Los resultados de la elección presidencial que se realizó en Venezuela el domingo 28 de julio siguen siendo revisados por entidades de ese país como la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta situación ha generado una serie de protestas de opositores al régimen de Nicolás Maduro, candidato que difundió cifras que lo instalarían por otro periodo en el poder luego de 11 años al mando.

Condenando las manifestaciones, Maduro dispuso que VenApp, una aplicación que fue creada para reportar problemas de servicios básicos como cortes de energía y emergencias médicas, incorporase una pestaña para denuncias anónimas donde los usuarios podrían dejar información de opositores.

Frente a esto, la disidencia venezolana usó las redes sociales para pedir a la gente que denunciara la app, que ya fue sacada de las tiendas de iPhone y Android, pero continúa activa para quienes ya la habían descargado en sus teléfonos.

“El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles, plantea la pregunta siguiente: ¿están estas empresas cumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos?”, inquirió Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional.

Mahmoudi señaló que “de haber sido así, habrían evaluado el riesgo de que el gobierno venezolano utilice dicha aplicación no solo para limitar el derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino también para contribuir potencialmente a detención y reclusión ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos”.

“Amnistía ha documentado en repetidas ocasiones cómo, con demasiada frecuencia, las empresas de tecnología siguen prácticas que afectan negativamente a los derechos humanos sin una evaluación adecuada de estos riesgos. Estas empresas tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia”, recalcó.

Desde Amnistía recuerdan que Venezuela es objeto actualmente de una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluido el de persecución, y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció la política de represión implementada por las autoridades.