Cuando hace un mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, muchos en la oposición lo miraron con recelo. Asumían que era un intento por lograr instaurar los cambios profundos que el mandatario prometió en campaña y que el Congreso le ha denegado en sus dos años al mando de la nación, idea que creció luego de que la conversación se tornara hacia canales no establecidos en la Constitución vigente. Pero en el momento en que parecía que disminuía la discusión púbica sobre el tema, el mandatario volvió a remecer la escena política tras reabrir la posibilidad y asegurar que el proceso ya “arrancó”.

Fue durante una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en que Petro llamó a “mirar menos la forma que el contenido”, alertando a opositores sobre el camino que podría elegir para impulsar una eventual nueva Constitución. Consultado por sobre si el proceso debe pasar o no por el Congreso, el jefe de Estado dijo que “sin contenido no hay formas. ¿Cuál es el contenido? La decisión de un pueblo. Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto en el que es necesaria su intervención para que el país cambie”, añadió el fin de semana.

No detalló si lo llevaría adelante mediante un decreto de emergencia, como planteó tiempo atrás el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Tampoco si lo haría a través de un estado de conmoción interior vía decreto, como acusaron opositores. Más adelante, en cambio, añadió que pensaba en la opción de utilizar cabildos abiertos para iniciar el proceso.

“Veo a partir de mi entrevista a RCN editada en pequeños trinos, una malformación en la mente de mis críticos, la mayoría de derechas, de los conceptos de contenido, forma y procedimiento de mi propuesta sobre el Poder Constituyente”, escribió el mandatario en X, antes Twitter, plataforma a la que suele echar mano.

En la oposición incluso se habló de “un claro golpe de Estado” en caso de que no se siguieran los mecanismos establecidos para llamar a un cambio de esta naturaleza, es decir, mediante el Legislativo.

Apelando al “pueblo” y a su poder constituyente, señaló el primer presidente izquierdista de Colombia, apuntó a que el país tiene “una población que cada vez más decide tomar decisiones. Cada vez más, un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como la Constitución del 91″.

Sentado junto a una mujer embarazada en condición de pobreza, en Cartagena, el mandatario aseguró que “el poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca a él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país”. Luego, vendría la polémica frase sobre la importancia del contenido sin importar la forma, lo que fue leído por sus opositores como un intento por saltarse la institucionalidad.

Y si bien mediáticamente la discusión había bajado en intensidad desde que Petro habló desde una tarima en Puerto Rellena, donde dijo que el “país debía ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente”, lo cierto es que ha mencionado el tema en casi todas las regiones que ha visitado, en una agenda apretada de tanto viaje, señaló el medio El Colombiano. Tras esa declaración, el presidente colombiano visitó tres departamentos y casi 10 municipios, principalmente en las regiones de la Costa y Antioquia.

Parte de la sorpresa a nivel local es porque esta discusión es inédita en los últimos 30 años. El antecedente más cercano es la Carta Magna de 1991, citada por el propio Petro, y se logró concretar gracias a decretos presidenciales de Virgilio Barco y César Gaviria, rememoró el medio Cambio Colombia. El segundo debió expedir el Decreto 1926, donde se fijó la fecha de las elecciones de los constituyentes y las reglas de la asamblea. Además, invocó un estado de sitio.

El Congreso fue el lugar en el que mayoritariamente se dieron las críticas a la propuesta. Es allí donde, en un principio, debería iniciar un proceso según dicta la Constitución vigente. Su temor, señaló Infobae, es que se adopte una declaratoria de decretos de emergencia, a pesar de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y otros funcionarios de la administración Petro han negado que ese sea el plan del mandatario.

De todos modos, las palabras del jefe de Estado fueron tomadas con escepticismo, y hasta temor. Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara del Partido de U, aseguró que la postura de Petro era una evasión a la legalidad constitucional.

“El presidente insiste en invitar a que no veamos la forma, sino el contenido, pero la forma si es importante. Hay que seguir la Constitución, no hay que conejear ni a la Constitución ni al Congreso, y el presidente (debe) conocer el mecanismo para una Asamblea Constituyente. El pueblo no se convoca solo, tiene una herramienta constitucional”, dijo a la revista Semana.

