La organización Human Rights Watch (HRW) lanzó este martes el reporte Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución, que examina las políticas y prácticas israelíes hacia los palestinos en los territorios palestinos e Israel y los compara con el trato de los judíos israelíes que viven en los mismos territorios.

El texto concluye que el gobierno israelí “ha demostrado una intención de mantener el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados. Esa intención se ha combinado con la opresión sistemática de los palestinos y los actos inhumanos cometidos contra ellos. Cuando estos elementos ocurren juntos, equivalen al crimen de apartheid”.

El informe examina “las prácticas del gobierno israelí y políticas que violan los derechos básicos de los palestinos, cuyo propósito es asegurar la dominación de los judíos israelíes”. Esto es contrastado con las “definiciones de los crímenes contra la humanidad del apartheid y la persecución”.

Según el diario británico The Times, el informe de HRW es el primero de una organización internacional importante que presenta una justificación legal completa para determinar que Israel ha “cruzado el umbral” del crimen de apartheid contra los palestinos.

El texto de 223 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, señala que no busca “comparar a Israel con Sudáfrica bajo el apartheid ni a determinar si Israel es un ‘Estado de apartheid’, un concepto que no está definido en ley internacional. Más bien, el informe evalúa si los actos y políticas específicos que se llevaron a cabo por las autoridades israelíes equivalen en áreas particulares a los crímenes del apartheid y persecución según la definición del derecho internacional”.

Human Rights Watch señala que los “funcionarios israelíes también han cometido el crimen de persecución contra la humanidad”. Esto, argumenta la ONG, se basa en la intención discriminatoria detrás del trato de Israel a los palestinos y los graves abusos cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados, que incluyen la confiscación generalizada de tierras de propiedad privada, la prohibición efectiva de construir o vivir en muchas áreas, la negación masiva de los derechos de residencia y restricciones radicales de décadas a la libertad de movimiento y derechos civiles básicos.

“Tales políticas y prácticas privan -de manera intencional y grave- a millones de palestinos de derechos fundamentales claves, incluidos la residencia, la propiedad y el acceso a la tierra, los servicios y los recursos, de manera generalizada y sistemática en virtud de su identidad como palestinos”, indica el texto.

El organismo dice que la política israelí “ha buscado maximizar el número de judíos, así como la tierra disponible para ellos en Israel y las partes de los Territorios Palestinos Ocupados que son codiciadas por el gobierno israelí para el asentamiento judío. Al mismo tiempo, al restringir los derechos de residencia de los palestinos, la política israelí busca minimizar el número de palestinos y la tierra disponible para ellos en esas áreas. El nivel de represión es más severo en los Territorios Palestinos Ocupados, aunque a menudo se pueden encontrar aspectos severos de políticas similares dentro de Israel”.

En Cisjordania, dice el reporte, las autoridades han confiscado más de dos millones de dunams (unidad de tierra que equivale a mil metros cuadrados) de tierra de palestinos, que representan más de un tercio de Cisjordania, incluidas decenas de miles de dunams que ellos reconocen como propiedad privada de palestinos. La táctica común que han utilizado es declarar los territorios, incluidos los de propiedad privada, como “tierra estatal”.

El grupo israelí Peace Now estima que el gobierno israelí ha designado alrededor de 1,4 millones de dunams de tierra, o alrededor de una cuarta parte de Cisjordania, como tierra estatal. El grupo también ha descubierto que más del 30% de la tierra utilizada para asentamientos fue propiedad de palestinos, según ha sido reconocido por el propio gobierno israelí.

Las autoridades israelíes también han hecho que sea prácticamente imposible en la práctica para los palestinos que están en el Área C -que representa cerca del 60% de Cisjordania y que los Acuerdos de Oslo colocaron bajo el pleno control de Israel- así como para los que viven en Jerusalén Este, poder obtener permisos de construcción. En el Área C, por ejemplo, las autoridades aprobaron menos del 1,5% de las solicitudes de palestinos para construir entre 2016 y 2018. En total, una cifra 100 veces menor que la cantidad de órdenes de demolición que el gobierno israelí emitió en el mismo período, según datos oficiales.

Estas políticas surgen de planes del gobierno israelí de larga data, recuerda el informe. Por ejemplo, el Plan Drobles de 1980, que guió la política de asentamientos del gobierno en Cisjordania, pidió a las autoridades que “colonicen la tierra entre los centros de población (árabe) minoritaria y sus alrededores”, haciendo notar que de hacerlo haría “difícil para los palestinos crear contigüidad territorial y unidad política”.

