$ 11 mil millones en multas: las consecuencias del hacinamiento en Santiago I y el plan para habilitar nueve mil plazas en cárceles

Cuando en junio de 2022 el juez del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, realizó una visita extraordinaria no anunciada al Complejo Penitenciario Santiago I, constató que en ciertos módulos los internos permanecían en paupérrimas condiciones. Advirtió que la situación era precaria, que no tenían agua caliente y que, en algunos casos, una cama debía ser utilizada por tres o cuatro reclusos. En el módulo 33, de hecho, comprobó que en lugar de haber 84 imputados -que es su capacidad máxima-, había 226.

Aunque la inspección se limitó a dicho lugar, el escenario que evidenció refleja una realidad que no es aislada. Como dan cuenta autoridades del Ministerio de Justicia, desde 2021 se ha producido un fuerte incremento en la población penal, principalmente en la zona norte y en la Región Metropolitana. Es más, sólo entre el 31 de enero de 2022 y el 1 de febrero de 2023 el alza fue de 18,9%, llegando a 46.740 reclusos. Así, el nivel de ocupación de los penales a nivel nacional llega a 106,5%, pues la capacidad actual sólo permitiría albergar a 42.033 personas en régimen cerrado.

Los niveles más altos de hacinamiento, de acuerdo con datos de Gendarmería, los tiene el CDP de Taltal, que se encuentra a 296,9% de su capacidad, seguido por el CCP de Copiapó (227,3%) y el CDP San Carlos (201,5%).

Si bien varias cárceles superan con creces la población para la cual fueron diseñadas, en medio de la problemática el caso de Santiago 1 es especialmente complejo, porque además de las consecuencias que enfrentan los internos producto de la alta aglomeración, están las multas al Estado por dichos sobrecupos. Y es que al ser una cárcel concesionada, el Fisco debe pagar una compensación a la empresa cuando se supera el límite, y actualmente este recinto supera en un 18,4% su capacidad.

Por lo mismo, como indicó a La Tercera el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, desde 2020 a la fecha la cartera ha debido desembolsar más de $11 mil millones por sobrecupos en dicho penal. Eso, sin contar lo correspondiente al segundo semestre del año pasado, lo que aún se encuentra en proceso de cálculo.

Producto del citado escenario, Justicia comenzó a ejecutar un plan que permitiría, en dos años, aumentar la capacidad nacional en 9.160 nuevas plazas.

Como detalló el subsecretario Gajardo, eso incluye ampliaciones y densificaciones en las cárceles concesionadas de Alto Hospicio, Rancagua y Antofagasta, y la reapertura de los penales de Pozo Almonte, Antofagasta Antiguo y Río Bueno, que actualmente se encuentran cerrados. A eso se suma, como complementó, la ampliación del complejo penitenciario de Biobío, que se unificará con el de Concepción, la habilitación del CDP La Laguna y “microgestiones” en distintos penales, lo que implica la recuperación módulos en desuso en distintas cárceles tradicionales, como en la ex Penitenciaría, en el complejo femenino de Santiago y en Valparaíso.

“En 2023 y 2024 con este trabajo que contempla reapertura de complejos penitenciarios cerrados, ampliaciones, densificaciones, habilitación de recintos construidos, más recuperación de espacios, podremos crecer en 9.160 plazas, lo que nos va a permitir estar preparados para el aumento de la población penal que tenemos. Si además consideramos que hay dos proyectos que al dejar el gobierno debiéramos dejar encaminados y en proceso de construcción para seguir en este desafío, que son El Arenal, en Copiapó, y el complejo de Calama, así se podría tener tres mil plazas más en ambas regiones. Estamos teniendo un alza para la que hay que estar preparados”, comentó Gajardo.

El incremento en el número de plazas, señaló el subsecretario, permitirá avanzar en mayores planes de segregación de la población penal, lo que define como esencial en planes penitenciarios. “No podemos estar siempre al límite, debemos tener recintos con holgura para hacer segregación y que sean lugares seguros para lograr la reinserción. Para lograr habitabilidad, que es la condición mínima, tenemos que hacer este trabajo. Cuando tienes establecimientos con mucha congestión, es difícil tomar medidas que permitan poner a las personas más peligrosas con las menos y así evitar la contaminación de carácter criminológico”, aseveró.

Por lo mismo, en los espacios en proceso de habilitación, manifestó la autoridad, se dará mayor espacio a módulos equipados para albergar a internos de mediana y alta complejidad. “Tener espacios adecuados para las personas con mayor compromiso delictual es clave para la seguridad penitenciaria y pública. Además, tenemos un plan de inversión importante respecto de elementos de seguridad para los funcionarios, para tecnovigilancia y mejorar la capacidad operativa, donde nos han apoyado los gobiernos regionales. Por ejemplo, gracias al apoyo del gobierno regional de La Araucanía, en las próximas semanas vamos a presentar dos blindados que mejoran las capacidades. Estamos trabajando fuertemente”, dijo.

Si bien en la Región Metropolitana se ha avanzando vía recuperación de plazas, pues el plan regulador regional no permite construir más centímetros de cárcel, Jaime Gajardo aseguró que también están en proceso de análisis para hacer modificaciones en ese sentido.

“Vamos a empezar un trabajo con el gobierno regional metropolitano para ver una modificación del plan regulador que nos permita ampliar el metraje de construcción de cárceles en esta región. Por ahora, como no podemos hacer construcciones acá, no tenemos proyectos a la vista, pero una vez que podamos hay que analizar en qué penales tenemos espacios para hacer ampliaciones”, comentó.

Asimismo, como complementó el subsecretario, en las próximas semanas se presentará el proyecto de ley que busca crear una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, lo que también ayudaría a enfrentar el hacinamiento.

Según explicó, del total de las personas privadas de libertad, aproximadamente 18 mil están en prisión preventiva, de los cuales alrededor de nueve mil “probablemente, por el tipo de delitos por el que se encuentran imputados, no van a tener una condena efectiva”.

“En ese porcentaje queremos intervenir y generar una medida cautelar que le permita al sistema aplicar un arresto domiciliario con control telemático”, detalló.