El gobierno francés encara una semana decisiva para desactivar la crisis de los "chalecos amarillos"

Sosegado por la caída de la movilización de los "chalecos amarillos" durante el fin de semana, que se manifestaron por quinto sábado consecutivo, el gobierno francés comienza una carrera contrarreloj para implementar las medidas anunciadas por Emmanuel Macron y lanzar una gran consulta con la esperanza de poner fin a la crisis.

El primer ministro Edouard Philippe dio el puntapié inicial de una semana decisiva detallando en una entrevista con el diario Les Echos las medidas anunciadas hace seis días por el presidente.

Entre tanto, en las rotondas de las carreteras del país ocupadas por los "chalecos amarillos", éstos temen ser evacuados por la fuerza en los próximos días.

El gobierno lo pidió expresamente. El ministro de Interior, Christophe Castaner, dijo que ya era suficiente, que los "chalecos amarillos" deben dejar las rotondas. "¡Ya basta!", dijo Castaner.

El presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, del partido de Macron, habló de la posibilidad de enviar a la policía antidisturbios para "liberar el espacio público".

"Si el gobierno hace eso es que no entendió nada", dijo a la agencia AFP un portavoz de los "chalecos amarillos", Pierre-Gaël Laveder, de Saône-et-Loire (centroeste de Francia).

La noche del domingo hubo incendios en varias instalaciones de autopistas del sur de Francia. Desde hace semanas, los peajes y otras instalaciones están siendo dañados. El lunes por la mañana la empresa Vinci, que gestiona las autopistas, dio cuenta de menos manifestaciones pero aclaró que algunos cruces seguían perturbados, incluso algunos cerrados.

"No podemos seguir paralizando la economía francesa, paralizar el comercio de nuestros pueblos, nuestras ciudades", dijo el ministro de Interior.

Philippe insistió en Les Echos que recibió "el mensaje de los franceses: quieren que vayamos más rápido sobre el poder adquisitivo asociándolos aún más a las decisiones".

Philippe presentó a grandes rasgos las medidas con las que el gobierno espera poner fin a la crisis desatada hace un mes.

Entre ellas un aumento de 100 euros mensuales para los trabajadores que ganen el salario mínimo, la defiscalización de las horas extras o la exención de un aumento de impuestos para algunos jubilados.

Estas medidas tendrán un costo de "10.000 millones de euros" para las arcas públicas, y harán que el déficit alcance en 2019 el 3,2% del PIB, según las autoridades.

Para atenuar su impacto en el Tesoro, el gobierno decidió aplazar un año una reducción impositiva a las empresas que iba a aplicarse en 2019. La medida se aplicará no obstante a las empresas que facturen menos de 250 millones de euros anuales.

Estas medidas serán presentadas en forma de proyecto del ley el miércoles en el Consejo de Ministros, antes de pasara a la Asamblea el jueves y al Senado el viernes.

El gobierno espera que las dos cámaras las aprueben y que puedan aplicarse a partir del 1 de enero.

El presidente Macron reunirá por su parte el martes a sus ministros y a representantes económicos para organizar una gran ronda de debate nacional, anunciada en el marco de las medidas para responder a la crisis.

Estas consultas, que deben durar dos meses y medio, tratarán grandes temas como la transición ecológica, la fiscalidad, la organización del Estado, la democracia y la ciudadanía y también la inmigración.