La migración de entidades nacionales hacia un modelo de energía sustentable

Hace pocos días Enami anunció que se convirtió en la primera empresa minera estatal en contar con suministros 100% renovables no convencionales (ERNC). El paso no deja de ser importante.

Industria y la misma minería representan un 40% del consumo de energía total en Chile. Detrás se quedan otros sectores, como Transporte (37%) y el área residencial, público y comercial (23%). Siendo el sector con mayor uso de recursos, el cambio en el origen de sus suministros realizado por Enami era algo esencial.

La motivación, explica el vicepresidente ejecutivo de Enami, Robert Mayne-Nicholls, fue incorporar este tipo de medidas como parte de la modernización y eficiencia de los procesos que está llevando adelante  la empresa en cada una de sus reparticiones. “Optimizar nuestra relación con el entorno, idealmente más allá de lo que indican las normas medioambientales vigentes, aumentar la efectividad operacional y fortalecer la confiabilidad de los equipos son parte de las razones que nos movilizan a integrar soluciones tecnológicas con foco en la automatización y sostenibilidad de los planteles”, afirma el ejecutivo.

La medida es posible gracias a un contrato de suministro eléctrico suscrito con Acciona que partió en 2018, cuando la generadora ganó una licitación pública para entregar energía renovable a Enami.. A principios de este mes, el Complejo Metalúrgico Paipote, en Copiapó, implementó también esta nueva medida con ERNC. “Para nosotros es un hito que da cuenta de las sinergias que podemos concretar entre las carteras de Minería y Energía, para hacer de esta una industria cada vez más verde”, asegura Mayne-Nicholls.

Enami también es una de las pioneras en Chile en contar con la plataforma Greenchain, de Acciona, que tiene el objetivo de dar la trazabilidad de la energía que consume, con el objeto de dar respaldo que todos los recursos utilizados son de origen renovable. Este sistema ocupa la tecnología blockchain, aplicado a las energías renovables, para dar valor añadido y realizar la trazabilidad de los consumos. Por ejemplo, el Greenchain permite –como novedad– visualizar en todo momento, a través de su sistema online, el origen de la energía que se está produciendo en las plantas fotovoltaicas y parques eólicos de Acciona.

De esta manera, en Enami saben desde qué planta proviene la energía recibida y también cuántas toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente dejan de emitir. La especificación es tal, que existe la medición en cantidad de automóviles fuera de circulación o cuántos árboles plantados se necesitaban para limpiar todo el CO2 no producido. Por ejemplo, si una planta emitía 2.680,84 toneladas de CO2, se necesitarían 4.723 árboles, por un lapso de 25 años, para purificar esa contaminación. De la misma manera, si no se produce esa cantidad, es como sacar 17.777 automóviles de circulación. Como esa energía ahora es renovable, esa cantidad de contaminantes no es producida.

La promulgación, en 2013, de la Ley de Impulso a las Energías Renovables No Convencionales, llamada Ley 25/20, establecía como objetivo que las ERNC en el país alcanzaran un 20% para 2025. Ya para 2017 esa cifra estaba en el 17% y, actualmente, está cercana al 25%. Se estima que para fin de año ascienda a 40%, superando con creces la meta inicial.

Otro de los casos es el Poder Judicial. El organismo firmó recientemente un acuerdo con Acciona, vigente por cinco años y en la modalidad cliente libre. Gracias a este vínculo, la institución podrá migrar su suministro eléctrico a uno en base a energías limpias e implementarlo en 18 de sus edificios. La mayoría comenzará a funcionar en esta modalidad a partir de septiembre próximo. Entre las instalaciones que contarán con esta nueva medida están la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y Juzgados de Familia de Santiago, Corporación Administrativa del Poder Judicial Corte de Apelaciones y los tribunales de Juicio Oral y Garantía en lo Penal de Temuco, Antofagasta y Viña del Mar, Juzgados Civiles de Santiago, entre otros.

Según comentan desde la institución, la medida le generará un ahorro en los gastos estimado en un 20%. Eso, respecto al consumo histórico de los edificios judiciales en cuestión. El interés, añaden, surge de la decisión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que impulsó una serie de acciones orientadas hacia la transformación en una institución cada vez más moderna y sustentable. Por esa razón, en 2020 constituyeron el Comité de Sostenibilidad, a cargo del ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm.

Años atrás el organismo comenzó con su misión sostenible. Por ejemplo, desde 2012 todos sus edificios son construcciones sostenibles; en 2016 implementó la tramitación electrónica de todas las causas judiciales en sus distintas materias y, dado el avance del COVID-19 en el país, todo lo respectivo a juicios y audiencias fue llevado a videoconferencias.

Según indican desde Poder Judicial, cada día firman electrónicamente unos 300 mil documentos, además de demandas y escritos que son presentados de manera digital. En sus cálculos, se evita talar unos 100 árboles al día. Y, solo durante el año pasado, ingresaron más de 11 millones de escritos y demandas de manera remota a sus tribunales, sin gasto o contaminación alguna para el medio ambiente.

Actualmente, y para reducir en su huella de carbono, trabajan en el proyecto ConectaPJud, un canal de atención único remoto para dar información y atender por videollamada, chat o WhatsApp a la ciudadanía. Ya se implementó de manera piloto en 20 tribunales y pretenden activarlo en los juzgados de Familia de las comunas de Santiago y San Miguel.