Miembros de la coalición gubernamental de Israel aseguran que la reforma judicial “está muerta”

An aerial view shows right-wing demonstrators at a protest calling on the Israeli government to complete its planned judicial overhaul, in front of the Knesset, Israel's Parliament, in Jerusalem
Un grupo de personas protesta en respaldo de la reforma judicial impulsada por Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ilan Rosenberg

El premier Benjamin Netanyahu decidió no seguir adelante con la reforma por las presiones políticas provenientes de Estados Unidos, aunque el ministro de Justicia, Yariv Levin, no tiene intención de dimitir.


Miembros de la coalición gubernamental israelí aseguraron durante este viernes que la reforma judicial impulsada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, “está muerta”.

Netanyahu decidió no seguir adelante con la reforma por las presiones políticas provenientes de Estados Unidos, aunque el ministro de Justicia, Yariv Levin, no tiene intención de dimitir, según han explicado a la cadena Shishi Bekan 11 News.

Por otro lado, Netanyahu está considerando organizar un debate para permitir la pena de muerte para terroristas en un intento de apaciguar al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, cuyo descontento ante la “débil respuesta” del gobierno a los últimos enfrentamientos en la Franja de Gaza puede poner en peligro la coalición.

Esta ley ya fue aprobada en una lectura preliminar a principios de marzo, pero el Comité Ministerial para Legislación decidió que no saliese adelante por la oposición de la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, que exigió al gobierno discutir las consecuencias de la ley.

Gvir ya anunció que boicoteará las votaciones en el Parlamento y ha pedido participar en la toma de decisiones en materia de seguridad.

Cientos de miles de personas se han manifestado en Israel durante las últimas semanas contra esta reforma, argumentando que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.

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