Los presidenciales frente al impuesto verde

Aunque hoy el término se usa en un sentido amplio para cualquier tributo sobre una actividad con efectos indeseables en el medio ambiente, en Chile se le dice impuesto verde principalmente a aquel que grava las emisiones de fuentes fijas de las empresas y que fue introducido en 2014 como parte de la reforma tributaria de la Presidenta Michelle Bachelet.

En vigencia desde 2017, aplica tanto para los contaminantes que afectan de manera local a las comunidades (MP, NOx y SO2), como para el CO2, cuyo impacto es global. Y aunque representó un avance en materia de gestión ambiental, un primer paso en dirección de lo que se hace internacionalmente, el impuesto verde es permanente material de discusión en el mundo público-privado.

En Chile, existe relativo consenso en que ha sido positivo por su recaudación, que le reporta al fisco cerca de 200 millones de dólares al año. Su efectividad para descontaminar o incentivar el uso de energías limpias, por otro lado, está en constante revisión. La herramienta fue revisada en este período de gobierno. Hubo cambios, como la ampliación de su cobertura y la posibilidad de que las empresas paguen parte del impuesto con proyectos que compensen sus emisiones.

Pero otros aspectos se mantuvieron, como el precio de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, que es considerado bajo por los expertos en el tema.

LOS CANDIDATOS Y SUS PROPUESTAS VERDES

El programa del candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, dedica un punto a corregir el impuesto verde. Propone aumento del pago por CO2, que se amplíen las actividades gravadas (como al cambio de uso de suelo) y plantea que los posibles aumentos de precios se pueden compensar con transferencias a la población. Sobre cómo ha funcionado hasta ahora el impuesto verde, Diego Pardow, coordinador del programa de gobierno del candidato, plantea que “si bien permite cierta recaudación, está lejos de generar incentivos en el comportamiento a la altura de la severidad de la crisis climática” y que “necesitamos ser muchos agresivos en esta materia”.

Pardow propone una reforma fiscal que extienda el impuesto a las fuentes móviles y que gradualmente se aumente el precio al CO2 desde 5 hasta 30 dólares por tonelada.

¿Respecto a la opción de compensar? “Es una idea interesante y se usa en otros países, pero éstas medidas son demasiado tímidas desde el punto de vista ecológico: no agregan otros sectores ni tipos de fuentes de emisión, ni tampoco aumentan las tasas. Estamos en un punto de nuestra crisis climática donde no solamente hay que compensar emisiones sino que necesitamos dejar de emitir”, dice Pardow.

El programa de Boric también propone corregir la ley para que las empresas de energía renovables no convencionales no tengan que pagar parte del impuesto y subrayan la necesidad de fomentar la comercialización de energía renovable.

El programa del candidato de Vamos Por Chile, Sebastián Sichel tiene entre sus propuestas el “acercar paulatinamente la tributación de combustibles y emisiones a sus niveles de eficiencia social”, reconociendo que actualmente tenemos impuestos verdes dentro de los más bajos de la OCDE. Desde su candidatura, las economistas Victoria Paz y Gabriela Clivio proponen un incremento del impuesto al CO2 “a un número que se definirá mediante la colaboración de todos los actores involucrados, pero que debe ser ambicioso y exigente dada la urgencia climática que vivimos”.

Respecto a compensar con proyectos, las economistas dicen que la medida “va en la dirección correcta, pero lo óptimo es impulsar la generación de energías limpias e industrias menos contaminantes” y que “la idea de los impuestos verdes es desincentivar ciertas actividades”. A su vez, destacan la importancia de que el impuesto verde no sea neutro para las empresas contaminantes y que sus costos no se traspasen al consumidor.

Marcelo Mena, ex Ministro de Medio Ambiente y co-coordinador de la campaña de Yasna Provoste, cuyo programa se refiere en específico a la necesidad de ampliar este impuesto, propone elevarlo a un nivel que haga a las empresas internalizar la decisión de continuar o no con energías contaminantes y así, “tener los incentivos económicos para acelerar el cierre de termoeléctricas a carbón y reemplazarlas con energías limpias”.

Mena plantea que se debe elevar el precio de 5 dólares por tonelada de emisión de CO2 en el corto plazo: “La consultora KAS Ingeniería presentó un estudio que sugiere que sólo a 30 dólares por tonelada se altera el orden del despacho energético, y permitiría una reducción de 18% del CO2, asociado al cierre acelerado de termoeléctricas a carbón, resultado similar a los encontrados por otros estudios que indican un valor de 26 USD/tonCO2.”

Sobre la crítica de que el impuesto como fue diseñado originalmente sirve para recaudar, pero no para descontaminar, sostiene que es un error. “El sector termoeléctrico ha bajado sus emisiones de material particular en 80% desde 2013”, explica. “El caso de la agroindustria es más radical, entre 2016 y 2020 rebajó sus emisiones en un más de 95% de material particulado”.

Entre las más de 800 medidas que tiene el programa de José Antonio Kast hay tres dedicadas al impuesto verde: explorar la factibilidad de aumentarlo, evitar compensaciones del impuesto a industrias más contaminantes y explorar su extensión a la generación de desechos. Eduardo Guerrero, economista de su equipo, explica que, aunque por definición están en contra de la creación y aumento de impuestos, sí se abren al impuesto verde en la medida que “tenga verdaderamente como objetivo reducir las emisiones e incentivar energías limpias, no para recaudar”.

Sobre que las empresas ahora podrán pagar el impuesto compensando, señala: “Estamos de acuerdo en la medida que no se trate de las industrias más contaminantes y el impuesto vaya precisamente a compensar las emisiones de las comunidades afectadas”.

Mientras Franco Parisi plantea crear un nuevo sistema tecnológico de monitoreo y fiscalización de contaminantes, su programa no se refiere directamente al impuesto verde. Tampoco el de Eduardo Artés, que en su diagnóstico sostiene que las energías renovables como la solar o eólica no están exentas de problemas, por lo que plantea avanzar además en energía nuclear. Por último, el por cuarta vez candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami propone un nuevo esquema de tributación de combustibles e implementar tributos verdes para incentivar energías renovables.