A propósito del “Caso Barriga”: ¿Cómo es la situación carcelaria de las mujeres en Chile?

El 2024 será recordado por una serie de escándalos vinculados a delitos económicos, entre ellos el Caso Audios, que involucró a la abogada Leonarda Villalobos, o la imputación de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, por fraude al Fisco y falsificación de documentos. Ambas mujeres comparten el módulo N°2 del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, un espacio con condiciones marcadamente diferentes a las de Capitán Yáber, destinado a hombres acusados de delitos económicos.

Lo cierto es que diferentes expertas se muestran contrarias a la idea construir un “Capitán Yáber” para mujeres autoras de delitos económicos. “El encarcelamiento de estas dos figuras es una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre la situación de las mujeres privadas de libertad que muchas veces es bien invisible”, señala Consuelo Murillo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Murillo es clara en afirmar que la cárcel es “un lugar opaco e invisible para la sociedad y la cárcel femenina con mayor razón aún”. Misma posición comparte la doctora en historia Ana María Stuven, actual presidenta de la corporación Abriendo Puertas, quien lleva más de 25 años apoyando a mujeres privadas de libertad.

Si bien considera que, la situación de los centros penitenciarios femeninos ha mejorado en el cuarto de siglo que ha estado inserta en el tema, la situación es dispar dependiendo del penal, y abunda la sobrepoblación, según ella “debido al aumento de más prisiones preventivas y a la crisis de seguridad”.

Frente a la misma inquietud, Stuven considera “lamentable” que tengan que aparecer casos de connotación pública para que “se visibilice un problema que no es solo de mujeres delincuentes, sino un problema social”. También es contraria a la creación de una cárcel especial, señalando que las mujeres condenadas por delitos económicos son pocas, lo que no justificaría la creación de una cárcel especial para ellas, siendo enfática en la necesidad de mejorar las cárceles para todos, cuestionando la discriminación positiva hacia ciertos grupos y la falta de equidad en el sistema penitenciario.

Catalina Droppelmann, académica Escuela de Gobierno UC y directora ejecutiva de Justicia y Sociedad, da cuenta de la profunda invisibilidad de género. “Las mujeres al ser menos que los hombres en los sistemas penitenciarios en Chile y a nivel mundial, no reciben la misma atención desde las políticas penitenciarias”. Añade, que los penales para ellas son menores en tamaño, muchas veces carecen de posibilidades de segmentación y segregación o de oferta programática, porque es más difícil hacer economías de escala.

Murillo, de la UNAB, ejemplifica la situación de las limitaciones en los servicios al mencionar que, al ser menos, las bases de las licitaciones de las cárceles concesionadas no estipulan que se preste un servicio tan básico como es la educación de enseñanza media para las mujeres que no han culminado sus estudios, situación que difiere en el caso masculino, donde está socializado que, quienes estén en prisión, utilicen el tiempo para terminar la escolaridad.

Droppelmann profundiza en las diferencias históricas. La experta resume que las mujeres que delinquen comienzan a delinquir más tardíamente que los hombres, sus carreras delictuales son más cortas y menos violentas. En su mayoría, ellas cometen delitos vinculados a las drogas y robos menores, muchas veces vinculados a carencias económicas extremas, soledad en la crianza de los hijos y nulas oportunidades en el mundo del trabajo.

En Chile, el tráfico de drogas es el principal motivo por el cual las mujeres están privadas de libertad, seguido por el delito de robo, según explica Alejandra Castillo, académica y directora del departamento de derecho penal de la Universidad Diego Portales (UDP), utilizando las cifras recientes del Boletín Estadístico de Gendarmería de Chile.

En contraste, entre los hombres, el robo lidera las cifras de encarcelamiento, seguido por el tráfico de drogas. La población penitenciaria también refleja una amplia brecha de género: mientras 53,713 hombres cumplen penas en el sistema cerrado, solo 4,653 mujeres lo hacen, lo que invisibiliza los desafíos específicos que enfrentan las reclusas.

Las diferencias regionales también son notorias. En el norte del país, donde se concentra una mayor proporción de mujeres extranjeras, el tráfico de drogas predomina ampliamente, con mujeres desempeñando roles subordinados como el transporte o almacenamiento de sustancias ilícitas.

En el sur, la distribución de delitos es más homogénea entre hombres y mujeres, predominando tanto el robo como el tráfico de drogas. Castillo destaca que las mujeres involucradas en estas actividades suelen ser explotadas debido a su vulnerabilidad, siendo utilizadas por organizaciones criminales para tareas de alto riesgo y baja recompensa.

