CIDH critica a Nicaragua por privar “arbitrariamente” de nacionalidad a 222 presos políticos liberados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se congratuló de la excarcelación de las 222 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua, pero a la vez rechazó la deportación y “privación arbitraria” de la nacionalidad por parte del Estado de estos presos.

La CIDH ha reconocido en un comunicado que la excarcelación “pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al Gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los Derechos Humanos”.

La organización manifestó que repudia, no obstante, que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, con lo cual la mayoría de las 222 personas liberadas estarían en situación de apátrida. La comisión también ha puesto de manifiesto las múltiples violaciones de los Derechos Humanos de los que fueron víctimas esas personas durante varios años.

“La Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria; y los Principios Interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella”, recordó la CIDH en su misiva.

En este sentido, la organización ha reconocido que la nacionalidad constituye “un derecho inderogable de todas las personas”, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta “contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por ello, la CIDH ha urgido a Nicaragua a garantizar el pleno acceso y goce del derecho a la nacionalidad, así como a adoptar medidas para prevenir y erradicar la apatridia, para lo cual ha pedido al Estado derogar las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos.

Asimismo, hizo un llamado a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender y reconocer a las personas apátridas y consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren.