La Fiscalía brasileña instauró este viernes una investigación sobre acusaciones formuladas contra el Presidente Jair Bolsonaro por sospechas de que no denunció una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna india anticovid Covaxin.

“En una notificación registrada este viernes por la mañana, la Fiscalía General de la República (PGR) informó al Supremo Tribunal Federal (STF) de la instauración de una investigación sobre los hechos denunciados” por tres senadores, que acusaron a Bolsonaro de prevaricación, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Para dar los primeros pasos de la investigación, el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, solicita la autorización de la jueza de la corte suprema Rosa Weber para pedir informaciones sobre el caso “y el eventual envío de pruebas” recogidas por otros organismos judiciales y legislativos.

Tres senadores presentaron el lunes pasado una demanda ante la Corte Suprema para investigar si Bolsonaro incurrió en el delito de “prevaricación” al no denunciar la presunta sobrefacturación en la compra de la vacuna Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, que al final no se realizó.

La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.

Según los hermanos Miranda, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.

Entre los tres legisladores que pidieron accionar al STF figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.

Bolsonaro se opuso constantemente a las medidas de aislamiento social, alegando su impacto negativo en la economía, promovió aglomeraciones sin el uso de mascarillas, cuestionó la eficacia de las vacunas y promocionó medicamentos sin eficacia comprobada contra la enfermedad.

De Medeiros solicitó inicialmente que el STF rechace la demanda de investigar a Bolsonaro, sosteniendo que de eso ya se estaba ocupando la CPI.

Pero la jueza Weber denegó esa solicitud, alegando que la Fiscalía no podía permanecer en “el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República”.

Si la Fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro, pedirá al STF que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el STF deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.

Pero esa hipótesis parece hoy poco probable, dado que el mandatario de ultraderecha cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso.

“La aceptación de investigar [la denuncia de prevaricación] es una derrota para el presidente, pero no veo ningún elemento que garantice una incriminación”, dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.

En paralelo a la CPI y a la investigación actual de la Fiscalía, la oposición presiona para que el presidente de la Cámara de Diputados acepte abrir un proceso de impeachment contra Bolsonaro.

La oposición convocó para el sábado la tercera jornada de movilizaciones desde fines de mayo, para pedir la salida de Bolsonaro.

Decenas de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales, así como algunos exaliados de Bolsonaro, entregaron el miércoles un documento que reúne un centenar de pedidos de destitución con más de 20 acusaciones.

Entre los cargos enumerados por ese “superpedido de impeachment” figuran el de “crímenes contra el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales” y “contra el cumplimiento de decisiones judiciales”, así como el de haber actuado con “negligencia” frente a la pandemia.