Expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado por financiación ilegal de su campaña
El tribunal de casación rechazó el último recurso que le quedaba al exmandatario y ahora tendrá que ser juzgado por "financiación ilegal de campaña electoral", un delito sancionable con un año de prisión y 3.750 euros de multa. Otras trece personas serán juzgadas al mismo tiempo en esta causa.
La más alta jurisdicción francesa confirmó este martes que el expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) será juzgado por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2012.
El tribunal de casación rechazó el último recurso que le quedaba a Sarkozy y ahora tendrá que ser juzgado por "financiación ilegal de campaña electoral", un delito sancionable con un año de prisión y 3.750 euros de multa. Otras trece personas serán juzgadas al mismo tiempo en esta causa.
La investigación del llamado caso "Bygmalion" fue abierta en 2014, año en que la prensa reveló que el exmandatario superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que es de 22,5 millones de euros.
El juez instructor consideró en febrero de 2017 que Sarkozy debía comparecer ante un tribunal junto con otros 13 acusados, y aunque el político conservador recurrió esa decisión, el Tribunal Supremo la validó hoy.
Según la acusación, para ocultar los sobrecostes de los actos electorales y de los viajes, los imputados recurrieron a los servicios de la empresa de comunicación Bygmalion, que emitió facturas falsas.
Su abogado, Emmanuel Piwnica, hizo notar en la cadena BFM TV que lo único que se le reprocha a su cliente es haber sobrepasado los límites de financiación, pero que no estaba implicado ni conocía la supuesta trama de falsificación de facturas.
La instrucción concluyó que se ocultaron unos 20 millones de euros de gastos que debían haber figurado en las cuentas de campaña de Sarkozy, que acabó costando al menos 42,8 millones.
Las cuentas de esa campaña -en la que salió derrotado frente al socialista François Hollande- fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que motivó que tuviera que pagar más de 360.000 euros de multa y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.
Esa multa no impidió que se abriera una investigación judicial y que en febrero de 2016 fuera inculpado.
La imputación mermó sus opciones de victoria en las primarias de la derecha de noviembre de ese año, en las que quedó tercero en la primera vuelta, por detrás de su ex primer ministro François Fillon, que acabó ganando, y del también ex jefe de Gobierno Alain Juppé.
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