14 heridas a bala, un atacante fallecido y un delincuente prófugo: lo que se sabe del asesinato del mayor Sánchez

La noche del miércoles 10 de abril, el entonces teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez murió al intentar repeler un asalto en Quinta Normal cuando iba en su vehículo junto a su esposa e hijo.

Fue en la jornada de este domingo que en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la audiencia de formalización de los tres ciudadanos venezolanos acusados por el asesinato de Sánchez, identificados como Wuilberth de Jesús Olivares Peña, de 34 años, Josué David Ramírez Oliveros, de 28 años y Yolvi Miguel González Arcaya de 21 años.

El tribunal decretó prisión preventiva para los tres imputados durante los 180 días que durará la investigación. Esto, porque se determinó que representan un peligro para la sociedad.

Emmanuel Pedro Sánchez Soto nació en Santiago, era casado y tenía un hijo de 3 años y siete meses. Inició en la Escuela de Carabineros en el año 2014, y egresó como subteniente en diciembre de 2016.

El oficial prestó servicios en la 20 Comisaría de Puente Alto, en la Subcomisaría Playa Blanca de Antofagasta, y en la 2da. Comisaría de la misma ciudad. En abril de 2020 ascendió al grado de teniente. Al momento de su muerte, tenía 10 años 2 meses de servicios en la institución y se encontraba realizando el curso de Criminalística en la Escuela de Especialidades de la Dirección de Educación y Doctrina.

Desde la institución policial, determinaron su ascenso póstumo, por lo que Emmanuel Sánchez pasó de teniente a mayor de Carabineros.

En la formalización, el fiscal Felipe Olivari, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público de la Región Metropolitana, fue quien presentó las evidencias, las cuales consistían en cámaras, audios, testimonios y fotogramas que permitió individualizar a los involucrados en el crimen.

El persecutor expuso un audio que grabó un testigo con el cual se determinó que “el funcionario se identificó en tres oportunidades, dice alto Carabineros en tres ocasiones, antes de que comiencen los disparos”. Junto con ello, señaló que el oficial solo quería detener a los sospechosos “nunca les quiso disparar”.

Una de las pruebas más contundentes de la Fiscalía fue un video tomado desde la parte frontal de un bus donde se ve al mayor Sánchez descendiendo de su vehículo con su arma de servicio apuntando a los imputados.

Quien entregó más antecedentes del crimen, fue el conductor del transporte público, uno de los testigos de lo sucedido. El hombre señaló que vio un auto, que era del mayor Sánchez, persiguiendo una motocicleta la cual se unió a otro vehículo luego de un viraje.

“La moto con el tipo que le indiqué anteriormente, que había participado del robo, se ubicó al costado derecho del auto, y como había bajado mi velocidad y llevaba las ventanas cercanas a mi puesto de conductor abiertas, escuché claramente que el conductor de la motocicleta le dijo a los ocupantes del vehículo ese es”, relató el conductor.

Tanto en el video como en el testimonio del chofer, se indicó que primero lanzaron piedras contra el auto del mayor. Luego de ello, los imputados realizaron una ráfaga de disparos que terminaron con la vida de Sánchez. En la formalización confirmaron que según el informe pericial de Labocar, el cuerpo del Carabinero presentaba 21 orificios balísticos.

“14 de ellos compatibles con entrada clásica de proyectil balístico, tres en la cabeza, cinco en el tórax, uno abdominal y cinco en los miembros superiores”, indicó el fiscal.

Al momento de que se ejecutaron los disparos, estos alcanzaron a uno de los sujetos, quien manejaba el vehículo de los imputados identificado como Julio César González Vargas, quien falleció producto de los impactos balísticos. Los fiscales sugirieron que esto pudo deberse a los disparos de sus compañeros, hipótesis que será investigada.

De los sospechosos, hay un quinto sujeto implicado en el crimen, identificado como Dayonis Junior Orozco Castillo, de 29 años, que hasta el momento se encuentra prófugo.

El fiscal Sabaj declaró el hecho como un acribillamiento y se imputó delitos de porte ilegal de armas y municiones a un solo imputado. La Justicia determinó 180 días de plazo para la investigación.