José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch: "Es lamentable que el restablecimiento del orden público no se haya podido lograr solo con Carabineros"

Las protestas en Santiago y otras ciudades del país han captado la atención a nivel internacional, así como también el despliegue del Ejército.En conversación con La Tercera, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, analiza con La Tercera la actual crisis.

Human Rights Watch publicó una declaración sobre que "la respuesta de Chile a las protestas debe respetar los derechos humanos" ¿Cómo evalúa la situación en el país?

Desde el viernes pasado hasta la fecha se han registrado numerosas e importantes manifestaciones pacíficas, críticas, contra el gobierno y el establishment político en Chile. Asimismo hemos constatado la comisión de delitos graves por parte de algunos manifestantes, que incluyen destrucción de bienes públicos, como las estaciones del Metro y otros edificios; el incendio de propiedades; el saqueo y el robo de supermercados y otras tiendas e incluso a particulares. Son delitos graves que deben ser investigados y, desde luego, sancionados por el sistema judicial chileno. Asimismo, hemos podido conocer denuncias creíbles, testimonios e incluso videos y fotografías que muestran incidentes donde, evidentemente, ha habido un exceso en el uso de la fuerza por parte de Carabineros, así como personal de las Fuerzas Armadas. Todo ello es muy preocupante y por eso que es importante, es crucial, que el gobierno, incluyendo el propio Presidente Sebastián Piñera reitere -cada vez que sea posible- que así como no hay tolerancia frente al delito común, tampoco la hay frente a violaciones a los derechos humanos. Ese mensaje me parece que está ausente. Hoy (ayer) conocimos el testimonio del vicepresidente del Colegio Médico ante el Parlamento, que señaló que estaban registrando personas con proyectiles en el rostro y algunos en los ojos y esas personas van a quedar ciegas. Eso es algo que debe generar inmediata reacción por parte de las autoridades y aquellos funcionarios de la fuerza pública involucrados en esos hechos deben ser investigados y deben no solo sancionarse, deben prevenirse este tipo de conductas que no se ajustan a los estándares vigentes.

¿Cómo HRW comprueba que las denuncias sean verdaderas, considerando que hay muchos videos que circulan en las redes sociales que son falsos?

No estamos utilizando videos que circulan en las redes sociales precisamente porque no se puede garantizar su autenticidad, porque es muy difícil verificar que se trate de hechos genuinos. Para eso somos muy cuidadosos y utilizamos, fundamentalmente, cuando se trata de videos que son promovidos o difundidos por los medios de comunicación nacionales o internacionales, que han sido ya objeto de algún tipo de escrutinio y nosotros mismos también intentamos con nuestros recursos verificar la autenticidad de esos videos, que no sean alterados, que tengan alguna base. Y si podemos corroboramos también con la información proveniente de otra fuente, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la propia fuente oficial, los comunicados regulares del Ministerio del Interior y las propias Fuerzas Armadas.

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El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. FOTO: EFE[/caption]

¿Cómo cree que está quedando la imagen de Chile en el exterior?

Hay consciencia de varias cosas. Primero, que hay un gran descontento y unas manifestaciones de protesta, especialmente de aquellos que forman parte de la clase media y los sectores populares. Creo que se ha resquebrajado la percepción internacional que en Chile todo estaba bien, especialmente comparado con los vecinos. Por otro lado, las imágenes de reacciones, de manifestantes violentos, cometiendo delitos, la destrucción, queda en la retina de muchos una sensación de gran violencia y de la comisión de graves crímenes, contra la propiedad y contra el transporte público. Ante eso, la percepción es que hay problemas serios de orden público en Chile y que el gobierno tiene la obligación de restablecer el orden público. Es lamentable de cualquier manera que el restablecimiento del orden público no se haya podido lograr con la participación solo de Carabineros, de la policía. Lo normal frente a este tipo de eventos es que las policías puedan restablecer rápidamente el control del orden público con medios disuasivos. No estoy cuestionando o discutiendo, por ejemplo, que el gobierno haya llegado a declarar Estado de Emergencia, toque de queda. No se trata de eso: la preocupación se trata por el hecho de recurrir a militares que están entrenados y preparados para un conflicto armado. No estoy cuestionando o discutiendo, por ejemplo, que el gobierno haya llegado a declarar Estado de Emergencia, toque de queda. Esa es una pregunta empírica. No tengo los elementos como para decir que aquí esas medidas no se justificaban, no era necesario. No estamos en esas condiciones, ni de avalar ni de cuestionar, ninguna de las dos cosas. La noticia a nivel mundial que Chile está en problemas, que hay un gran descontento, que ese descontento es genuino, que se manifiesta en reacciones pacíficas de sectores de clase media y en sectores populares, pero que al mismo tiempo se han registrado hechos de gran violencia por parte de algunos manifestantes, que son casos que deben ser sancionados e investigados. El que el gobierno se haya visto obligado a recurrir al Ejército y con medidas tan excepcionales como el toque de queda y la declaración de Estado de Emergencia es visto con preocupación, no porque exista una desproporción, porque a nivel internacional la gente diga: 'Por Dios no se justificaba esto pudieron haber controlado el orden público simplemente acudiendo a los Carabineros'. No se trata de eso, la preocupación se trata por el hecho de recurrir a militares que están entrenados y preparados para un conflicto armado. La diferencia entre el entrenamiento militar y la preparación policial está justamente en una cuestión que es central, que es el uso de la fuerza letal, es decir, la posibilidad de disparar para neutralizar un objetivo militar. En el caso de los militares, el uso de la fuerza letal, es decir, el disparar a matar, es la primera opción. Ellos operan en un contexto de guerra, de conflicto armado. Todos los militares en el mundo entero, por muy profesionales que sean, los militares están entrenados para dar de baja a lo que se llama un objetivo militar y hacer obviamente una distinción entre civiles y combatientes. Pero el militar está preparado para eso; no está preparado para capturar, para hacer un tiro al aire. Esas son otras condiciones. En un conflicto armado es perfectamente legítimo hacer uso, de acuerdo a las reglas propias del derecho internacional humanitario, hacer uso de la fuerza letal frente a un objetivo militar legítimo, no frente a un civil, a un niño. Esa es toda la preparación que, en esencia, están preparados para eso. Los policías, en cambio, por definición en Chile y en el resto del mundo, pueden recurrir a la fuerza letal como la última opción en circunstancias absolutamente extraordinarias, cuando lo estén haciendo en defensa propia o en defensa de terceros. Los policías tienen todo tipo de opciones previas y el disparar a una persona ya sea para inmovilizar una pierna o para hacer uso de la fuerza letal son opciones que están circunscritas a circunstancias absolutamente excepcionales y enfrentar manifestaciones o expresiones violentas en las calles o saqueos es una cuestión supremamente delicada llegar a utilizar a militares para ese tipo de tareas.