Pandora Papers, reformas económicas y presión indígena: los frentes que complican a Lasso en Ecuador

En una tormentosa semana en Quito marcada por la filtración de los Pandora Papers, que involucran al Presidente Guillermo Lasso con al menos 10 compañías offshore con destino en Panamá, el gobierno ecuatoriano que asumió el poder el 24 de mayo ha intentado apaciguar el revuelo provocado por la investigación, mientras distintos frentes complican el escenario político.

En las últimas semanas, el Ejecutivo debió enfrentar una crisis en el sistema carcelario, una polarización ante el paquete de reformas económicas impulsado por el oficialismo y un conflicto con el movimiento indígena, lo que pone en evidencia las dificultades para Lasso de cara a sus próximos cuatro años de mandato y ante eventuales movilizaciones.

“Al crearse la ley del 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de las empresas, de manera fulminante, sin ningún tipo de protestas, demora u objeción”, aseguró el mandatario ecuatoriano en defensa ante las acusaciones de fideicomisos en paraísos fiscales.

El economista y exbanquero, de 65 años, acusó que los documentos que lo involucran en una “transferencia de acciones y activos de entidades panameñas a dos fideicomisos en Dakota del Sur” estaban “fuera de contexto” y para evitar una “confusión” invitó al Palacio Carondelet a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que acordaron por unanimidad abrir una investigación con el objetivo de esclarecer cualquier tipo de vínculo de Lasso con el caso Pandora Papers.

Un día después de la decisión de la Asamblea Nacional, el mandatario anunció que renunciaba al secreto bancario y solicitó a la Contraloría General del Estado examinar la declaración patrimonial jurada que presentó antes de asumir el poder. Además, Lasso indicó que envió 42 páginas de documentos que corroborarían los pasos que han tomado sus cuentas bancarias en el exterior.

En paralelo a la indagatoria del Legislativo y de Contraloría, el correísmo solicitó formar una comisión multipartidista para analizar la información financiera del jefe de Estado. Mientras, los excandidatos presidenciales vuelven a la arena política. Así, Andrés Arauz pidió la renuncia o destitución de Lasso, mientras que el líder del partido Pachakutik, Yaku Pérez, presentó una denuncia ante la fiscalía por presunta evasión de impuestos.

“El señor Presidente ha aceptado que evadió impuestos, porque dice que tenía dinero en paraísos fiscales y no pagó impuestos antes de la última candidatura. La Constitución y el Código Penal dicen que es un deber de los ecuatorianos denunciar los actos de corrupción. En tal virtud, lo menos que podemos hacer es ir a esta fiscalía para presentar una denuncia y que se abra un proceso de investigación para que la fiscalía pida al Servicio de Rentas Internas todos los movimientos financieros, los pagos y los impuestos del señor Guillermo Lasso, de sus familiares y sus más cercanos, desde el año 2013, cuando fue candidato presidencial”, criticó Pérez.

Las dificultades del gobierno entrante se han agudizado en los últimos 15 días. El jueves pasado, Ecuador debió decretar estado de excepción en todas las cárceles del país después de registrar uno de sus motines más violentos, que dejó 119 fallecidos. Este incidente convierte a 2021 en el año más mortífero hasta ahora, con 239 muertes en prisiones.

Según el diario The Washington Post, la crisis del sistema penitenciario se arrastra desde hace años y se agudizó durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. El hacinamiento en las prisiones supera el 29%, el alza de acusados bajo prisión preventiva y la crisis económica hacen que para el Estado sea imposible controlar la situación.

Tras la ruptura de Lasso con uno de sus socios en la campaña, el Partido Social Cristiano, el oficialista Movimiento Creando Oportunidades (CREO) quedó con minoría en la Asamblea Nacional y sus intentos por sacar adelante el denominado “paquetazo económico” han sido bloqueados en el pleno.

En defensa a las reformas, Lasso entregó una serie de datos sobre la “dramática realidad” económica ecuatoriana, como que la deuda pública supera los US$ 63.000 millones, que existe un “heredado e insostenible déficit fiscal” de US$ 7.000 millones que se ahondó con la pandemia del Covid-19, y que hay una crisis de empleo debido a que a nivel nacional solo tres de cada 10 ciudadanos tienen un trabajo formal.

