Juez brasileño anula orden de captura contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes
El recurso de habeas corpus que anuló la decisión anterior fue dictado por el magistrado Rogério Schietti, quien consideró en su fallo que no existen "razones que justifiquen" la orden de prisión preventiva en contra del político paraguayo, que gobernó su país entre 2013 y 2018.
Un miembro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil revocó este viernes la orden de captura librada por un juzgado de Río de Janeiro contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes, acusado de lavado de dinero y otros delitos.
El recurso de habeas corpus que anuló la decisión anterior fue dictado por el magistrado Rogério Schietti, quien consideró en su fallo que no existen "razones que justifiquen" la orden de prisión preventiva en contra del político paraguayo, que gobernó su país entre 2013 y 2018.
Cartes es investigado en Brasil por la Lava Jato, una operación anticorrupción que ha destapado enormes redes de corrupción tanto en el país como a nivel trasnacional y que le ha acusado de participar en una organización delictiva dedicada al lavado de dinero.
El juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, dictó el 19 de noviembre una orden de captura y prisión preventiva contra Cartes y también volcó sospechas de corrupción sobre Juan Ernesto Villamayor, actual jefe del Gabinete Civil de Paraguay y considerado el brazo derecho del presidente Mario Abdo Benítez.
La principal acusación contra Cartes es de que "ayudó" a Darío Messer, considerado como el "mayor cambista de Brasil" y detenido en Sao Paulo en julio pasado, a huir de la Justicia y ocultar su vasto patrimonio.
"La participación del expresidente de Paraguay está bastante clara, como mínimo como alguien que financió una organización delictiva en un determinado momento", señaló el fiscal José Augusto Vagos, uno de los responsables de la investigación.
Messer fue apuntado como el presunto líder de una red dedicada principalmente al lavado de dinero y la evasión de divisas que movilizó en los últimos años unos 1.600 millones de dólares en 52 países y a través de unas 3 mil empresas offshore, de acuerdo a la Fiscalía brasileña.
El Ministerio Público de Brasil también sospecha que esos recursos pudieron servir para financiar "crímenes como contrabando de cigarros, trafico de drogas y tráfico de armas".
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