Ajuste de cuentas: radiografía al fenómeno delictual que tiene en vilo a vecinos de la Región Metropolitana

El joven José Marcel Roimán Estupiñán Arboleda (29) había decidido partir el año con algo distinto y, convencido de la idea de un cambio de look, dos días después de celebrar el Año Nuevo con sus amigos, visitó la barbería “Manyoma”, ubicada en la calle Martínez de Rozas, en Santiago Centro.

Pero ese día su idea se esfumó en pocos minutos: a las 19.47 horas, afuera del local, se estacionó un automóvil marca Mazda de color negro, con dos ocupantes en su interior, y una motocicleta con otras dos personas. Quienes llegaron en la moto se bajaron rápidamente, entraron al local y entre gritos de lado y lado, abrieron fuego. Se escucharon varios disparos, según dijeron los testigos empadronados por carabineros. Dos de ellos le dieron en la cabeza a José Estupiñán mientras esa calurosa tarde le cortaban el pelo.

Para los carabineros que llegaron a la escena del crimen, la situación era más o menos clara: el hombre había sido víctima de un “ajuste de cuentas”.

El fenómeno, que hasta hace algunos años no era habitual, ya tiene a ambas policías con el ojo entrenado cuando llegan a un lugar, pues aumentaron drásticamente desde el inicio de la pandemia: más del 70% de los homicidios con armas de fuego se asocian a los denominados “ajuste de cuentas”, de acuerdo a cifras entregadas por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

El persecutor señaló a La Tercera que este tipo de delitos, lamentablemente, se han consolidado en nuestro país y que se ha visto cómo el crimen organizado ha dado muestras contundentes de que no se trata de un fenómeno pasajero o que se limita a delitos ligados al narcotráfico. “Los delitos violentos han sido el campo más evidente del impacto de la criminalidad organizada, y los efectos son mayor cantidad de homicidios frustrados o consumados y robos violentos. Se evidencia, también, mayor uso de armas de fuego de grueso calibre y armamento nuevo”, expresó.

Barros asevera que las redes que han tendido los integrantes de estas bandas dedicadas a los crímenes por encargo o sicariato, o los ajustes de cuentas como el de la barbería “Manyoma”, les han permitido mezclarse con delincuentes comunes, aunque se sabe que hay una estructura detrás, como ocurre en otros países de la región.

El diagnóstico es lapidario. El caso de Estupiñán Arboleda es uno más dentro de ese 70% del que habla el fiscal Barros. Pero a lo anterior hay que agregar otra cifra que tiene preocupadas a las policías y al gobierno: del total de los homicidios registrados a nivel nacional entre enero y abril de este año, de acuerdo a la Subsecretaría del Interior, el 60% fueron con arma de fuego, mientras que en 2019 la cifra correspondía sólo a un 43%.

La suerte que corrió el joven que visitó la barbería ese 3 de enero fue fatal, y aunque en ese entonces poco se sabía del móvil de quiénes estaban tras los disparos, las diligencias realizadas para esclarecer su deceso ya han mostrado resultados. Tras varios peritajes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte obtuvo una orden para acceder a la vivienda de uno de los presuntos implicados: Kevin Fernando Hurtado Torres, quien fue detenido el pasado sábado 21 de mayo. En su hogar se encontró un banano con $139.000 en efectivo, un cartucho de bala calibre 32 sin percutar, sin poseer permiso para su porte y tenencia, además de cuatro celulares, dentro de los cuales estaba el teléfono que le habían interceptado.

Como reveló el fiscal Sebastián Videla, quien estuvo a cargo de la formalización, el detenido corresponde al hombre que el día del homicidio conducía el vehículo Mazda negro en el cual los responsables se dieron a la fuga.

Con esas pruebas obtenidas, a Hurtado Torres se le imputó por los siguientes delitos: homicidio calificado y porte ilegal de municiones. Ese mismo día quedó en prisión preventiva, porque el tribunal consideró que su libertad constituía un peligro para la sociedad. Aunque por ahora no están claros los móviles del crimen, fuentes consultadas por este diario apuntan a que la droga podría ser un hilo de la investigación para responder esa pregunta.

La Policía de Investigaciones lleva la mayoría de las indagaciones de asesinatos, a través de la Brigada de Homicidios (BH). Por lo mismo, en la institución han seguido atentos el fenómeno. Víctor Ruiz, jefe de la BH de la Región Metropolitana, se ha dedicado a analizar las características de estos asesinatos y, aunque no hace una diferenciación detallada de ellos, sí identifica una serie de elementos que permiten entender el fenómeno.

