La junta de Myanmar suma cuatro años de prisión a la condena de Aung San Suu Kyi
En los últimos meses, la ganadora del Nobel de la Paz, acumula inculpaciones por cargos de sedición, corrupción, incitación a los desórdenes y fraude electoral. La nueva condena apunta a contrabando de aparatos de radiocomunicación.
La junta militar de Myanmar condenó este lunes a Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión, en uno de varios procesos que enfrenta la derrocada gobernante, que podría pasar décadas detenida.
La ganadora del Nobel de la Paz, en detención domiciliaria desde el golpe de Estado de febrero de 2021 que derrotó su gobierno, fue condenada a cuatro años de prisión por contrabando de aparatos de radiocomunicación (walkie-talkies), indicó una fuente cercana al proceso.
El comité que entrega el Premio Nobel de la Paz denunció un “proceso político” y expresó su inquietud por la situación.
La exlíder de Myanmar ya había sido condenada en diciembre a cuatro años de prisión por romper las reglas sanitarias del Covid, aunque la pena fue conmutada a dos años por los militares que están en el poder.
Bajo el anterior gobierno de la junta militar, la connotada activista pasó largos períodos bajo arresto domiciliario en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad de Myanmar.
Actualmente está detenida en un lugar de la capital que no ha sido revelado y su único contacto con el mundo exterior son las reuniones con sus abogados antes de las audiencias. Sus representantes tienen prohibido hablar con la prensa.
Un vocero de la Junta militar, el general de división Zaw Min Tun confirmó, a la AFP el veredicto del lunes, precisando que Suu Kyi permanecerá bajo arresto domiciliario durante el proceso.
“Táctica del miedo”
Debbie Stothard, de la ong Alternative ASEAN Network on Myanmar, calificó esta nueva condena como una “bofetada” para los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que intentan un diálogo sobre Birmania.
“El bloque debe coordinarse más con la ONU, con Estados Unidos y con la UE y deben ser impuestas nuevas sanciones contra los intereses económicos de los generales”, indicó.
Para Manny Maung, de la ong Human Rights Watch, este veredicto puede atizar la indignación de la población.
“Todo el mundo sabe que estas acusaciones son falsas”, indicó Maung, explicando que los militares usan la “táctica del miedo para mantenerla en detención arbitraria” y mantenerla al margen del panorama político.
En los últimos meses Suu Kyi acumula inculpaciones por cargos de sedición, corrupción, incitación a los desórdenes y fraude electoral.
El proceso se desarrolla a puerta cerrada en la capital Naipyidó y en el juicio también está siendo procesado el expresidente de Myanmar, Win Myint, que fue arrestado tras la toma del poder por los militares.
El golpe de Estado generó caos en el país y cerca de 1.400 personas fueron asesinadas, según el balance de una ong local.
La influencia política de Suu Kyi ha disminuido desde el golpe ya que hay una nueva generación que defiende la lucha armada con los militares, con posturas políticas diferentes a la de derrocada líder.
Pero esta activista, que es hija de un héroe de la independencia, sigue teniendo un lugar preponderante en el corazón de la población de Myanmar.
Human Rights Watch recordó que la condena provocó “una ola de protestas en las redes sociales”.
Al menos 175 personas, la mayoría de ellos miembros del partido de Suu Kyi, Liga Nacional por la Democracia (LND), murieron en detención, “probablemente debido a malos tratos o la tortura”, denunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Los generales justificaron el golpe afirmando que en las elecciones de 2020, en las que se impuso el LND hubo fraude generalizado.
La junta militar prometió celebrar comicios en 2023, pero las actuales condenas emitidas contra Suu Kyi que suman seis años le impedirían participar en el proceso.
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