Estados Unidos retira formalmente a Sudán de su lista negra de países que apoyan el terrorismo

Estados Unidos retiró formalmente a Sudán el lunes de su lista de países que apoyan el terrorismo, en la que figuraba desde 1993, una medida que podría alentar las inversiones extranjeras en el país.

“Puesto que el periodo de notificación en el Congreso, de 45 días, expiró, el secretario de Estado firmó una notificación que anula la designación de Sudán como un Estado que apoya el terrorismo. La medida es efectiva a partir de este 14 de diciembre”, anunció en Facebook la embajada estadounidense en Jartum.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que “esto representa un cambio fundamental en la relación bilateral hacia una mayor colaboración y apoyo a la histórica transición democrática de Sudán”.

Estados Unidos tomó esta medida tras haber acusado al entonces presidente sudanés, el islamista Omar al Bashir, de tener relaciones con “organizaciones terroristas” como Al Qaeda, cuyo jefe, Osama bin Laden, estuvo en el país en los años 1990.

Esta medida tan esperada por Jartum debería aportar una bocanada de aire a la economía del país, muy debilitada. La inscripción en la lista negra impedía a los países extranjeros comerciar e invertir en Sudán, so pena de ser sancionados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que quería trabajar con Jartum “para ayudarle a saldar sus deudas con las instituciones financieras internacionales”.

Y la Unión Europea elogió una “etapa importante”, que ofrecerá una “dinámica positiva” para la economía de Sudán.

“Felicitaciones al pueblo sudanés”, tuiteó por su parte el presidente del Consejo de Soberanía, el máximo órgano ejecutivo de Sudán, el general Abdel Fatah al Burhan. “Es una tarea que cumplieron los sudaneses, dentro del espíritu de la revolución”.

“Estamos de vuelta en el seno de la comunidad internacional (...). Esto ayudará al gobierno de transición a promover la inversión y la transferencia de dinero y a los jóvenes a encontrar trabajo”, comentó el primer ministro Abdalá Hamdok.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 19 de octubre la retirada de Jartum de esa lista negra, pero no se lo notificó formalmente al Congreso hasta el 26, después de que Sudán anunciara la normalización de sus relaciones con Israel, presionado por Washington.

Con todo, las autoridades sudanesas siempre negaron cualquier tipo de “chantaje” por parte de Estados Unidos.

No obstante, Jartum sigue esperando obtener la inmunidad legal en los asuntos relacionados con atentados pasados, para lo que se necesita una ley que está siendo tratada en el Congreso estadounidense.

El Congreso debe aprobar una ley que proclame la “paz legal” con Jartum, para otorgarle inmunidad legal como Estado en esos asuntos.

Sin embargo, las negociaciones en este sentido entre la administración Trump y el Congreso estadounidense tropiezan en varios frentes.

La decisión de Washington se enmarca en un acuerdo que prevé que Sudán indemnice con 335 millones de dólares a los familiares de víctimas de atentados perpetrados en 1998 por Al Qaeda contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania (más de 200 muertos). Y ello, debido a que las autoridades sudanesas de aquel entonces habían hospedado anteriormente a Bin Laden.

“La entrada en vigor de una ley sobre la paz legal que sea aceptable para Sudán y Estados Unidos es necesaria para que se desbloqueen los fondos”, declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado sobre estas indemnizaciones. Precisó que hay negociaciones en curso con el Congreso.

Recientemente, Sudán expresó su impaciencia, lamentando que algunos “compromisos políticos y económicos” no hubieran “sido respetados” por Washington.

El país advirtió que ese bloqueo podría “retrasar la aplicación del acuerdo” de normalización de las relaciones con Israel.

Estados Unidos retomó contacto con Jartum durante la presidencia del demócrata Barack Obama, cuando Al Bashir empezó a cooperar en la lucha antiterrorista; un proceso acelerado por la revuelta popular que desembocó en el derrocamiento del entonces mandatario sudanés en abril de 2019.