El gobierno argentino volvió a ser desafiado en las calles, luego de las protestas por la -ahora frustrada- expropiación de la empresa Vicentin, con un “banderazo” contra la reforma a la Justicia presentada el miércoles pasado. Ayer, cientos de personas se reunieron en varias partes del país tras una convocatoria en redes sociales bajo los hashtags “NoALaReformaJudicial” y “1AYoVoy”. En Buenos Aires el punto de encuentro fue en el Obelisco.

El miércoles, tras la presentación oficial de la reforma por parte del Presidente Alberto Fernández -que fue una de sus promesas de campaña-, los sectores opositores convocaron a un cacerolazo “contra la reforma judicial K”. La oposición ha criticado fuertemente al Ejecutivo puesto que consideran que la reforma es una herramienta trazada por el sector kirchnerista de la coalición gobernante (Frente de Todos) para garantizar la impunidad de sus funcionarios acusados por corrupción. Las críticas se dirigen principalmente al caso de la vicepresidenta Cristina Fernández.

El proyecto, que ingresó el viernes al Senado donde se espera que sea aprobado, contempla la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, la duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. Según Fernández, se pretende “consolidar una justicia independiente”.

“Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, expresó el mandatario argentino.

El proyecto prevé la creación un nuevo fuero federal penal, es decir, los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico y de los funcionarios públicos. También investigan el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros y trata de personas.

Así, se busca crear 23 nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de justicia, con lo que pasarían a ser 46. Además, se presentó a los juristas que integrarán el consejo consultivo que recomendará cambios en otras instituciones sensibles del Poder Judicial, como la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. La crítica a este nuevo órgano se basa en que su conformación cuenta con especialistas afines al kirchnerismo, como Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, y su socio León Arslanian, quien también se desempeña como abogado defensor de exfuncionarios kirchneristas acusados en causas por presuntos hechos de corrupción.

Frente a las quejas, Fernández sostuvo el jueves que el gobierno está “absolutamente abierto” a escuchar opiniones y destacó que se trata de un debate que “va a pasar por el Congreso”.

La movilización también llegó hasta el departamento de la expresidenta en Recoleta, y a la Quinta de Olivos, la residencia del mandatario argentino. Los manifestantes portaban mascarillas y muchos decidieron protestar con bocinazos desde sus autos.