estaciones de monitoreo de calidad del aire, se hayan adoptado preventivamente planes de descontaminación ambiental”.

En las 221 comunas restantes -que concentran 4,5 millones de personas, lo que equivale al 23% de la población- “aún no existe acceso a información ambiental sobre calidad del aire, ni se han adelantado medidas preventivas suficientes”. Asimismo, 3,5 millones de habitantes viven en lugares sin monitoreo y sin planes de descontaminación, con una calidad del aire potencialmente riesgosa.

De La Maza indica que conocer los datos se hace esencial y urgente, porque permite tomar medidas, “tanto a nivel de política pública, como también de carácter individual. Si tú tienes información a nivel individual puedes tomar decisiones preventivas para tu familia. Además, sin acceso a información, tú no puedes ejercer otros derechos, como el de exigir protección, participación o recurrir a los tribunales de justicia”. Añade que en esto está involucrado el derecho del artículo 19 N°8 de la Constitución Política, que establece “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Según el informe de la USS, en el que también participaron Nicolás Rojas y Matías Otth, De La Maza destaca que fue realizado analizando información pública disponible, en este caso a través del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) del Ministerio del Medioambiente (MMA).

Entre los llamados de atención que entrega el informe está, por ejemplo, la situación ambiental de la zona sur de Chile, la más crítica según De La Maza. Si bien ha aumentado desde el año 2012 la información sobre calidad del aire de la zona, solo el 48% de la población tiene monitoreo ambiental. “Eso quiere decir que más de la mitad no conoce su situación y que, debido a que el principal contaminante de material particulado o de calidad del aire es asociado a la leña, uno podría suponer que la mayoría de las comunas tiene problemas o está en una situación que es más riesgosa”, afirma.

Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico, ex ministro de Medioambiente entre 2017-2018, quien hoy es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, afirma: “Hay dos historias que son reales”. Una es que, efectivamente, hay atrasos y fallas en el diagnóstico. Chile se comprometió ha avanzar en la carbono-neutralidad, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones: “Nuestras normas están desactualizadas con respecto a sus recomendaciones, tanto las de 2005 como las de 2021″. La norma vigente hoy en Chile tiene 10 años, “pero la norma debería revisarse cada cinco años”, afirma Mena.

Para él, sin embargo, existe otro aspecto que también es real, “la del vaso medio lleno”, que indica que Chile tiene por lejos la mayor cantidad de estaciones de monitoreo por población de Latinoamérica: “De las últimas estaciones que reportaron a la OMS, más del 50% de ellas están en Chile o en México, siendo Chile incluso en términos absolutos el país que posee la mayor cantidad de estaciones de monitoreo”.

Según Mena, en ciudades relevantes del continente, como Buenos Aires, Montevideo o Sao Paulo, la información sobre calidad del aire no se encuentra tan fácilmente disponible como en Santiago. Y agrega: “La existencia de esta red de monitoreo en Chile dio pie a planes de descontaminación. Si no hubiera habido estas mediciones que iniciaron, por ejemplo, el crecimiento más significativo entre el año 2012 en adelante, no sabríamos que la ciudad de Coyhaique tiene altos niveles de contaminación, por ejemplo”.

Según el estudio de la USS, de las 346 comunas que hay en el país, 104 poseen Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA), “estén siendo o no monitoreadas”. De acuerdo con el informe del CR2, hay 13 Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), tres Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) y un Plan de Prevención Atmosférica (PPA) vigentes en el país, la mayoría abarcando múltiples comunas.

De esos 13 PDA, diez aplican para ciudades en el centro y sur del país, la mayoría de los cuales se centran en la contaminación por MP2,5 vinculada a la calefacción residencial basada en el mal uso de leña. En siete de estos diez planes queda establecido que la contribución del sector residencial representa más del 90% de las emisiones directas anuales de MP2,5. No obstante, otros contaminantes como óxidos de nitrógeno, amoníaco o dióxido de azufre, al interactuar con otros elementos en la atmosfera forman MP2,5 de manera indirecta, por lo que son igualmente peligrosos.

Medición, de todos modos, no implica perfección. María Eugenia Gayó, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Núcleo Milenio UPWELL (sigla en inglés para “Comprensión de los Sistemas de Surgencia del Pasado y los Impactos Ambientales Locales y Duraderos»), afirma: “Aun cuando existan estaciones no significa que todas están monitoreando los mismos contaminantes”.

