Balance de la Ley Cholito: ¿hemos avanzado en el cuidado animal?

Ocurrió en el centro de Valdivia en noviembre de 2023. Decenas de ciudadanos indignados llegaron hasta un conocido café ubicado frente a la plaza de armas para tomar la justicia por sus propias manos, tras conocer que el dueño del lugar era uno de los responsables de un caso de maltrato animal contra dos perros comunitarios -animales sin dueño específico, pero cuidados por la comunidad-, provocando la muerte de los canes.

Una situación que terminó con la venta del local tras algunos destrozos, indignación popular y los tres sujetos involucrados con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras dura la investigación.

Un hecho que molesta y que, a pesar de que existen penas para casos como estos, aún no logra llevar a más culpables a la corte. Tan solo el año pasado hubo 70 condenas de un total de 5.885 denuncias por la “Ley Cholito”, promulgada hace siete años, buscando regularizar la vida de las mascotas apuntando a una tenencia responsable.

Si en 2022 solo hubo 50 condenas de 4.645 denuncias a nivel nacional bajo la misma regulación, hasta junio de 2024 existían 33 sentencias condenatorias por abandono o maltrato animal según registros del Ministerio Público de un total de 3.032 denuncias similares, según información divulgada por La Tercera, es decir, sólo el 1% de las denuncias. Una situación que pone en debate qué tanto hemos avanzado en el cuidado animal desde la aparición de la normativa.

“Nosotros partimos hace 20 años -como fundación protectora de animales-, y el avance y la diferencia en Chile en ese tiempo ha sido notable”, asegura Catalina Moreno, fundadora y presidente de la Fundación Garras y Patas, quienes participaron en diferentes instancias de participación ciudadana antes de la promulgación de la ley.

Por su lado, Ana Francisca Soto, médico veterinaria y secretaria académica de la carrera de Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, señala que, al igual que otros casos de connotación pública, la muerte de Cholito en Patronato, aceleró su promulgación, lo que llevó a establecer “las obligaciones que implica tener un animal de compañía en cuanto a su bienestar, cuidados médicos, ambiente, y más”.

Además, Soto complementa que la ley busca reducir la presencia de animales en situación de calle, generando multas y sanciones por el abandono animal. Uno de los pilares es la creación del Registro Nacional de Mascotas, que a ojos de la profesional “es una tremenda herramienta para poder identificar a los animales”, ello a través de un trámite online que solo requiere que el animal posea un microchip implantado, generando su identificación en el sistema. Otro detalle es la creación de la figura del perro comunitario, así como reconoce la existencia de perros de compañía, callejeros, abandonados y/o perdidos.

Moreno propone que la ley Cholito está a la altura de “estándares internacionales sobre la materia”, comparándola con la Ley de Bienestar Animal de Nueva Zelanda (1999) o Reino Unido (2006), que definen los deberes de los humanos cuando están al cuidado de una mascota.

A ello, agrega: “Yo la encuentro una buena ley, en especial porque establece las obligaciones y derechos de los propietarios de las mascotas, protege la salud de las mascotas, también hay medidas para el control de la población, y establece responsabilidades respecto a los propietarios de las mascotas”.

Juan Luis Castro, senador de la República y parte de la comisión de salud, quien fuera diputado en 2017 cuando se discutió el proyecto, señala que frecuentemente “hay hechos de conmoción pública que remueven la conciencia ciudadana y a veces precipita la legislación”. Mirando en retrospectiva, propone que este tipo de regulaciones “hace difícil pensar que hoy en día se retroceda en ese ambiente”.

Si bien en el papel propone un cambio de paradigma ante el trato que históricamente ha existido frente a los animales domésticos, dotando de contenido legal a su trato, su impacto punitivo deja mucho que desear.

Recordemos que quienes no cumplan con la Ley Cholito arriesgan multas que van de 1 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), aproximadamente entre 48 mil pesos y poco más de $1.450.000. En caso de reincidencia, la multa podría duplicarse, y el juez tiene la facultad de ordenar el decomiso del animal, el cual podría ser trasladado a un centro o entregado a otra persona, siendo los costos asociados responsabilidad del dueño. Además, si se comprueba maltrato o crueldad animal, se aplicarán las sanciones del Código Penal, que incluyen presidio, multas y la inhabilidad absoluta y perpetua para tener animales.

La presidente de la Fundación Garras y Patas ve visible las falencias de la ley, con al menos “30 llamados diarios” de personas que no saben a quién contactar o cómo denunciar. “Yo creo que en todos los barrios hay un perrito donde los vecinos se hacen cargo de él”, señala, aduciendo a que, si ese animal muerde a alguien, “queda un poco en el aire, porque nadie se hace cargo a pesar de que haya alguien que lo alimente”, añade, ejemplificando con casos como los de perros abandonados que quedan al amparo de nuevos arrendatarios, o encontrados en parques públicos.

