Fiscalía de Perú anuncia apertura de investigación por genocidio contra Presidenta Boluarte por las muertes en las protestas
La investigación es por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 que buscan que se realicen nuevas elecciones.
La Fiscalía de Perú anunció durante este martes la apertura de una nueva investigación a la presidenta del país, Dina Boluarte, por la muerte de al menos 17 personas en la jornada del lunes en la localidad de Juliaca, en el sur de la nación andina.
“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares correspondientes a los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy, estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal”, anunció la fiscal general de la nación, Patricia Benavides.
En declaraciones desde Trujillo, Benavides aseveró que el Ministerio Público no permitirá que “ninguna muerte quede impune” y ha puesto en valor la apertura de estas investigaciones contra “los altos funcionarios que resulten responsables de todo lo que está ocurriendo”.
La Fiscalía confirmó que la investigación es por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.
Asimismo, según un comunicado ministerial, la investigación preliminar incluye, además de a Boluarte, al primer ministro, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También se está investigando al ex primer ministro Pedro Ángulo, así como al exministro del Interior César Cervantes, ambos en el cargo al inicio del mandato de Boluarte.
Al menos 17 personas perdieron la vida el lunes durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Perú en el marco de las protestas que registra la nación andina desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a comienzos de diciembre tras tratar de disolver el Parlamento y decretar un Gobierno de excepción.
Entre las principales demandas de los manifestantes destaca la dimisión de Boluarte -hasta entonces número dos de Castillo- como presidenta del país y la convocatoria de nuevas elecciones.
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