“Fue un revés ilegal y anticonstitucional”, afirmó este mediodía el abogado Juan Carlos Manríquez, en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera TV, al abordar la audiencia en la que el 3° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al iniciarse la audiencia que tuvo lugar el lunes 8 de julio, la jueza Pamela Muñoz rechazó la solicitud de postergación que ingresó la defensa del jefe comunal en días previos. Manríquez y el abogado Ramón Sepúlveda indicaron que no contaban con todos los antecedentes para hacer su presentación, lo que fue desestimado por la magistrada. “No podemos dar preferencia por ser una persona conocida”, dijo Muñoz en duro cruce con la defensa de Jadue.

“Si un juez a usted le ordena debatir una prisión preventiva y dice que estaríamos en condiciones, sin saber cuáles eran, vulnera el debido proceso”, sostuvo Manríquez este martes, afirmando que la magistrada no fundó la resolución para rechazar la postergación de dos días que pedían.

El penalista comentó que “incluso los propios querellantes estaban de acuerdo en posponer dos días más”.

“Si el tribunal hubiera dicho, mire, lo que usted me iba a traer, que son estos informes sociales para acreditar arraigo en peligro de fuga, no iban a salir de nada es porque ya lo había resuelto antes. Y si en definitiva no nos deja incorporar antecedentes que nosotros creemos que son relevantes, eso vulnera el debido proceso, no fundamenta las resoluciones, nos deja en condiciones de desigualdad, sigue ahondando en la ilegalidad del proceso, lo que me va a obligar hoy en día a introducir un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones y eventuales medidas disciplinarias. Para que esa resolución y esa audiencia queden completamente sin efecto porque fue completamente anticonstitucional”, aseguró.

En esa línea, rechazó lo planteado por la jueza respecto a que buscaban un trato distinto por la calidad de figura pública del imputado.

“Nosotros no estamos pidiendo un privilegio para Jadue por ser una persona conocida. Estamos pidiendo igualdad de armas y debido proceso para un justiciable preso en condiciones que nosotros creemos pueden ser satisfechas por otras medidas cautelares. Y lo que estábamos pidiendo era lo que estaba fundamentado. Esto es, de acuerdo al artículo 36 del Código Procesal Penal, el tribunal no puede en el balance de derechos poner adelante la agenda, la sala disponible, cuestiones de carácter administrativo, por sobre cuestiones de fondo. Entonces eso es completamente indebido. De tal manera que cuando nosotros estamos diciendo que lo que necesitamos es que el tribunal tenga conocimiento cabal y el tribunal se niega a recibir esos antecedentes y nos obliga a debatir en esas condiciones, esa fundamentación hace que el proceso se vicie”, argumentó el abogado.

Manríquez recalcó que su interés es “discutir ante un tribunal imparcial que tenga el tiempo, que quiera recibir las pruebas y en condiciones de igualdad”.

“Esto no se hace apuradito”, señaló.