Andrés Forero, representante del uribista Centro Democrático, fue más allá y comparó la iniciativa petrista con lo realizado por Hugo Chávez, en Venezuela. “Es alarmante que el presidente Gustavo Petro incumpliendo una promesa de campaña y siguiendo los pasos de Hugo Chávez esté convocando a una Constituyente que le permita ocultar su incapacidad para gobernar, desvíe la atención de los escándalos que lo rodean y redactando un texto que se ajuste a sus caprichos, por mecanismos extraconstitucionales”.

También desde el uribismo, el representante Hernán Cadavid argumentó que “Petro está llevando al país a una recesión de la democracia, el respeto de las formas es el respeto de la Constitución y sus procedimientos. Cuando dice que no le importa el Congreso, el mismo en que se desempeñó durante más de 20 años, está retratando al gobernante déspota que no le importa la división de poderes”.

No fue solo en el Legislativo donde se expresaron críticas. Exlíderes del Ejecutivo también se expresaron en términos similares. De hecho, el propio expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que se refirieron en términos más duros a la situación.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que la iniciativa es exclusiva del Legislativo”, consignó el periódico El Tiempo. Para el exmandatario, “inventarse” otro mecanismo para convocar a una constituyente sería “un claro golpe de Estado”, dijo el lunes.

El más reciente predecesor de Petro, Iván Duque, se expresó mediante un post en X, donde, al igual que Andrés Forero, comparó la idea del actual presidente con el modelo chavista. El anterior mandatario colombiano publicó un extracto de la entrevista a Petro junto a un mitin liderado por Nicolás Maduro. Junto a ello, escribió: “Es evidente que el gobierno está en modo ‘Copy-Paste’ de la agenda de Maduro. En Colombia, lo que está buscando el gobierno es una ‘SUSTITUYENTE’ con la intención de reemplazar nuestra Constitución y el orden legal con figuras carentes de sustento institucional. El Congreso, las Cortes y toda la sociedad debemos defender la Democracia de este atropello”.

¿Qué debería hacer Petro para seguir el conducto regular? En sencillo, apelar al Congreso, mismo órgano del Estado que le ha denegado su agenda transformadora con la que llegó al poder.

Primero, es necesario tramitar un proyecto de ley convocante, el que debe ser votado por la mayoría del Senado y la Cámara. Luego, la moción es plebiscitada, donde se requeriría el voto afirmativo de al menos una tercera parte del padrón electoral, es decir, cerca de 13 millones de votos. Por último, se convocaría para la elección de los integrantes de la Constituyente.

En cuanto a los cabildos abiertos citados por Petro, El Tiempo consultó con diversos expertos en la materia. Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), estas instancias de participación ciudadana en las que un grupo de personas se juntan para discutir de asuntos públicos podrían servir para delinear la agenda. Sin embargo, no es un camino para llegar a una Asamblea Constituyente, aseguró.

“Debe entender que una Constituyente debe pasar por una ley y luego a la Corte”, explicó Barrios al periódico colombiano.

La secundó Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, quien coincidió en que no existe otro camino legal para tramitar una propuesta de esta naturaleza. “Un procedimiento distinto al establecido por la Constitución y la ley para convocar una Asamblea Constituyente iría en contra de lo decidido por el mismo constituyente primario que eligió a los miembros de Asamblea Nacional Constituyente de 1991; allí en nombre del pueblo se establecieron las reglas para convocar dicha Asamblea Constituyente que después tuvieron su desarrollo legal en la ley de mecanismos de participación ciudadana; todo lo que se haga en contra de lo allí reglado es una afrenta a la Constitución política y a la ley”, argumentó.

Si se lograran las mayorías en el Congreso, explicó Germán Lozano, docente del departamento de Derecho de la Universidad Externado, la ley debería pasar a la Corte Constitucional. Sería este órgano el que debe pronunciarse en Sala Plena sobre la legalidad de la misma, asegurando así que la nueva constituyente no “suponga un cambio radical” en las bases de la Carta Magna, dijo al citado medio.

Solo hay dos opciones más: un acto legislativo compuesto por un trámite de dos vueltas y ocho debates en el Congreso, y el citado referendo. Sin embargo, en las últimas tres décadas solo uno avanzó hasta las etapas finales.