En el marco de la conmemoración de los 10 años del “Proyecto Inocentes” -que lidera la Defensoría Penal Pública en alianza con la Fundación Probono-, el ministro de Justicia, Luis Cordero, inició una serie de gestiones a fin de que quienes fueron encarcelados injustamente reciban la asistencia necesaria para buscar una indemnización por lo ocurrido.
De esta forma, como explican desde la cartera, se comenzó a gestar un convenio que permitirá que todas las personas que estuvieron privadas de libertad y que luego fueron declaradas inocentes, cuenten con las herramientas para exigirle al Estado que les responda por lo que enfrentaron.
En concreto, según fuentes conocedoras del proceso, se trata de un convenio entre la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), que habilitará a los abogados de la oficina de Derechos Humanos de esta última, para representar civilmente a quienes ingresen al “Proyecto Inocentes” en demandas por indemnización de perjuicios, labor que hoy excede las atribuciones de los defensores penales.
Como indicaron los mismos personeros, esto pretende constituirse como “un acto reparador” hacia quienes sufrieron las consecuencias de errores cometidos por organismos estatales. Se entiende, en el mismo sentido, que la privación de libertad por razones que no se ajustan a la norma constituye “un hecho demoledor” que se debe intentar reparar.
Si bien parte de los “inocentes” han podido ser indemnizados vía gestiones realizadas por la Fundación Probono en tribunales, no todas las personas logran acceso a esa ayuda. Por lo mismo, recalcan desde Justicia, ahora se busca que pueda haber universalidad, sobre todo en función de aquellos que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
Esto se condice, además, con elementos expuestos por el mismo Cordero, quien ha indicado que una de las bases del sistema de justicia es precisamente la mantención de la presunción de inocencia y el respeto de las garantías constitucionales.
Los datos
De acuerdo con cifras de la Defensoría Penal Pública, desde que comenzó la reforma procesal penal hasta junio de 2023, 39.235 personas fueron imputadas de un delito que no cometieron, estuvieron presas y luego fueron sobreseídas o absueltas. De ellas, el 82% son hombres y 5.089 estuvieron más de seis meses en la cárcel.
En 2022, según la misma entidad, 1.782 inocentes estuvieron en prisión preventiva, 410 de ellos, por más de 6 meses. Asimismo, hasta junio de este año, se contabilizaba a 935 inocentes que habían pasado por reclusión en recintos penitenciarios.
Los números, como comentó a La Tercera el defensor nacional, Carlos Mora Jano, es simplemente “impactante”. A su juicio, “la gente puede decir ‘bueno, 40 mil personas no es tanto’, pero para cada una de esas vidas el impacto es inmenso a nivel sicológico, laboral, social”.
Como agregó, además, el mayor número de los casos está vinculado a errores cometidos por el Ministerio Público. “El mayor problema es la calidad de las investigaciones de la Fiscalía, ahí están al debe aún y creo que están conscientes”, indicó.
Conforme al detalle, en cada uno de estos casos se identifica alguna de estas causas de error: Identificación errónea, mala conducta de agentes del Estado, declaración falsa, falsa confesión, error pericial o ciencia limitada, o mala conducta del defensor.