“Creo que las mayores limitaciones tienen que ver con la fiscalización de la misma ley. Muchas veces los desafíos tienen que ver obviamente con recursos, por ejemplo”, propone la académica, argumentando que a nivel local, las municipalidades no cuentan con recursos suficientes para supervisar el cumplimiento de la ley.

Soto considera que, los recursos deberían estar destinados a presupuestos locales, al ser un tema que requiere manejo directo, ya sea en fiscalización en terreno o en mayores programas de esterilización y atención veterinaria, siendo espacios donde ocurren las esterilizaciones masivas e instalación de microchips.

A pesar de que las sanciones son bajas, los entrevistados comparten que eso no debe excusar a quienes son testigos de situaciones que vulneran a otros seres vivos de instar por las vías legales. “De una u otra forma, la ley visibiliza esto, que no es algo nuevo. El llamado es a denunciar siempre”, propone Soto.

Para denunciar un caso de maltrato animal bajo la Ley Cholito, puedes hacerlo en Fiscalía, Carabineros o la Policía de Investigaciones, o a través del servicio Denuncia Seguro (marcando 4242 desde cualquier dispositivo móvil o en su sitio web), disponible las 24 horas del día.

Como toda denuncia, debe incluir detalles como fecha, hora, lugar, descripción de los hechos, datos del autor, nombres de testigos, y evidencia como fotos, videos, o informes veterinarios. Si el animal murió, se requiere informe de necropsia. La denuncia debe ser presentada por un adulto, o por un representante si el denunciante es menor de edad. El Ministerio Público evaluará la denuncia y decidirá las acciones investigativas.

Moreno de la Fundación Garras y Patas cree que, de no existir una labor punitiva visible no solo en los casos de connotación pública, como quedó evidenciado en el caso de Valdivia, “lamentablemente queda al amparo de la gente, empiezan ellos a tomar venganza por sí mismos”.En la otra cara de la moneda, la falta de resolución perjudica no solo a la sensación de falta de justicia, sino que, en la experiencia recogida a diario por las llamadas que recibe, puede terminar en actos de represalia contra los denunciantes, siendo amenazados por los vecinos. Ella apunta que este tipo de delitos están ligados con la “tríada Macdonald”, idea psiquiátrica que sugiere que la crueldad hacia los animales es una de las señales de alerta temprana de tendencias violentas en la adultez, siendo un primer paso hacia agresiones a humanos.

“Está comprobado, hay varios estudios psiquiátricos y psicológicos, que los psicópatas parten maltratando y dañando a los animales, y después siguen con niños y con personas adultas. Entonces también la persecución de estos delitos nos protegería como ciudadanía”, proponen desde la fundación.

Ana Francisca Soto de la UNAB agrega otra arista pensando hacia el futuro, como es actualizar el último censo de animales callejeros realizado en 2019. “Es crucial para medir el impacto de la ley en la reducción de animales en situación de calle”, comparte. A pesar de la falta de datos recientes, cree que la ley ha permitido que a nivel local se incrementen las esterilizaciones y el control sanitario, extendiéndose más allá de Santiago. Además, resalta la creación de unidades municipales dedicadas a la zoonosis -enfermedades transmisibles entre animales– y la tenencia responsable, que realizan operativos sanitarios y educativos en diversas comunas.

Los entrevistados comparten también que enfatizar el papel de la educación en la concientización sobre la tenencia responsable y la penalización del maltrato animal en los colegios podría ser un punto para lograr mayores efectos.

También, destacan otras regulaciones que buscan mejorar la convivencia y el impacto de organizaciones dedicadas al cuidado animal, como la ley 21.440, que permite a personas y empresas deducir impuestos por donaciones a fundaciones, lo que ha beneficiado a organizaciones como Fundación Garras y Patas. Además, la ley 21.442 sobre edificios y condominios, prohíbe vetar la tenencia de mascotas en departamentos, aunque permite regular su acceso a espacios comunes.

El senador Juan Luis Castro señala que “faltan reglamentos, más fiscalización, aspectos que son más directamente municipales en este caso, extremadamente necesarios”.

El legislador sentencia que, de cara a otras leyes pendientes, como mayor preocupación con perros callejeros o animales asilvestrados en zonas rurales, “la próxima ley no tiene que quedar en manos del Ministerio del Interior, porque termina siendo muchas veces letra muerta”, dado que no tienen “capacidad de incidencia directa”.

“En 2017 la ley fue un paso adelante, pero en lo que venga el rol principal es el los municipios, las gobernaciones regionales, en el nivel más de base local que afecte y toque a las personas”, concluyó.