Congreso de EE.UU. se alinea con Trump y aprueba proyecto para deportar a indocumentados acusados de delitos menores

Todavía faltan más de 10 días para el retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes del Congreso ya parece haber dado un importante giro frente a la tónica de lo que fue la administración de Joe Biden y abrazó una de las ideas fuerza de la campaña del republicano: la migración, o más bien, el control y limitación de ella.

Este martes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca la deportación de los inmigrantes indocumentados que tengan acusaciones de delitos no violentos, dando inicio a lo que podrían ser una andanada de leyes similares en materia migratoria.

“Ahora mismo, el ICE (acrónimo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en inglés) es incapaz de detener y deportar a los delincuentes ilegales que cometen estos delitos menores”, argumentó en el pleno el representante Mike Collins, republicano de Georgia y autor del proyecto de ley. “Tenemos que sacar a esta gente de la calle. Estos criminales son cada vez más audaces mientras nuestras comunidades se vuelven más inseguras”, añadió.

Según el periódico The New York Times, que se ha posicionado contrario a la llegada del exmandatario, se trata de una avanzada de los republicanos en el Congreso, quienes han “prometido cumplir la promesa de represión en la frontera del presidente electo Donald J. Trump”. Es más, la ley resucitó este año tras haber fracasado en su aprobación en 2024, luego de caer en el Senado.

Esta vez, la idea, que se espera sea discutida este viernes en la Cámara Alta, no contó solo con los votos de los republicanos -de todos y cada uno de ellos, vale añadir-, sino que también sumó el apoyo de 48 representantes del Partido Demócrata. El citado medio neoyorquino añadió un dato político interesante al respecto: la mayoría de los demócratas que votaron a favor del proyecto, representan distritos electorales reñidos, lo que podría explicar la alineación con sus rivales. Entre los demócratas de la Cámara de Representantes que dieron su apoyo a la iniciativa republicana destacan Henry Cuellar, de Laredo, y Vicente González, de McAllen, ambos de Texas.

Con lo ocurrido el martes, el camino parece haber quedado libre para su aprobación a fines de esta semana, pues el Partido Republicano cuenta con una mayoría en el Senado, y necesitan solo siete de los votos de los demócratas. El año pasado, cuando cayó en dicha instancia parlamentaria, era el partido azul el que tenía la mayoría, pero esta vez, no es el caso. En un comunicado, John Fetterman, senador de este último partido por Pennsylvania, señaló que respaldaba la legislación. “Apoyo dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como esta, mientras trabajamos en soluciones integrales a nuestro sistema fallido”.

De pasar el trámite, las autoridades federales tendrán que detener a los inmigrantes indocumentados acusados de robo, hurto a personas o a tiendas, en su primera falta. Esto significaría una importante ampliación de los cargos en los que los funcionarios pueden actuar para, potencialmente, deportar a las personas.

En el presente, la ley hace que los no ciudadanos que hayan sido condenados por al menos dos delitos menores, recién puedan ser deportados. En la misma línea, al día de hoy, cualquier inmigrante -incluidos los residentes legales permanentes en Estados Unidos- que cometa delitos graves o violentos, incluidos delitos con agravantes, posesión de drogas o conducción bajo los efectos del alcohol, puede ser detenido y, potencialmente, ser deportado, explicó el medio Texas Tribune.

Además, la medida podría tener consecuencias en el Poder Judicial, pues la legislación les entregaría facultades a los fiscales generales de los estados, el derecho “a demandar al fiscal general de Estados Unidos o al secretario de Seguridad Nacional si un inmigrante que entra ilegalmente en el país y que es puesto en libertad vuelve a cometer delitos que perjudiquen al estado o a sus residentes”, explicó The New York Times.

Dicha sección fue cuestionada por los demócratas opositores a la ley, puesto que aseveran que, además de ser inconstitucional, les permitiría a los fiscales generales conservadores dictaminar, en la práctica, la política federal relativa a la inmigración.

