El 6 de septiembre, un fuerte remezón se vivió en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Y es que luego de 33 años de formar parte de la institución, la consejera María Inés Horvitz renunció a su cargo. A 10 días de aquello, los abogados del organismo han solicitado al Presidente Gabriel Boric que el reemplazo de la histórica abogada del organismo sea un funcionario de carrera del CDE y no uno externo.
El requerimiento fue expuesto a través de una carta abierta por la Asociación Nacional de Abogados del CDE, desde donde calificaron como “lamentable” la renuncia de Horvitz. Ante ese escenario y considerando que es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante, es que la organización hizo presente su posición a Boric, al considerar como “relevante y pertinente formular algunas observaciones” respecto al nombramiento.
Según el texto firmado por Marcelo Guerra Sierra, presidente de la asociación, los abogados y consejeros del CDE “han de ser destacados abogados/as, con un vasto conocimiento y experiencia en el ámbito de la litigación”. A esto, suman que quienes forme parte de la institución deben tener una “promoción y carrera funcionaria en base al mérito y a la antigüedad” dentro de la institución.
Por lo mismo, explican que “no sería comprensible ni razonable que la designación de un Consejera/o no tuviera en cuenta dicha definición”. A raíz de aquello, afirman que en el CDE existen profesionales “con destacadas carreras que se han prolongado por décadas de entrega y dedicación a la defensa de los intereses del Estado, excelentes litigantes, con sólida formación académica e incluso dilatada trayectoria en el ámbito de la docencia”, concluyendo que estos son los profesionales que necesita con urgencia la defensa del interés público.
La Asociación Nacional de Abogados del CDE concluye que “estimamos que se debe privilegiar a los/las funcionarios/as del Consejo por sobre personas ajenas a la institución, lo que -por cierto- guarda adecuada armonía con el espíritu de las normas del Estatuto Administrativo y los énfasis que su gobierno ha manifestado”.
La despedida
En paralelo, un grupo de 92 miembros del CDE, entre los que se encuentran abogados penalistas, procuradores, funcionarios, firmaron otra carta abierta para despedir a la abogada. Según señalan los miembros del CDE, el motivo del texto es para hacer un reconocimiento público para “destacar su trayectoria profesional, su aporte institucional, y muy especialmente, su entrega y compromiso por la defensa de los intereses fiscales y la lucha contra la corrupción”.
Según señalan los funcionarios, la salida de Horvitz los “entristece”. Y es que, sostienen, “deja el CDE una persona necesaria, una luchadora incansable y un referente para todos sus funcionarios y funcionarias. Pero ahí no acaba su importancia. Nos deja también una gran docente, apasionada litigante y denodada trabajadora en el combate contra los delitos que afectan la probidad y los derechos humanos, por tanto, las bases de nuestra sociedad y democracia”.
Además de eso, agregan que personas como Horvitz “son necesarias para combatir el duro y agresivo fenómeno de la corrupción que no descansa, y defender al Estado en todas aquellas manifestaciones, respetando la línea trazada por nuestra Ley Orgánica, con apego irrestricto a la Constitución y la ley”.
“Su ausencia nos deja un vacío muy difícil de llenar, se le extrañará”, concluye el documento.
