Bolsonaro confirma que brindó asilo a exministro de Defensa de Bolivia acusado de corrupción

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, informó este jueves que el exministro de Defensa boliviano Fernando López se encuentra en Brasil en calidad de “perseguido político”.

“El ministro de Defensa de Bolivia también fue condenado a 10 años (como Jeanine Áñez), pero vino a Brasil, garanticé su presencia aquí. Mientras yo sea presidente, él no sale de Brasil. También pasó lo mismo con el jefe de la guardia nacional de Bolivia (Yuri Calderón) y muchas otras personas que huyeron de allí”, afirmó.

Tras estas palabras, el expresidente boliviano Evo Morales señaló en su perfil oficial de Twitter que estas acciones por parte del mandatario brasileño suponen “una injerencia en los asuntos internos de Bolivia”.

“Repudiamos las declaraciones de Bolsonaro que además de representar injerencia en asuntos internos de Bolivia demuestran la ejecución de un Plan Cóndor del Siglo XXI a cargo de gobiernos de derecha en el golpe de 2019. Es inadmisible que un gobierno ofrezca impunidad a golpistas”, explicó.

López, prófugo de la Justicia por las acusaciones de corrupción, ya señaló a través de su abogado el pasado mes de abril que no regresará a Bolivia hasta que “no cambie la situación política” en el país altiplánico.

El exministro se encuentra fugado de la Justicia boliviana, acusado en el marco del caso “Golpe de Estado”, así como por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Se presentó otra demanda contra él en enero por sobrecostos en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad en las represiones del mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, actualmente encarcelada.

La investigación sostiene que durante aquel periodo se cometió un dispendio a costa del erario público de 2,3 millones de dólares en la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, en Estados Unidos.

Por este último caso, Arturo Murillo, el que fuera “número dos” de Áñez, fue detenido en Miami, por delitos de blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Junto a ellos, fueron acusados media docena de antiguos funcionarios de aquel autoproclamado gobierno interino.