Cancillería mexicana acudirá a la Corte Suprema de EE.UU. por la demanda contra fabricantes de armas

La Corte Suprema estadounidense discutirá este martes la admisibilidad de la demanda que presentó en 2021 el gobierno mexicano en Boston, Massachusetts, contra varios fabricantes de armas de ese país. Pero pese a los argumentos de México, puede pesar más la cercanía con la Casa Blanca y los intereses de estos grupos, que la realidad violenta que se vive por el tráfico de estos artefactos, advierte el diario mexicano Milenio.

Al equipo legal de México le espera un ambiente hostil en la Suprema de Estados Unidos. Así lo adelantó el coordinador de la iniciativa Stop US Arms to Mexico, John Lindsay-Poland. “La Corte Suprema es un ambiente muy hostil para este tema. Entonces es muy posible que la Corte haga daño no solamente a la demanda de México, sino también a otros, otros posibles remedios en contra de la violencia armada”, dijo el coordinador a Milenio.

En la misma línea, el diario estadounidense USA Today advierte que se espera que los jueces muestren una mirada más escéptica sobre el intento de México de responsabilizar a las compañías de armas estadounidenses por la violencia causada por los cárteles de la droga armados con armas de fabricación estadounidense.

Con aquel panorama en contra, el equipo legal que representa a México en el juicio contra ocho empresas fabricantes de armas en Estados Unidos está preparado para asistir este martes a la audiencia pública que se celebrará en el máximo tribunal, según informó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Pablo Arrocha.

“Este caso está pasando una etapa donde se van a revisar todavía cuestiones de admisibilidad, no de fondo”, aclaró Arrocha el martes en el Foro Internacional sobre Tráfico y Desvío de Armas en Latinoamérica, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El caso, conocido como Smith & Wesson Brands versus Estados Unidos Mexicanos, revierte las quejas que el presidente Donald Trump ha hecho desde hace tiempo sobre que los cárteles mexicanos han contribuido al aumento de la violencia en Estados Unidos. En cambio, México sostiene que la mayoría de las armas encontradas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.

Además, el caso llega a la Corte Suprema en un contexto de tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México: Trump está imponiendo aranceles a las importaciones de México para presionar al país a hacer más para detener el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos, mientras que México dice que el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera está perjudicando su lucha contra los cárteles de la droga.

Tal es así, que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya había advertido el mes pasado sobre la demanda, en respuesta a la noticia de que la administración Trump planeaba designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas. “Si declaran a estos grupos criminales como terroristas, entonces tendremos que ampliar nuestra demanda en Estados Unidos”, amenazó la mandataria mexicana en una conferencia de prensa.

La demanda, iniciada en 2021, acusa a ocho empresas de facilitar el tráfico de armas a los cárteles y busca compensación por los daños económicos y sociales derivados de la violencia armada. En detalle, lo que México quiere es una cantidad estimada en alrededor de 10 mil millones de dólares por daños monetarios, y una orden judicial que requiera que las compañías de armas cambien sus prácticas.

También busca una compensación por las lesiones y promover diseños de armas de fuego más seguros, mantener las armas fuera de las manos de los delincuentes y colocar parte de la culpa de la violencia armada en la industria. El caso aún está en etapa de admisibilidad.

El año pasado, la Corte Suprema accedió a revisar un fallo que reactivó la demanda tras ser desestimada bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de responsabilidad civil. Originalmente, un juez había desestimado la demanda, pero un tribunal de apelaciones reactivó el caso, permitiendo que continuara.

Las empresas demandadas, como Smith & Wesson, pidieron a la Corte Suprema que interviniera, y esta aceptó revisar la decisión del tribunal de apelaciones. Durante todo el proceso judicial, los fabricantes han argumentado que no pueden ser responsabilizados por el uso criminal de sus productos y citan un fallo de 2023 que exoneró a Twitter en un caso similar.

México también demandó en 2022 a cinco tiendas en Arizona por vender armas ilegalmente, y esa causa sigue en etapa de recolección de pruebas, explica la cadena CNN. Además, el país solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el tráfico de armas.

El consultor jurídico de la Cancillería mexicana destacó con CNN que es importante que los ciudadanos estadounidenses sepan que estas demandas no atentan contra la libertad que tienen en su país de comprar y poseer armas. Lo que se pretende, dijo, es frenar la negligencia de quienes fabrican y venden las armas que llegan a los grupos delincuenciales en México.

“Rechazamos categóricamente las calumnias que ha lanzado la Casa Blanca contra el gobierno mexicano sobre alianzas con organizaciones criminales”, escribió en febrero en las redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La administración de Washington había acusado a México de tener una “alianza intolerable” con los cárteles.

“Si en algún lugar existe esa alianza es en las armerías de Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales”, afirmó Sheinbaum.

Cientos de miles de armas, fabricadas por los fabricantes a los que México está demandando, son traficadas anualmente a través de la frontera. Se trata de alrededor de 200.000 y 500.000 armas de fabricación estadounidense que se trafican a México a través de un conducto que se ha denominado el “río de hierro”.

A pesar de haber sido advertidos por el gobierno de Estados Unidos sobre armas vendidas a distribuidores y comerciantes específicos que terminan en escenas de crímenes en México, los fabricantes de armas continúan haciendo negocios con ellos, denuncia Sheinbaum. “Y hacen todo esto intencionalmente para aumentar sus ganancias”, dijeron los abogados de México en un escrito.

México dice que los fabricantes de armas están diseñando y comercializando armas para atraer a los cárteles, incluidas las pistolas de edición especial de Colt, como la pistola Super “El Jefe”, un término utilizado para referirse a los jefes de los cárteles, y una pistola que lleva el nombre del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. México aún tendría que probar sus acusaciones si el caso llega a juicio.

Una ley federal que protege a la industria de armas de fuego no impidió que los padres de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook denunciaran al fabricante de armas. En esta ocasión, los grupos de prevención de la violencia armada temen que la Corte Suprema pueda ponerse del lado de los fabricantes de armas de una manera que iría mucho más allá de esta disputa entre México y las compañías de armas estadounidenses.

“La gente en Estados Unidos” está “sufriendo, recibiendo disparos, siendo asesinada”, dijo a USA Today David Pucino, director legal de Giffords Law Center, un grupo de prevención de la violencia con armas de fuego. Le preocupa que la Corte Suprema elimine una herramienta para perseguir a las empresas de armas que claramente violan la ley.

El hecho de que la Corte Suprema haya querido intervenir en esta etapa es una indicación de que no creen que México debería tener esa oportunidad, asevera ese medio. “Si tuviera que hacer un pronóstico, creo que hay una gran posibilidad de que dicten un fallo en contra de México”, dijo Andrew Willinger, director ejecutivo del Centro de Derecho de Armas de Fuego de Duke. “Sería un poco extraño tomar el caso en esta postura si no estuvieran dispuestos a hacerlo”, acotó.

Los grupos defensores del derecho a poseer armas, por otro lado, argumentan que México está tratando de llevar a la quiebra la industria de armas de fuego estadounidense y socavar la Segunda Enmienda.

“México ha extinguido sus armas constitucionales y ahora pretende extinguir las de Estados Unidos”, dijo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) a la Corte Suprema. México tiene solo una tienda de armas, controles de antecedentes universales y emite menos de 50 permisos de armas al año, según los documentos presentados.

Y en términos más generales, los grupos empresariales están preocupados de que si los fabricantes de armas son considerados responsables de la violencia con armas de fuego en México, se generarían todo tipo de demandas contra todas las empresas (no solo los fabricantes de armas) cuando sus productos se usen de manera incorrecta.