Trabajadores peruanos extendieron el viernes los bloqueos de ruta a una segunda carretera vital del país andino, paralizando más vehículos de transporte de mercancías y de pasajeros, y profundizando el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno de Francisco Sagasti.

Tras cinco días de cortes carreteros, y la muerte por un disparo de un trabajador mientras la policía intentaba despejar una ruta, la Iglesia católica ofreció este viernes mediar para encontrar una “solución pacífica”.

Mientras continuaban los cortes iniciados el lunes en la ruta Panamericana, la más importante del país, obreros metalúrgicos bloquearon este viernes la Carretera Central, que corre de este a oeste entre la sierra peruana y Lima.

“Es horrible lo que estamos pasando, porque no podemos dormir por temor a ser asaltados. Hemos sobrevivido de frutas que nos tiraban de los carros”, dijo a agencia AFP Edgar Ancajima, de 36 años, ayudante en un camión con gas licuado varado desde hace cuatro días en la Panamericana en la región de Ica, 250 km al sur de Lima.

Un trabajador rural de 19 años murió el jueves de un disparo en Virú (La Libertad), 490 km al norte de Lima, mientras la policía trataba de despejar un tramo de la Panamericana, que cruza de norte a sur del país desde la frontera ecuatoriana hasta la chilena.

Los bloqueos los iniciaron el lunes los trabajadores rurales de Ica, que exigen la derogación de una ley que aducen los priva de derechos y limita sus salarios.

En Ica hay unos 2 mil camiones y decenas de autobuses de pasajeros varados.

Desde Lima al sur, los bloqueos comienzan en el kilómetro 218 de la Panamericana, a la altura del río Pisco, observaron periodistas de AFP.

Los camioneros varados han improvisado ollas comunes. Algunos matan el tiempo jugando al naipe o fútbol.

“La situación es grave para nosotros. La carga se está pudriendo”, dijo el camionero Loli Ortiz Zambrano, un venezolano de 62 años, que transporta 32 toneladas de papas.

En el cruce del río Pisco unos 40 huelguistas, entre ellos varias mujeres, comían avena con leche y pan mientras mantenían el bloqueo, bajo la mirada de cuatro policías.

“Reclamamos por los abusos y los sueldos miserables que nos dan de 39 soles [11 dólares] diarios”, declaró a la AFP Abraham Quispe, sindicalista de 35 años.

“Vamos a seguir con la lucha en nuestros bloqueos”, advirtió el trabajador Isaías Llano, también de 35 años.

La Iglesia ofreció este viernes sus “buenos oficios” para encontrar “una solución pacífica y armoniosa” al conflicto, e instó al Congreso a aprobar una reforma legal que les conceda a los trabajadores agrícolas “condiciones y salarios dignos”.

En la mediación participarían el cardenal Pedro Barreto y el obispo de Ica, Héctor Vera, dijo la Conferencia Espiscopal.

Los trabajadores rurales exigen mejoras salariales y la derogación de la ley de Promoción Agraria, una de las últimas dictadas por el Presidente Alberto Fujimori (1900-2000).

Esta ley otorga beneficios tributarios a las empresas y su vigencia fue prorrogada hace un año hasta 2031. Su posible derogación por el Congreso encendió las alarmas de las agroexportadoras, que tienen ventas por 5 mil millones de dólares anuales.

Según la ley, la remuneración diaria de los trabajadores agrarios es de 11 dólares, pero no especifica un horario máximo de trabajo, solo un mínimo de cuatro horas. Los trabajadores exigen 18 dólares por día y otros beneficios.

Los bloqueos en la Carretera Central eran impulsados por trabajadores de una fundición de minerales en La Oroya, un pueblo minero situado 175 km al este de Lima y a 3.750 metros sobre el nivel del mar.

El Complejo Metalúrgico Doe Run Perú está en vías de liquidación, lo que dejaría unos 2.500 desempleados en La Oroya, según medios locales. Los trabajadores buscan que el gobierno les traspase la empresa a ellos para retomar la producción y salvar sus empleos.

Sagasti, quien asumió el poder hace 17 días en medio de una crisis marcada por tres presidentes en una semana, pidió levantar los bloqueos.

“Protestar por la reivindicación de derechos es legítimo”, escribió en Twitter la noche del jueves.

Pero “bloquear carreteras no solo es inconstitucional e ilegítimo, porque afecta diversos derechos ciudadanos; también es un delito que el Estado no puede aceptar”, añadió.