En Jerusalén, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto el oeste como la parte este de la ciudad, establece el objetivo de “mantener una sólida mayoría judía en la ciudad” y una “proporción demográfica de 70% de judíos y 30% de árabes”, la que luego fue ajustada a una relación 60:40, después de que las autoridades reconocieron que “este objetivo no es alcanzable” a la luz de “la tendencia demográfica”.

“Los palestinos enfrentan restricciones discriminatorias a sus derechos de residencia y nacionalidad en diversos grados en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel. Las autoridades israelíes han utilizado su control sobre el registro de población en Cisjordania y Gaza”, indicó el reporte.

“Las autoridades israelíes se negaron a registrar al menos a 270.000 palestinos que estaban fuera de Cisjordania y Gaza cuando la ocupación comenzó en 1967 y revocó la residencia de casi 250.000, principalmente por estar en el extranjero durante demasiado tiempo entre 1967 y 1994. Desde 2000, las autoridades israelíes se han negado en gran medida a procesar solicitudes de reunificación familiar o solicitudes de cambio de domicilio por parte de palestinos en Cisjordania y Gaza”, añadió.

El organismo internacional con sede en Nueva York hace recomendaciones en el reporte y señala que el gobierno israelí “debería desmantelar todas las formas de dominación sistemática y opresión que privilegia a los judíos israelíes y reprime sistemáticamente a los palestinos, y acabar la persecución de los palestinos”. En particular, “las autoridades deben poner fin a la discriminación política y prácticas respecto de los derechos de ciudadanía y residencia, derechos civiles, libertad de movimiento, asignación de tierras y recursos, acceso al agua, electricidad y otros servicios, y otorgamiento de permisos de construcción”.

“Las autoridades israelíes deben dejar de construir asentamientos y desmantelar los existentes y deben proporcionar a los palestinos en Cisjordania y Gaza un completo respeto de sus derechos humanos, utilizando como referencia los derechos que otorga Israel a sus ciudadanos, así como las protecciones que les entrega el derecho internacional humanitario”, añadió.

Asimismo, recomienda a la Autoridad Palestina (AP) que ponga fin a las formas de coordinación de seguridad con el Ejército israelí “que contribuyan a facilitar los crímenes de lesa humanidad del apartheid y la persecución”.

Por otro lado, señala que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “debe investigar y enjuiciar a personas implicadas de manera creíble en los crímenes de lesa humanidad del apartheid o persecución”. La CPI, advierte, tiene jurisdicción y el fiscal “ha abierto una investigación por delitos graves cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados”.

Previo a que se publicara el informe, el diario israelí The Jerusalem Post publicó una columna en la que señala que el informe de Human Rights Watch “demoniza a Israel a través de la propaganda del apartheid”. “Revela la misma mezcla de propaganda estridente, acusaciones falsas y distorsiones legales comercializado por la red de ONG durante décadas”, escribe Gerald M. Steinberg, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Bar-Ilan.

Según Steinberg, Omar Shakir, “director de Israel y Palestina” de HRW, figura como el autor principal de la publicación. El columnista asegura que Shakir “invoca repetidamente el ‘apartheid’ y el ‘racismo’ cuando se habla de Israel”. “Para Shakir, quien se fue de Israel después de que su visa de trabajo no fue renovada y tras una larga batalla judicial, esto es propaganda de venganza”, concluye.

“Se sabe que Human Rights Watch tiene una agenda antiisraelí de larga data, que durante años ha buscado activamente promover boicots contra Israel”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado. “Su decisión de no compartir este informe para su revisión o comentario con ninguna autoridad israelí es una clara indicación de que es un folleto de propaganda, que carece de toda credibilidad”, agregó.

Pero Omar Shakir, autor del informe, insistió en su postura. “Llevamos años diciendo que estamos cerca del apartheid (en Israel/Palestina) y creo que ahora está claro que se ha cruzado el umbral”, declaró a France Presse.

La Comunidad Palestina de Chile recibió con “satisfacción el informe”. “Llega en un momento en que la Corte Penal Internacional investiga crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en los Territorios Palestinos Ocupados y en momentos que se intensifican las agresiones y la colonización en Jerusalén Oriental, despojando a los palestinos de sus propiedades”, indicó en un comunicado el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis.

La decisión de HRW de utilizar el término “apartheid” y de calificar de “persecución” las políticas israelíes hacia su minoría árabe y los palestinos se produce semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por Israel desde 2014 en los territorios ocupados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la decisión de la CPI de “antisemita”.

El futuro de esta investigación (que incluye un apartado sobre la expansión de las colonias) está en manos del futuro fiscal Karim Khan, que sucederá a Fatou Bensouda a mediados de junio.