Casa Blanca asegura que Rusia ofrece a niños ucranianos deportados a la fuerza en sitios web de adopción
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, calificó los hechos cometidos por el Kremlin de “atroces” y que se enmarcan en los “crímenes de guerra y contra la humanidad” cometidos por las fuerzas rusas. Aseguró que estos menores “deben estar con sus familias en Ucrania”.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró este miércoles que Rusia está incluyendo a niños ucranianos deportados en sitios webs de adopción, luego que miles de menores de edad han sido separados de sus familias para ser trasladados a territorio ruso desde el inicio de la guerra en 2022.
“Desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, miembros de las fuerzas rusas y otros funcionarios rusos han deportado a cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia, incluidos niños que han sido separados por la fuerza de sus familias. Tenemos conocimiento de nuevos informes creíbles según los cuales las autoridades rusas están incluyendo a niños ucranianos secuestrados en sitios web rusos de adopción”, declaró Sullivan en un comunicado.
En ese sentido, calificó los hechos de “despreciables”, de “atroces” y que se enmarcan en los “crímenes de guerra y contra la humanidad” cometidos por las fuerzas rusas, y ha asegurado que estos niños “deben estar con sus familias en Ucrania”.
Unas horas antes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció la pésima situación de la educación para los niños en Ucrania tanto por la guerra como por la pandemia de Covid-19, que ha provocado interrupciones en el sistema educativo desde hace cuatro años.
“A causa del Covid-19 y de la guerra, la escolarización de los niños y las niñas ucranianos se ha visto interrumpida durante más de cuatro años, el mismo tiempo que dura toda la educación primaria en Ucrania. Alrededor de cuatro millones de niños y niñas de todo el país siguen viendo interrumpida su educación, y aproximadamente 600.000 escolares no pueden acceder en absoluto a la escuela presencial”, manifestó la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Regina de Dominicis.
Deportaciones ilegales: un crimen de guerra
“La guerra en Ucrania está destruyendo el mayor recurso del país: su gente. Sin un aumento de la inversión y una financiación sostenida, los niños y los jóvenes no podrán acceder a la escuela y a las oportunidades de formación, algo fundamental para la recuperación de los niños, niñas, las familias y sus comunidades”, añadió.
Además, ha aseverado que la situación de los niños refugiados en los países de los alrededores también es grave, y es que casi la mitad de ellos, cifra que ronda el millón, no están matriculados en los colegios de estas naciones; sin embargo, muchos acceden a la propia educación ucraniana en línea, lo que les hace perder la interacción social con compañeros.
“Por encima de todo, hay que proteger a los niños y niñas ucranianos de más daños: daños a sus perspectivas de futuro, a su educación, a su seguridad y a su salud mental. Esto significa el fin inmediato de la guerra”, concluyó De Dominicis, que no ha mencionado las citadas deportaciones.
A fines de 2023 la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas documentó el traslado de decenas de niños de Ucrania y concluyó que se trataba de deportaciones ilegales y un crimen de guerra.
Si bien, el propio informe de la comisión reconoce que es difícil establecer un balance por la falta de información de Rusia y porque Ucrania, que fija en al menos 20.000 los menores desplazados a Rusia, también incluyen aquellos que han cruzado al país con sus padres.
En todo caso la misión detectó que los traslados afectan a niños que habían quedado huérfanos o que habían perdido el contacto con sus padres durante la guerra, a menores que habían sido separados de sus progenitores tras la detención de uno de ellos en el marco de la invasión y a niños internados en instituciones.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió precisamente en marzo de 2023 una orden de arresto internacional contra la defensora de la comisaria para los derechos de la infancia de Rusia, Lvova Belova, por considerar que ha incurrido en presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de menores ucranianos hacia territorio ruso, una cuestión que Moscú sigue negando. La corte también ha reclamado la detención del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
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