“Esto parece ser un intento torpe de eludir los recientes fallos de la Corte Suprema que limitan la capacidad de los estados para demandar al gobierno federal por cuestiones de aplicación de la ley de inmigración”, dijo en su intervención en la Cámara de Representantes Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York.

Un estudio de Alex Nowrasteh -vicepresidente de estudios de política económica y social del think tank libertario Cato Institute- y citado por el medio Texas Tribune, asegura que “los inmigrantes indocumentados de Georgia son encarcelados por homicidio a un ritmo de 61 por cada 100.000 personas, frente a 90 por cada 100.000 en el caso de los inmigrantes legales y los ciudadanos estadounidenses”.

“Las cifras indican que los inmigrantes ilegales no constituyen una amenaza criminal desproporcionada, que no aumentan los índices de delincuencia y que la aplicación adicional de las leyes de inmigración normales no reducirá los índices de delincuencia”, explicó el autor en el citado informe.

Los republicanos, sin embargo, ya preparan una batería de proyectos de ley al respecto, que incluyen una norma para aumentar las deportaciones, forzar a que los solicitantes de asilo dentro del país esperen la respuesta afuera de Estados Unidos y la limitación de fondos federales contra las ciudades que limiten la cooperación con las autoridades federales dedicadas a la inmigración.

En diálogo con la prensa local, el representante Tom Emmer, de Minnesota, dijo que “este proyecto de ley es más que una simple legislación; es un retorno a los valores estadounidenses de sentido común”. Y añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump, habrá mucho más de donde vino esto”.

Según The New York Times, “los republicanos se preparan para reducir impuestos, recortar gastos y frenar la inmigración en una amplia agenda que exigirá unificar a un partido revoltoso tras docenas de complicadas opciones políticas”. La duda es si lo harán en un solo gran proyecto que abarque todas esas variantes, o si lo dividirán en varios.

En cifras, la agencia de noticias Reuters informó que el ritmo en el número de personas detenidas cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha decrecido de manera importante en los últimos meses. Si en diciembre de 2023 la administración de Joe Biden detuvo a 250.000 personas, para el mismo mes de 2024 el número disminuyó hasta los 47.000, dijo a Reuters un alto funcionario fronterizo estadounidense. Trump, por otro lado, completó 71.000 detenciones en diciembre de 2020, último mes de su primer gobierno.

El proyecto lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que en febrero del año pasado fue asesinada en Georgia a manos de José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que en noviembre fue condenado a cadena perpetua en un caso que conmocionó al país, y de paso, tuvo ribetes políticos.

“No hay fin para el dolor, el sufrimiento y la pérdida que hemos experimentado y seguiremos soportando. En ese día horrible, mi preciosa hija fue atacada, golpeada y no tuvieron piedad con ella. Luchó por su vida, su dignidad y por salvarse de ser brutalmente violada”, declaró la madre de la joven, Allyson Phillips, previo a que se conociera la sentencia.

¿Cuál es la relación con la ley? Ibarra había ingresado a Estados Unidos a través de México, puntualmente en 2022, por El Paso, de forma ilegal. En ese período intermedio, fue arrestado y acusado de hurto por robar en un Walmart de Georgia, antes de cometer el asesinato. Sin embargo, fue dejado en libertad al ser su primer crimen menor del que se tuviera registro.

En marzo, poco después de que se hiciera público el caso, el entonces candidato y expresidente Trump se reunió con los padres de Riley previo a un mitin de campaña en Georgia, lo que luego informó durante el evento político. En su discurso, resaltó lo que consideró una grave falla en las políticas migratorias de EE.UU.

De regreso al presente, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro de mayor rango de la comisión judicial de la Cámara de Representantes, señaló en la discusión parlamentaria que “el asesinato de Laken Riley fue un crimen incalificable, espantoso, un acto atroz, y ningún padre, ninguna familia debería tener que soportar jamás semejante calamidad”. Sin embargo, “este proyecto de ley no toma ninguna medida significativa para mejorar nuestro sistema de inmigración roto y para evitar que crímenes como este vuelvan a ocurrir”, añadió.