A un año de la toma del Capitolio: un 57% de los estadounidenses cree que se pueden repetir eventos similares

Ha pasado un año desde el ataque masivo al Capitolio por parte de partidarios del entonces Presidente Donald Trump. Los manifestantes ingresaron el 6 de enero de 2021 al Congreso de EE.UU. para interrumpir el conteo de votos del Colegio Electoral que certificaba la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020.

Para reunir pruebas y dar con las causas de la insurrección, un comité especializado de la Cámara de Representantes ha trabajado durante los últimos seis meses para reunir todo lo necesario para presentar su investigación frente al público. Han entrevistado a más de 300 testigos, recopilado decenas de miles de documentos y han recorrido todo el país para hablar con funcionarios electorales que fueron presionados por Trump.

El objetivo del comité no es solamente mostrar la gravedad de los disturbios, sino también establecer una indudable conexión entre el ataque y la presión de Trump sobre los estados y el Congreso para que revocaran la elección legítima de Biden como presidente.

Aunque se conocen los hechos fundamentales del 6 de enero, el comité dice que han recopilado 35.000 páginas de registros hasta el momento, incluidos textos, correos electrónicos y registros telefónicos de personas cercanas al expresidente republicano.

Esperan llenar los espacios en blanco sobre los preparativos antes del asalto al Capitolio, el financiamiento detrás de la manifestación del 6 de enero y la extenuante campaña de la Casa Blanca por revocar las elecciones de 2020. También están investigando las acciones del propio Trump mientras sus partidarios se dirigían al Congreso en Washington DC.

La comisión está contra el tiempo. Los republicanos podrían disolver la investigación si ganan la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo. Se prevé que el informe final del comité esté listo antes de eso, con un reporte provisional entre marzo y julio.

En los meses posteriores al ataque, los agentes del FBI investigaron horas de videos del día, miles de perfiles de redes sociales. Han arrestado a cientos, e incluso han allanado casas donde los sospechosos tenían armas y municiones.

A medida que llegaban los arrestos, los investigadores empezaron a tener una imagen más completa de quiénes estuvieron involucrados en el ataque. En general, los sospechosos son hombres, blancos y su edad promedio es de 39 años, según una investigación de la Universidad George Washington. Además, varios pertenecían a milicias de extrema derecha y grupos nacionalistas blancos que desempeñaron un gran papel en el ataque, pero la mayor parte no tenía afiliaciones directas con organizaciones extremistas.

Más de 700 fueron los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero y que recibieron condenas, pero que sus casos han provocado una división en los tribunales. Por un lado, un grupo de jueces ha dictado castigos severos a los alborotadores, incluidas penas de cárcel. Mientras que un grupo más incrédulo de magistrados ha rechazado al Departamento de Justicia y en su lugar ha impuesto multas y libertad, lo que significa que los alborotadores evitarán la cárcel, pero permanecerán bajo la supervisión del gobierno.

Los legisladores demócratas piden más encarcelamientos, mientras que muchas autoridades republicanas e influyentes figuras de derecha se han convertido en nuevos partidarios de mejorar las condiciones carcelarias para los “presos políticos”.

En una encuesta realizada por AP-NORC Center for Public Affairs Research muestra que solo cuatro de cada 10 republicanos recuerdan los disturbios como algo muy violento o extremadamente violento, mientras que en general dos tercios de la población estadounidense describen los hechos del 6 de enero como una jornada muy violenta o extremadamente violenta. Los demócratas son casi unánimes: nueve de cada 10 admiten violencia.

Los fiscales federales han permitido que docenas de manifestantes no violentos se declaren culpables de un delito menor, que limita una posible pena de cárcel a seis meses. Solo 19 de 50 casos de delitos menores terminaron con el encarcelamiento, según CNN. Otros cuatro acusados fueron condenados por delitos graves y recibieron sentencias que oscilan entre ocho meses y 3,5 años de prisión.

En un caso de delito menor, Frank Scavo fue condenado a dos meses de cárcel y una multa de US$ 5.000, el máximo legal. Scavo organizó buses para llevar a 200 partidarios de Trump del este de Pennsylvania a Washington para la manifestación del 6 de enero.

A Scott Fairlamb se le sentenció a 41 meses de prisión, que son 3,5 años. Se declaró culpable de agredir a un oficial de policía y obstruir los procedimientos del Colegio Electoral. Ese mismo castigo se le dio a Jacob Chansley, también conocido como el “chamán de Qanon” y que llevaba un sombrero de piel con cuernos de bisonte, el pecho desnudo y la cara pintada de azul, blanco y rojo durante el asalto al Capitolio.

Otros jueces tienen un criterio más suave. Cerca del 60% de los casos de delitos menores que han llegado a sentencia terminaron sin cárcel para los alborotadores, según un recuento de CNN.

Varias de las sentencias sin prisión venían de dos jueces nombrados por Trump, como Trevor McFadden y Carl Nichols, aunque se produjeron principalmente en casos en los que los fiscales solo pidieron arresto domiciliario.

Para Danielle Doyle, una manifestante que entró al Capitolio, los fiscales solicitaron dos meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional. Pero McFadden arregló una multa por US$ 3.000 y libertad condicional por dos meses.

McFadden crítica al Departamento de Justicia por no ser “igual” con los acusados del 6 de enero, en comparación con los manifestantes involucrados en los disturbios raciales del año pasado. El juez ha impuesto multas a tres agitadores del Capitolio, ignorando las solicitudes de los fiscales de penas de períodos cortos en la cárcel o arresto domiciliario.

La primera sentencia de cárcel que dio McFadden fue para Andrew Ericson, que robó una cerveza de un refrigerador en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. En un principio los fiscales solicitaban 60 días de cárcel, pero el juez Trevor le dio 16 días.

La escéptica más influyente en la corte es la jueza principal Beryl Howell, del Tribunal de Distrito de Washington, que fue nombrada por el expresidente Barack Obama y ha condenado con firmeza a los manifestantes del Capitolio y lo que representan. Sin embargo, ha rechazado reiteradamente a los fiscales cuando pidieron el encarcelamiento.

En una sentencia, Howell menciona que el Departamento de Justicia era “casi esquizofrénico” por enfatizar las consecuencias de la insurrección mientras que se dejaba que los alborotadores abogaran por un delito menor. También se ha resistido cuando los fiscales intentaron usar el servicio militar como un agravante para las condenas.

Ejemplo de lo anterior es el caso del sargento retirado Jeffrey McKellop, que en las manifestaciones hirió a un policía con la asta de una bandera y que desde marzo está en la cárcel esperando su condena, porque, según un juez, es muy peligroso liberarlo antes de su juicio.

Pese a estas condenas, un año después del asalto al Capitolio, más de la mitad (57%) de los estadounidenses dice que es probable que se repitan eventos similares en los próximos años, según una encuesta de Axios/Momentive. La preocupación es especialmente alta entre los demócratas, el 70% de los cuales señala que es probable que vuelva a suceder algo como el 6 de enero, en comparación con el 47% de los republicanos.