Activistas iraníes hicieron un llamado a una huelga y una nueva oleada de manifestaciones en el marco de las movilizaciones que se han producido en el país desde hace casi tres meses, para denunciar la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal puesto el velo.

Varios activistas han publicado a través de la red social Twitter la convocatoria de las protestas, que incluye evitar las compras durante tres días y tendrá su epicentro en una manifestación el miércoles en la plaza Azadi de Teherán.

La convocatoria de las protestas ocurre después de que el fiscal general de Irán, Mohamad Yavad Montazeri, mencionara que la policía moral había sido “cerrada” desde donde se instaló. Algo que fue interpretado por medios occidentales como una abolición a esta entidad. Sin embargo, el gobierno no confirmó la medida y los medios locales informaron que sus declaraciones habían sido “malinterpretadas”.

Irán ha tenido varias formas de “policía moral” desde la Revolución Islámica de 1979, pero la última versión, conocida formalmente como Patrulla de Orientación (Gasht-e Ershad), fue creada en 2006 durante el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013).

Sus unidades, generalmente compuestas por varios hombres y mujeres, utilizaban camionetas policiales blancas con franjas verde oscuro para patrullar las calles o estacionar en lugares donde los peatones frecuentan o se reúnen personas más jóvenes.

Sus oficiales hacían cumplir el código de vestimenta del país, que requiere que las mujeres se cubran el cabello, usen ropa holgada, larga y prohíbe pantalones cortos, jeans rotos y otras prendas consideradas inmodestas. En caso de violaciones, emitían advertencias verbales o detenían a las mujeres y las llevaban a centros de “reeducación”.

Montazeri estaba en una conferencia religiosa cuando le preguntaron sobre la Patrulla de Orientación. “La policía de la moralidad no tiene nada que ver con el sistema judicial. La misma fuente que la creó en el pasado, desde el mismo lugar se ha cerrado. Por supuesto, el sistema judicial continuará su vigilancia de los comportamientos sociales en toda la sociedad”, dijo

De sus declaraciones se desprendió que la Patrulla de Orientación es parte de la policía nacional y el control recae en el Ministerio del Interior y no en el Poder Judicial.

Después de que medios extranjeros recogieran la declaración del fiscal general, algunos medios de comunicación estatales iraníes rechazaron a la policía moral y fueron disueltos.

El canal de televisión estatal en idioma árabe Al-Alam dijo que algunos habían “tratado de malinterpretar” lo que dijo el fiscal general, indicó la cadena BBC.

“Lo más que se puede entender de los comentarios de Mohammed Jafar Montazeri es que las patrullas de la policía moral no han estado conectadas con el poder judicial desde su creación”, añadió.

El medio conservador Student News Network (SNN) desestimó los “titulares falsos” y enfatizó que el hiyab “todavía es una ley en Irán”.

El sábado, Montazeri también le dijo al Parlamento iraní que se revisaría la ley que exige que las mujeres usen hijabs.

En medio de esta confusión, la periodista Azadeh Moshiri conversó con la cadena BBC e indicó que no ha habido una respuesta oficial del gobierno. “Lo que puede estar pasando aquí es que el gobierno haya estado tanteando cuál sería la respuesta de la gente a lo que podría ser una reforma”, indicó.

Al ser consultada sobre el status de la Policía de la Moralidad, dijo que si bien las manifestaciones habían comenzado justamente contra esta entidad, tiene sentido que el gobierno quiera tantear la reacción de las personas ante una reforma.

“El problema que esa policía no ha estado presente en los últimos meses. Incluso el fiscal general en la conferencia de prensa dijo que no estaban patrullando en las calles, pero cientos de personas han muerto y miles han sido arrestados y eso es porque otras fuerzas de seguridad, como la fuerza paramilitar Basij, están llevando adelante la brutal represión del gobierno. Entonces, si la policía de la moralidad circula o no, ¿es algo que va a satisfacer a los manifestantes? ¿Van a olvidar lo que ha pasado en los últimos meses? Y después de cantar ‘muerte al dictador’, ¿van a estar contentos con una reforma? Si esto fue una suerte de prueba para saber si se calman las protestas, no está claro”, indicó.

El Presidente Ebrahim Raisi ha dicho varias veces desde septiembre que potencialmente se podría mostrar “flexibilidad” en la implementación de la ley, pero no ha dado más detalles. Otros funcionarios han insinuado métodos menos conflictivos pero aún controvertidos, como el uso de inteligencia artificial y cámaras para multar a los presuntos delincuentes.

El lunes, un portavoz de la policía de la moralidad, formalmente llamado Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, dijo en un comunicado a Jamaran, un sitio de noticias iraní, que su misión de hacer cumplir las leyes del hiyab “ha terminado”, citó The Wall Street Journal. Dijo que se estaban considerando “nuevos métodos, más actualizados y más precisos”.

El diario señaló que no está claro hasta dónde pretenden llegar los funcionarios iraníes para cambiar el sistema para hacer cumplir las leyes sobre el hiyab o si la discusión de nuevos movimientos para abordar al menos algunas de las quejas de los manifestantes es una estrategia destinada a calmar las manifestaciones sin grandes concesiones.

“Si bien algunos clérigos individuales todavía parecen apoyar a la policía de la moralidad, todas las demás burocracias gubernamentales la están utilizando como chivo expiatorio de las protestas”, dijo al periódico Ali Alfoneh, un experto en Irán del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, un grupo de expertos de Washington.

Los clérigos gobernantes de Irán ven la ley del hiyab como un pilar de la República Islámica, uno que muchos conservadores creen que no se puede entregar sin poner en peligro los fundamentos teocráticos del sistema.

El presidente del Tribunal Supremo de Irán, Gholam Hosein Mohseni Ejei, informó de que “pronto” se ejecutarán las sentencias contra las personas detenidas durante las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, lo que abre la puerta a la inminente aplicación de penas de muerte.

“Se determinarán castigos disuasivos para los principales elementos de la reciente sedición y disturbios”, indicó y agregó que las autoridades judiciales también llevarán a cabo procesos contra aquellas personas que hayan causado daños a la propiedad, sin dar más detalles, según la agencia Mehr.

El pasado 13 de noviembre, un tribunal revolucionario de Teherán condenó a muerte a un detenido por quemar una sede del gobierno en la que fue la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones que estallaron tras la muerte de la joven.

La ONG HRANA iraní estima que más de 18.000 personas han pasado a disposición policial, temporalmente o hasta el momento, desde el estallido de las protestas en el país, que han costado las vidas de más de 400 personas.

Las autoridades han desatado una represión mortal contra los manifestantes, con informes de detenciones forzadas y abuso físico que se utilizan para atacar al grupo minoritario kurdo del país.

En una investigación reciente de CNN, un testimonio encubierto reveló violencia sexual contra manifestantes, incluidos niños, en los centros de detención de Irán desde el comienzo de los disturbios.