Fiscalía pedirá prisión provisional para miembro de La Manada que intentó obtener un pasaporte
El pasado lunes el guardia civil condenado por el caso La Manada intentó obtener una renovación de su pasaporte pese a su libertad provisional.
Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada intentó obtener el pasaporte el pasado lunes 25, pero su petición fue rechazada anunciaron medios españoles. Por ello la Fiscalía española solicitó este jueves al tribunal convocar una nueva comparecencia en su contra para solicitar la medida cautelar de ingresarlo a prisión.
El Ministerio Público español indica que la solicitud se produce "ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".
Además detalla El País, se le solicita a la Audiencia Provincial de Navarra a que investigue "si los hechos pudieron ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa".
Guerrero forma parte del grupo de cinco hombres que abusó sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Él, junto a sus otros cuatro compañeros, fueron condenados a 9 años de cárcel, pero luego puestos en libertad provisional.
Según informó la Policía Nacional de España "pillado uno de los miembros de La Manada cuando intentaba obtener un pasaporte, teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado".
https://twitter.com/policia/status/1012274118320943104
El guardia civil, señala un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Efe, había solicitado una cita previa para realizar el trámite de obtener pasaporte y acudió a la oficina a las 11.30 del pasado lunes. La solicitud fue rechazada por la jefa del equipo de expedición de esos documentos pues tiene prohibida la salida del territorio español.
El pasado 22 de junio la Audiencia de Navarra decretó libertad provisional a los miembros de La Manada luego de que cumplieran dos años de prisión. Según el tribunal el hecho que de que hayan perdido el anonimato hacía "menos impensable" el riesgo a que reincidan en su delito y además no hay posibilidad de fuga.
Actualmente los condenados tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar al perímetro donde reside la víctima, se les retiró el pasaporte y no pueden salir del territorio español sin autorización judicial.
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