En el marco de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, el Presidente Gabriel Boric firmó un decreto presidencial para reglamentar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que ya estaba esbozado en su programa de gobierno. La iniciativa, que contempla trazar la ruta de la desaparición de las víctimas y colaborar con las investigaciones judiciales a través del apoyo a la realización de peritajes, alcanzó cobertura de medios de comunicación internacionales como el diario The New York Times.
Durante la dictadura, 1.469 personas desaparecieron bajo el régimen militar de Chile entre 1973 y 1990. Sólo 307 de ellas han sido encontradas e identificadas, destaca el periódico estadounidense.
“La medida representa la primera vez desde el final del régimen de Pinochet que el gobierno chileno intenta encontrar a los desaparecidos, un esfuerzo que hasta ahora había recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres que protestaron, hicieron huelgas de hambre y llevaron sus casos a los tribunales. Hasta ahora, solo a través de estos casos judiciales se han identificado algunos de los sitios de entierro”, escribió la periodista Pascale Bonnefoy.
“El Estado los apartó de sus familias y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de la reparación, sancionar a los responsables y sostener la búsqueda”, dijo Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en una entrevista con The New York Times.
En tanto, el corresponsal en Santiago del diario británico The Guardian, John Bartlett, escribió que “es la primera vez que el Estado chileno asume la responsabilidad de la búsqueda de las víctimas de la dictadura de Pinochet, que duró de 1973 a 1990, a pesar de los incansables esfuerzos de las familias y cientos de casos legales asumidos por el Poder Judicial”.
