“Llegó el día, dijimos que demoleríamos las casas de narcotraficantes que nos ha entregado en un listado el Ministerio Público. Tras cumplir paso a paso con cada uno de los trámites legales, hemos procedido a demoler la primera vivienda narco. Llegó la hora de que se cumpla la ley en Chile y que los malos de una buena vez sean los que sientan miedo”. Esto decía el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el pasado 9 de febrero, día en que se inició el proceso de demolición de las denominadas narcocasas en esa comuna de la Región Metropolitana. La situación motivó dos recursos judiciales contra la autoridad que fueron desestimados.

Ese día, cerca de las 9 horas llegó la autoridad junto a un grupo de seguridad de la comuna, Carabineros, máquinas y también periodistas de distintos medios de comunicación a la calle Monseñor Carlos Casanueva 10300. Allí se encuentra una propiedad asociada a la banda criminal “Los Macacos”. Sin embargo, los delincuentes no vivían en esa casa, sino que estaba siendo arrendada a una pareja extranjera que producía eventos infantiles. A pesar de las discusiones entre los afectados y el alcalde, la demolición finalmente se produjo.

Pero la polémica que trajo este proyecto no quedó allí, ya que días después de producido, Nathaly Pérez Rivera, exesposa del líder de la banda “Los Macacos”, presentó un recurso de protección en contra de la Municipalidad de La Florida por la demolición de parte de su inmueble. Mismo procedimiento judicial decidió llevar Patricia Paredes Ibarra, quien se encuentra en prisión preventiva y que también se vio afectada por la destrucción de una parte de su casa.

A pesar de que se presentaron dos recursos de protección en contra de Rodolfo Carter y la Municipalidad de La Florida, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió declarar como inadmisibles ambos textos. La principal razón por la que se rechazaron estos requerimientos es que los ministros determinaron que este tipo de acción judicial no es la vía idónea para proceder en este caso.

El principal argumento de los abogados requirentes era que el procedimiento adoptado por el personal municipal no se apegó al debido proceso. “Cabe señalar que el acto de demolición decretado, y conforme a los fundamentos otorgados por la propia autoridad edilicia, constituye un evidente acto arbitrario e ilegal, existiendo un verdadero ensañamiento y una evidente vulneración a la presunción de inocencia y honra de las personas, anunciando al país la total destrucción de la propiedad como un acto barbárico de justicia”, dice el texto presentado por Pérez Rivera.

Además, el recurso cita la ley general de urbanismo y construcción, la cual señala que ante la fiscalización por una construcción sin permisos debe haber un proceso de advertencia previo a la demolición, lo que en este caso no ocurrió, acusan.

Por su parte, los abogados de otra de las afectadas, Patricia Paredes Ibarra, utiliza este mismo argumento, agregando que ella por estar en calidad de detenida no recibió en ningún momento estos avisos por parte de la entidad municipal, por lo que, a su juicio, que hayan derribado parte de su casa es un acto ilegal.

“En este caso, el recurrido ha transgredido la garantía fundamental del derecho de propiedad, puesto que sin cumplirse con la notificación correspondiente, señalada incluso en el decreto exento N°559 de La Municipalidad de La Florida, de fecha 25 de enero de 2023, han comenzado ya las movilizaciones de parte del personal de la Municipalidad de La Florida en pos de proceder a la demolición de las tres construcciones de la comuna que han sido ordenadas en el decreto antes señalado”, se lee en el recurso patrocinado por el abogado Francisco González.

La parte defensora de las personas afectadas por la demolición de sus viviendas evitaron dar declaraciones, por lo que no se sabe si escalarán el conflicto a la Corte Suprema.

Desde la Municipalidad de La Florida valoraron la decisión tomada por la Corte de Apelaciones y, además, aseguran que seguirán tomando medidas de este tipo para llevar más seguridad.

“En Chile se acabó el tiempo de las palabras y las excusas; quienes tenemos roles de liderazgo político debemos actuar con decisión y valentía, ocupando todas las herramientas que nos otorga el ordenamiento jurídico para frenar el avance del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país”, afirmó el alcalde Carter.

Por otra parte, el ex UDI afirmó que su decisión de demoler las casas de delincuentes ha sido valorada y respaldada por distintos sectores políticos, ya que, según el alcalde, va en beneficio de los vecinos de la comuna

“Los chilenos están sufriendo, viven con miedo y no pueden seguir esperando, urge que las autoridades realicemos el máximo esfuerzo para que los ciudadanos recuperen el derecho a vivir en paz y tranquilidad.” sentenció.