Además, las mujeres enfrentan una violencia estructural que se refleja en su uso dentro de redes delictivas. Muchas son seleccionadas por su menor visibilidad ante las autoridades, como ocurre con mujeres embarazadas, consideradas menos sospechosas. Este patrón no sólo profundiza su precarización dentro del sistema carcelario, sino que también evidencia un modelo de explotación diseñado para minimizar los riesgos de las organizaciones criminales, perpetuando desigualdades de género en el ámbito delictivo y en el cumplimiento de penas.

La académica UC añade que existe otro grupo importante de mujeres que son mucho más vulnerables. Se trata de quienes comienzan a delinquir en la adolescencia y que, en algunos casos, presentan consumo de drogas y/o trastornos de salud mental. Ellas entran y salen de la cárcel por delitos de hurtos y robos. El tema de fondo, y que Castillo ejemplifica, es que la saturación de las cárceles incide directamente en cualquier posibilidad de reinserción en la sociedad.

Por ejemplo, el hacinamiento en el residuo penitenciario femenino de la cárcel de Antofagasta tiene un 170% de ocupación, lo que se traduce en “impedir absolutamente cualquier tipo de política de cara a la resocialización de esas personas”.

Todas las entrevistadas comparten que tanto Barriga como Villalobos no tienen ninguna condición especial para ser protegidas de manera diferente, por lo que las preocupaciones centrales son mejorar las condiciones de las prisioneras. Todo apunta a que un enfoque de género en el sistema penal podría reducir estas inequidades actuales, pensando en la rehabilitación y reinserción de estas personas en la sociedad.

Lo cierto es que las cárceles chilenas no han sido construidas con perspectiva de género, al ser un tema bastante nuevo, incluso en la criminología asegura la historiadora Ana María Stuven.

“La literatura reciente muestra el rol fundamental del género en la promisión de los delitos, en el impacto de la experiencia carcelaria, en el desistimiento delictivo, y en la reinserción social”, propone. Ante ello, destaca que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres privadas de libertad: mientras los hombres suelen recibir apoyo constante de sus parejas e hijos, las mujeres enfrentan un abandono frecuente, siendo en muchos casos únicamente visitadas por sus madres, lo que evidencia un sistema patriarcal que desprotege a las mujeres en prisión.

Por su lado, la académica de la UDP añade que, a nivel de penitenciaría, no hay una resolución extensa para mujeres como sí existe para personas LGBT, con lugares especiales para ellas o ellos, dependiendo del grado de peligrosidad que pueda presentar su caso.

“No hay un protocolo oficial para el tratamiento de mujeres. Lo único que existe es que en la ley las mujeres pueden estar con su hijo recién nacido hasta los dos años en el recinto carcelario”, complementa Alejandra Castillo.

En la misma dirección, Catalina Droppelmann, de Justicia y Sociedad, sentencia que incorporar un enfoque de género “no se trata de separar en las estadísticas a los hombres y a las mujeres”, sino de incorporar oportunidades para romper con las desigualdades estructurales que afectan a estas mujeres.

Si bien existe una opinión generalizada a nivel país de que la cárcel debe ser el camino para todos los delitos, las expertas comparten que alternativas a la prisión tradicional, como penas sustitutivas y suspensiones, podría beneficiar especialmente a las mujeres, siempre que se implementen con la inversión y el personal adecuado para su supervisión.

Estas alternativas podrían evitar el quiebre de la estructura familiar al que están expuestas las mujeres, muchas de ellas madres de dos o tres hijos, así como reducir los costos asociados al encarcelamiento.

Experiencias como el proyecto Abriendo Puertas en 2018, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, han demostrado que acompañar y apoyar a mujeres a punto de recuperar la libertad, ofreciéndoles trabajo y contención, reduce significativamente su reincidencia. Sin embargo, el Estado no ha cumplido adecuadamente con su misión de reinserción social, delegando esa responsabilidad en organizaciones sin recursos suficientes.

Consuelo Murillo resume que la tendencia internacional está avanzando a que la privación de libertad de la mujer sea “muy excepcionalmente”, optando por espacios semicerrados, donde pueden encontrar oportunidades de aprendizaje de cara a pensar el futuro fuera de la cárcel.

Más allá de una cárcel especial para delitos económicos, la académica de la UNAB sentencia que no se debe esperar una contingencia con personajes contingentes como Barriga o Villalobos, donde una cárcel especial para personajes públicos solo intensificaría una discriminación que ya existe en el sistema carcelario, y que se ve aumentado por la interseccionalidad, donde convergen otros elementos discriminatorios como ser mujer, migrante, pobre, madre, y sobre todo criminal.