18-O: INDH y organizaciones piden al gobierno apurar creación de Comisión Calificadora de Víctimas del Estallido

A pocos días de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre, la expectación respecto de lo que pueda hacer o anunciar el gobierno es prácticamente nula entre agrupaciones de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y es que con el paso de los meses, denuncian no haber sido contactados, ni menos haber recibido respuestas a sus demandas. En definitiva, dicen, se sienten abandonados.

Pese a que en mayo el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron una agenda integral de reparación por las vulneraciones ocurridas en el contexto del estallido, son enfáticos en que se debe avanzar con mayor determinación, especialmente en lo referente a una Comisión Calificadora que pueda determinar quiénes y cuántas son las personas que vieron conculcadas sus garantías.

“Nosotros hemos sostenido varias reuniones con el gobierno con miras a pedirles y exigirles que exista una cifra de cuántos somos los sobrevivientes. Creo que eso es fundamental para avanzar, porque si no sabemos cuántos somos, es muy difícil. Estamos pidiendo un catastro, y todavía no hay una respuesta”, comentó en ese sentido Camila Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones.

Ante dicha demanda, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se muestran totalmente concordantes, pues aun cuando La Moneda comprometió la creación de una instancia abocada al análisis de los casos, ha sido esa entidad la que desde mediados de 2021 ha tenido que pronunciarse respecto de solicitudes de pensiones de gracia de los afectados. Esto, como aseguró la directora Consuelo Contreras, aunque no tienen ni las competencias ni las capacidades técnicas necesarias para hacerlo.

En conversación con La Tercera, la directora comentó que, además de la necesidad de avanzar en justicia, “se requiere urgentemente de la formación de una Comisión Calificadora. Chile tiene una larga experiencia en ese sentido, el país tiene el conocimiento y las personas preparadas para ello, para que efectivamente se diga cuántas víctimas hay, qué es lo que les pasó y proponga medidas de reparación para su caso en particular”.

“Creemos que la Comisión se puede conformar ya, independiente de las mesas de diálogo regional que se están haciendo, porque eso permite saber cuántos recursos se van a tener que disponer para este plan integral. Es distinto que sean 10 mil, 5 mil o 500. Por lo demás, no todas las víctimas se van a acercar por su cuenta”, agregó Contreras.

A juicio de la directora del INDH, mientras se desarrollan los espacios de diálogo, se podría, por ejemplo, hacer un primer barrido respecto de las querellas presentadas ante el Ministerio Público.

Aunque desde la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés sostiene que el mayor retraso lo vieron de la mano de la administración del expresidente Sebastián Piñera, también reconoce que hoy se sienten desplazados, por cuanto tuvieron reuniones inicialmente en la denominada “Moneda chica”, luego con diferentes autoridades, y aún así no ven avances, recalcó.

“Con el presidente anterior teníamos una piedra de tope, y eso hizo que estuviéramos en completo abandono. Pero ahora también ha sido complejo y lamentablemente, porque pese a las conversaciones que hemos tenido, no tenemos una respuesta clara con referencia a cuál será la reparación que vamos a tener. En concreto, hoy no tenemos nada. De hecho, las violaciones a los derechos humanos siguen latentes, siguen presentes y queremos que se ponga freno”, comentó Valdés.

En el mismo tono, Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Presos Políticos, manifestó: “Necesitamos que esto se dé de la forma más pronta posible. Es una necesidad. Queremos saber cómo se va a llegar a la gente, nosotros tenemos un catastro de afectados, pero el Ministerio Público tiene otro, hay gente que no se reconoce como víctima y lo es. Hay que salir a la calle y buscar a las personas que necesitan ayuda, no sentarse a esperar”.

“Creo que es muy difícil medir cómo va a resultar todo este proceso. Consideramos el plan como algo positivo, eso no se puede discutir, pero no sabemos cómo se va a hacer la bajada a las personas, que no están enteradas. Acá no todos se conocen, no hubo una asociación para ir a protestar, algunos se pudieron conocer, pero son los menos, entonces es difícil que haya organización en torno a esto. De hecho, por eso hay algunas organizaciones que están intentando reunir a afectados para no llegar con las manos vacías al encuentro participativo de la metropolitana que es ahora en noviembre”, complementó Durán, quien además detalla que las mesas de trabajo que se conformaron a fin de analizar indultos o amnistías en favor de quienes fueron detenidos durante las manifestaciones tampoco llegaron a nada.