Ruiz cree que los denominados ajuste de cuentas están relacionados directamente con una mayor capacidad de fuego de bandas y delincuentes, gracias a las ya famosas armas hechizas o pistolas a fogueo que consiguen adaptar para utilizarlas como armas de fuego convencionales.

El detective coincide con lo planteado por el fiscal Barros, pues estima que es el tráfico de drogas lo que les permite a estos antisociales contar con recursos económicos para aumentar su capacidad de fuego. “El narcotráfico les genera un mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, una banda se va a potenciar, va a crecer y va a tener más dinero, lo que le va a permitir comprar más armas de fuego, ya sea convencionales o no”, explica a La Tercera.

Ruiz asevera que si bien el fenómeno no se puede atribuir a la migración, ya que existe una gran cantidad de extranjeros que aportan al desarrollo del país, sí existe un impacto por los mayores flujos migratorios irregulares de los último años.

En cuanto a las dificultades para esclarecer este tipo de ilícitos, el jefe de la BH explica que “siempre los delitos que son perpetrados en la vía pública son más complejos, porque uno no encuentra a veces la relación víctima-victimario. Se encuentran mayores insumos en un homicidio dentro de una propiedad, donde pudo haber sido un robo con homicidio. Pero siempre el primer nivel de complejidad va a ser la identidad, es una complicación que se va a tener que subsanar, por ejemplo, con peritajes en huellas o a través de peritaje de ADN u otro”.

Con todo, de lo poco favorable que podría resultar el panorama, en la PDI creen que se puede mejorar los procedimientos. De hecho, ya conformaron una segunda Brigada de Homicidios: “Hoy es la BH Sur, una prolongación y una copia de la plantilla de la BH Metropolitana. Así tenemos más cercanía, nos demoramos menos en llegar y hay mayor interacción con fiscales territoriales. Es más, no estamos ajenos a la posibilidad de tener una tercera unidad que pueda abarcar tal vez aquellas comunas donde se pudiera observar una mayor cantidad de delitos asociados a nuestra especialidad”.

En el gobierno están conscientes de que el delito que más aumentó con el uso de armas de fuego son los homicidios, y así lo sostiene el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a raíz de las cifras que ha podido analizar. Por lo tanto, asumen que las armas son el eje central que se debe atacar.

“Hemos tomado dos decisiones, constituir una fuerza de tarea entre el Ministerio de Defensa, Interior, Dirección General de Movilización Nacional y las policías para fiscalizar las armas inscritas legalmente, y constituimos un consejo asesor contra el crimen organizado”, afirma a La Tercera.

“Hay 765 mil armas inscritas legalmente, 61 mil que están extraviadas, pero además no hay fiscalización lo suficientemente rigurosa respecto a quienes compran armas. Una persona podría comprar cuatro, cinco armas y puede ser que nunca vaya a ser fiscalizado para saber si tiene esas armas y en qué las usas. Entonces, hemos constituido la mencionada fuerza de tarea para aumentar el porcentaje y la cobertura de fiscalización, que debo decir que anualmente está en entre el cuatro y seis por ciento de las armas inscritas”, agrega.

Como plantea, para atacar lo referente a los homicidios en contexto de ajuste de cuentas y otros crímenes, la Dirección General de Movilización Nacional, que es la entidad que lleva el registro de la inscripción de armas, debería tener un análisis de riesgo para saber cuándo se está produciendo una conducta que deba alertar al Estado para ir a fiscalizar.

“Tiene que haber trazabilidad de las municiones que no existe por completo en Chile. Esto te permite saber que cuando se dispara un arma, se puede vincular la bala que se utilizó con el arma y con quién la compró eventualmente. Para eso estamos trabajando en el reglamento de la nueva ley de armas y otros dos reglamentos, que establecen un Sistema de Identificación Balística Automatizada y el Registro de Armas de Estado. Para ambos, tenemos un plazo legal de un año desde la promulgación de la ley, que fue en enero de este año, plazo que vamos a buscar acortar”, indica.

Considerando el importante número de armas hechizas, Monsalve también precisa que en la reunión de esta semana del Consejo Asesor Contra el Crimen Organizado se va a entregar una propuesta de fiscalización y control respecto del uso de armas ilegales.