La detención de la expresidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, por el supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019 reavivó la tensión política en el país con llamados a protestas en la capital económica y bastión de la oposición, una situación por la que Estados Unidos expresó su preocupación.

Dirigentes opositores convocaron manifestaciones contra la captura de Áñez y dos de sus ministros en la ciudad de Santa Cruz, situada 900 km al este de La Paz.

Stello Cochamanidi, segundo vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso conglomerado civil-empresarial de derecha que nació en la región más próspera de Bolivia, dijo que esperan una gran afluencia en una concentración en la plaza Cristo Redentor, lugar emblemático del movimiento derechista.

“Esperemos que asista todo el pueblo porque esta lucha sigue siendo de todos nosotros (...). Si no respetaron a una presidenta que fue constitucional, a nosotros peor”, indicó Cochamanidi.

Los opositores se organizan contra la decisión de una juez, a pedido de la fiscalía, para encarcelar por cuatro meses a Áñez, hasta que el Ministerio Público acumule pruebas para sustentar lo que consideran como golpe de Estado contra Morales en diciembre de 2019.

La oposición considera que la justicia se ha supeditado al gobierno del izquierdista Luis Arce, delfín de Morales.

Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste) y este lunes fue encarcelada en una prisión de La Paz.

“Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó la exmandataria interina.

El encarcelamiento de Áñez y sus dos ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán causó malestar interno y preocupación internacional.

Washington fue el último actor internacional en expresar su inquietud, como lo hizo a lo largo del fin de semana la Comisión Europea y la ONU, ante los acontecimientos de Bolivia desde el arresto de Áñez el sábado.

“Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano”, dijo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.

De su lado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo” y pidió la liberación de los detenidos.

Morales, desde Twitter, le respondió a Almagro y dijo que “él también debería ser juzgado por propiciar en el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad”.

Un informe de la OEA encontró irregularidades en los comicios de 2019, que Morales rechazó.

Los opositores quieren impedir que sigan las detenciones. La fiscalía también emitió el viernes órdenes de captura contra los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa), exjefes militares y exjefes policiales y otros civiles.

Por ahora no hay orden de detención contra el influyente gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, figura central en la denuncia presentada exparlamentaria del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty que dio pie a estos arrestos por supuesta conspiración, sedición y terrorismo para llevar a cabo un presunto golpe de Estado entre octubre y noviembre de 2019.

En 2019 Camacho, un empresario de 42 años y exlíder del Comité Cívico, impulsó las protestas en Santa Cruz que se extendieron a todo el país, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del mandatario indígena.

El gobernador no descarta que en algún momento lo detengan y llamó a la población a acudir a la plaza Cristo Redentor.

El líder civil ganó protagonismo durante las protestas contra Morales, cuando dijo que se trasladaría de Santa Cruz a La Paz con la Biblia en la mano derecha y con la carta de renuncia de Morales en la izquierda.

Camacho se postuló a la presidencia en las elecciones de octubre pasado, pero obtuvo el tercer lugar.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el “golpe de Estado debe resolverse en la justicia y no en las calles”.

“Lo que buscamos no es detención de cuatro meses, lo que estamos buscando es una condena de 30 años (de cárcel), porque aquí ha habido masacres sangrientas”, dijo sobre Áñez en referencia a los violentos incidentes registrados durante el gobierno transitorio.

Lima también informó el lunes que el gobierno y otros sectores presentaron cuatro demandas de juicios de responsabilidades o de privilegio que obedecen a denuncias por el contrato de crédito firmado por 327,2 millones de dólares contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que Luis Arce canceló y por impedir a ciudadanos bolivianos volver desde Chile en 2020, durante la pandemia.