El proyecto de ley llamado Ley de Creación de Oportunidades incluye cambios tributarios, laborales y de inversión. Entre las propuestas surge la eliminación de IVA en productos de la canasta básica, una contribución especial de los “estratos más ricos”, la suspensión del IVA en servicios de hostelería para turistas extranjeros, y la creación de un régimen voluntario para trabajadores y emprendedores.

Uno de los focos de tensión es el ajuste en la deducción del impuesto a las rentas superiores a US$ 24.000 anuales, lo que afectará a las personas que reciban un promedio de sueldo mensual de US$ 2.000, en un país cuyos servicios y productos de primera necesidad bordean los US$ 700, aunque según cifras gubernamentales solo golpeará al 3,5% de la población activa. De acuerdo con Bloomberg, Ecuador ha caído en default 11 veces en su historia y el 30% de la población vive en la pobreza.

El Legislativo de 137 curules requiere 70 votos para aprobar las leyes. El oficialismo partió con 12 escaños y a la fecha suma 26 respaldos, pero el correísmo -bajo el partido Unión por la Esperanza- cuenta con 48 escaños. Según el Observatorio Legislativo de Ecuador, más de 100 asambleístas se definen de izquierda o centro frente a un Ejecutivo de derecha. Ante el difícil camino para conformar alianzas políticas que le permitan sacar adelante sus iniciativas, el mandatario anunció que si no obtiene luz verde en el Parlamento llevará adelante una consulta ciudadana.

Un “espaldarazo” a la gestión de Lasso llegó como respuesta a la compra de las vacunas contra el Covid-19, que permitieron en los primeros 100 días de gobierno inmunizar a nueve millones de personas. Hasta ayer, el 63,5% de la población ecuatoriana estaba cubierta con al menos una dosis y un 55,5% con el esquema completo, según datos del sitio Our World in Data. Una encuesta de Cedatos sostiene que entre todos los líderes latinoamericanos, Lasso ocupa el segundo lugar de aprobación, con un 74,1% de aceptación, siendo superado solamente por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, con un 85%.

Sin embargo, en su más reciente desafío, el jefe de Estado debe hacer frente ahora a las históricas demandas del movimiento indígena. Después de 45 días desde la invitación del Ejecutivo para iniciar una mesa de negociación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) abandonó el miércoles el Palacio de Carondelet luego de tres horas de diálogo infructífero.

El líder de la Conaie, Leonidas Iza, enfatizó que el petitorio tiene seis puntos. El primero es la “derogación de los tres decretos que están incrementando paulatinamente el valor de los combustibles” fijados en base al mercado internacional para pasar a un “congelamiento de precios” y una evaluación de “los efectos negativos” de la focalización.

Además, buscan una revisión a los créditos del sistema financiero, políticas públicas para los productores agropecuarios, abordar el “problema minero-petrolero” y la revisión de la “dependencia del extractivismo”, que en 40 años ha generado impactos ambientales negativos, y evaluar la “criminalización” de los defensores sociales.

Lasso celebró la primera jornada de “diálogo constructivo”, que tuvo entre las “coincidencias” la propuesta de una educación intercultural bilingüe con español y quechua, la apertura desde enero de créditos al 1% de interés para mujeres emprendedoras y agricultores, pero que dejó en vilo el futuro de los combustibles. Según el diario ecuatoriano Expreso, Iza solicitó en agosto un ampliado que incluya a distintos colectivos sociales, sindicatos y trabajadores para resolver las demandas del denominado Parlamento Plurinacional, constituido hace dos años.

El movimiento indígena llevó a cabo una movilización pacífica el miércoles en Quito, en un intento por anticipar lo que podría ocurrir si convocan un paro nacional, al que se podría sumar el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La situación, estiman algunos, recuerda al estallido social de octubre de 2019, cuando la Conaie obligó al entonces presidente Lenín Moreno a retractarse de un alza de la bencina, tras jornadas que dejaron más de seis fallecidos y 1.500 heridos.