La fiscal superior de Perú, Marita Barreto dijo que la medida de impedimento de salida del país por 36 meses de Lilia Paredes, esposa del Presidente Pedro Castillo es provisional y que podría cambiar si se detecta un peligro de fuga u obstaculización a las investigaciones.

Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, se pronunció sobre la situación de la primera dama, quien es investigada en el Ministerio Público al ser sindicada como integrante de una organización criminal que estaría liderada por el mandatario peruano, según reporta el diario limeño La República.

“Para la señora (Lilia Paredes) se ha pedido una medida menos gravosa que es el impedimento de salida y algunas restricciones en relación con el proceso. Esto es porque a ella no le hemos encontrado elementos de convicción que representen un peligro de fuga, que es una condición que nos pone la norma para que se pida una prisión preventiva”, declaró la fiscal a una emisora local, reporta el periódico limeño.

Agregó que la Fiscalía podría cambiar la medida por prisión preventiva si así lo considera necesario. “Puede haber una vinculación concreta y directa con el desarrollo del delito, pero no puede haber elementos para un peligro de fuga. Y si lo hay, la medida provisional (impedimento de salida del país), puede variar si se descubre que hay un intento de fuga u obstrucción o perturbación a la investigación”.

En tanto, el juez Raúl Justiniano reprogramó la audiencia para revisar el pedido de impedimento de salida del país contra la mujer del mandatario para el próximo lunes 5 de septiembre y que se tenía previsto que esta sea el 31 de agosto.

Según la tesis fiscal, Lilia Paredes estaría vinculada directamente por presuntas irregularidades en obras públicas realizadas en Cajamarca mediante presuntas licitaciones fraudulentas con empresas fachadas. Ella habría desempeñado el rol de coordinadora.

El domingo, un juez dictó 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, al encontrar un presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias en la investigación por colusión agravada y lavado de activos.