Reino Unido: Entra en vigor la Ley de Orden Público, acusada de restringir la libertad de expresión

La Ley de Orden Público fue aprobada por el gobierno conservador de Reino Unido en octubre del año pasado para acabar con las protestas estáticas de organizaciones medioambientales como Extinción Rebellion y Just Stop Oil, con penas de hasta un año de cárcel para las personas que bloqueen carreteras o calles y de seis meses para la que obstruyan a otros individuos en la calle. Nuevas secciones de esta ley que permitían el arresto de personas ante la sospecha de que pudieran provocar altercados fueron aprobadas apenas dos días antes de la coronación del rey Carlos III.

La policía se amparó en ella para detener a seis manifestantes antimonárquicos, entre ellos el líder de la protesta, sin motivo, antes de la coronación y pese a que la protesta era legal. Fueron retenidos durante 16 horas y luego liberados sin cargos y les fueron devueltas las pancartas confiscadas.

Diputados laboristas piden el fin de esta ley que consideran que coarta la libertad de expresión. Han pedido al líder laborista, Keir Starmer, que se comprometa a derogarla en caso de ser elegido primer ministro el año que viene. Pero Starmer, que es abogado y exfiscal general del Estado, no lo ha hecho. En una entrevista para la BBC ha defendido que la policía debe tener estos poderes. Los manifestantes han anunciado que denunciarán a la policía.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había pedido a Londres que dé marcha atrás en la aplicación de la ley.

“La aprobación de este proyecto de ley debilita las obligaciones en materia de derechos humanos que el país defiende desde hace mucho tiempo. Pido al gobierno británico que revise esta legislación lo antes posible”, dijo Volker Türk en un comunicado.

Según el Alto Comisionado, esta nueva legislación, “profundamente inquietante” es contraria a las obligaciones internacionales de Reino Unido en materia de derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

“Esta nueva ley impone restricciones graves e injustificadas a estos derechos (...), y es totalmente innecesaria porque la policía británica ya tiene autoridad para actuar contra las manifestaciones violentas y perturbadoras”, destacó Türk.

“Es preocupante que la ley amplíe las facultades de la policía para detener y registrar a las personas, incluso sin sospechas”, destacó.

Además, “la ley define algunos delitos nuevos de manera vaga y excesivamente amplia e impone sanciones penales innecesarias y desproporcionadas a las personas que organizan o participan en manifestaciones pacíficas”, subrayó.