Eso, indica Gayó, “genera gaps o brechas”. ¿Pero hay algún lugar del mundo que no los tenga? La investigadora explica que los países europeos cuentan con mejores y mayores redes formales de monitoreo: “Un país como Suecia es súper lejano de nuestra realidad. Uno podría decir, me quiero comparar con Londres, pero Londres tiene monitoreos desde 1850, más o menos. En Chile, en cambio, la normativa ambiental es joven”.

El monitoreo automático de calidad de aire con representación poblacional comenzó a instalarse en Chile -y más específicamente en la Región Metropolitana- a partir del año 1988. Uno de los grandes problemas para el crecimiento de este monitoreo estatal, que permite el desarrollo de políticas públicas apropiadas según cada zona, es el costo.

Marcelo Mena explica que, para decretar a un territorio como “zona saturada”, hacer regulaciones y planes de descontaminación, se requieren monitores de calidad EPA (sigla en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). Un monitor de esas características obtiene datos de alta calidad en tiempo real y en forma continua, para identificar concentraciones que estén fuera de los rangos permisibles.

Según Mena, una cosa es la instalación del monitor y otra su operación anual y la mantención. Su cálculo indica que operar todos los monitores existentes hoy en el país está en torno a un millón de dólares al año. Un solo monitor EPA nuevo cuesta, sin considerar el gasto por el sitio donde se lo instale, entre 30 y 40 millones de pesos.

Un modo de subsanar este déficit actual de datos está en la medición complementaria. María Eugenia Gayó explica: “Existe lo que se llama la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria”, que son pequeñas redes territoriales o estudiantiles, organizaciones no gubernamentales u otros grupos, que desarrollan monitoreo en zonas urbanas o rurales específicas. “No buscan levantar información de largo aliento, sino que más bien están orientados a ir generando conciencia de lo que está ocurriendo en determinados momentos en sus territorios”, sostiene.

Gayó destaca también el espacio de conocimiento que abre la creación de alianzas entre la academia y comunidades, “para suplir la falta de información”. De hecho, Mena añade que el monitoreo con aparatos de bajo costo, cuyo precio ronda los 300 dólares, permite a estas redes ciudadanas levantar información de buena calidad: “Estos tienen la capacidad de integrarse a la red IQAir”.

IQAir es una empresa suiza de tecnología de calidad del aire. Si bien es privada, colabora como socio tecnológico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU-Habitat. Su plataforma de información sobre la calidad del aire utiliza inteligencia artificial para calibrar y validar miles de estaciones de monitoreo de la calidad del aire gubernamentales y no gubernamentales.

El estudio de la Universidad San Sebastián propone usar la medición satelital como el punto de partida para zonas donde no hay medición oficial: “Se puede hacer un diagnóstico exploratorio que permita detectar, en comunas donde no existe monitoreo ambiental, niveles de contaminación del aire superiores a la respectiva norma de calidad”.

Cristóbal De La Maza complementa: “Nosotros realizamos un análisis que no se había hecho, con información satelital que estaba disponible. Con eso ya tienes un diagnóstico preliminar de dónde tienes situaciones más riesgosas”. Un mapa elaborado por el equipo de la USS refleja que es posible realizar un diagnóstico simplificado de la distribución de la contaminación en el país.

También se resalta un efecto estacional que indica mayores niveles de contaminación durante el invierno. El estudio explica que “si bien las estimaciones con base en datos satelitales presentan mayor incertidumbre (como menor precisión en periodos de peor ventilación debido al fenómeno de inversión térmica que no necesariamente capturan), pueden ayudar a tomadores de decisiones a priorizar nuevas estaciones de monitoreo en comunas que podrían estar en una situación crítica”.

Para De La Maza, el papel de la información que entregan los satélites permitiría hacer foco en zonas donde los problemas son más graves. El siguiente paso -explica- sería instalar monitoreo de bajo costo en esas zonas: “Este diagnóstico preliminar debería detonar la confirmación del riesgo instalando una estación de monitoreo formal”. El investigador USS añade: “La tecnología actual, sobre todo tecnología de la información, complementada con sensores de bajo costo, permitiría tener una red de monitoreo reforzada”.

Según él, este cúmulo compuesto por datos entregados por satélites, sensores de bajo costo y algoritmos de inteligencia artificial de última generación permitiría completar las brechas de información de calidad del aire que existen en Chile a un costo abordable. Sería un modo de ayudar a la autoridad y beneficiar a los ciudadanos. En primera instancia permitiría solventar dos necesidades: la de saber dónde es más urgente robustecer la red integrada de monitoreo y mejorar así la calidad de la información que se entrega a los chilenos. Se aumentaría, sin duda, el acceso a información y dejaría de ser solamente el 45% de los ciudadanos de este país quienes pueden saber la calidad del aire que respiran cada día.