Ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago presentó hoy el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), una querella en contra de el Presidente de la República Sebastián Piñera; el exministro de Salud Jaime Mañalich; la subsecretaria de Salud, Paula Daza; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Los ilícitos que les imputa el edil, de acuerdo al documento presentado por el abogado penalista Ramón Sepúlveda, son cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, por el fallecimiento de 62 personas por coronavirus en Recoleta. Los muertos son identificados por su nombres, apellidos y Rut. Se específica en la querella que en la comuna se registran, hasta la fecha, un total de 135 decesos. Sin embargo, no ha sido posible obtener la información de todos, apuntando a un ocultamiento de información por parte del gobierno.

En ser declarada admisible por el tribunal se abrirá una investigación penal en contra de las cuatro autoridades, la que tendrá que ser indagada por el Ministerio Público.

El documento indica que pese al complejo escenario de la pandemia por el coronavirus, “nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas (...) sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación”.

Según el querellante, “se trata de actuaciones marcadas por un claro sesgo social y político en la adopción de determinadas medidas en algunos lugares, descartando otros sin justificación alguna”, apuntando a las cuarentenas dinámicas que se adoptaron el país.

Señala, el escrito, que esto ocurrió en la comuna del alcalde Jadue. Y acusa a las autoridades querelladas de “una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables que (...) a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública”.

Entre ellas, que hubo una “negligencia inexcusable de los querellados como autoridades de gobierno en la toma de decisiones a nivel general”. En este punto, dice que “no han sido solo errores, sino que decisiones conscientes y deliveradas para su interés político personal, tendientes a proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus ciudadanos”.

Como ejemplo de esto, la querella relata cuando, a la solicitud de cuarentena total que hizo el Colegio Médico el 20 de marzo pasado, Mañalich dijo en el canal de televisión 24 Horas “lo que se está diciendo es absurdo, es una medida desproporcionada”. Y agregó: “¿Qué pasa si el virus muta y se pone – perdón que use la palabra – buena persona?”.

En el mismo sentido, el escrito indica que el “1 de abril de 2020, el Ministerio de Salud decide la medida de cuarentena en la comuna de Independencia, que es colindante con la de Recoleta. El 7 de abril de 2020 cuando los contagios ascendían a 5.116 personas a nivel nacional, en que 2.350 eran de la Región Metropolitana, los querellados levantan la cuarentena en Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, y parcialmente en Santiago Centro y Ñuñoa, mismo día en que se decreta cuarentena en una parte de Puente Alto. Una decisión incomprensible desde cualquier punto de vista, dado que levantar una cuarentena en plena pandemia resulta una medida de carácter irresponsable, arbitraria y altamente negligente, exponiendo con ello la salud de la población en su totalidad”.

Luego, dice el documento, el 3 de abril Mañalich en una entrevista en Canal 13 indicó que “el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas. La única forma de protegernos de esto es que las personas se contagien, pero de manera lenta. Medidas para que nadie se enferme, sería un error. Tenemos que lograr que la tasa de contagio sea baja, que vayan lentamente contagiándose las personas”. De acuerdo a la querella, esta estrategia es conocida ”como inmunidad de rebaño, la cual era contraria lo que indicaban todos los organismos técnicos”.

Asimismo, que el 28 de mayo de 2020, en el programa de televisión Mucho Gusto Mañalich dijo que “en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad”. Según el querellante “lo anterior deja en evidencia que la salud de la población estuvo a cargo de una persona que manifestó desconocer la realidad social de su país, debiendo haberla conocido o, al menos, investigado. Esto constituye una negligencia inexcusable en el actuar por parte de la autoridad sanitaria pero también del Presidente de la República que lo nombra”.

De acuerdo al documento “ellos son las autoridades, ellos pueden tomar decisiones, tienen el deber y la obligación de actuar de forma coherente, preocupada y diligente, lo que no hicieron, yendo en contra de la opinión de autoridades locales y organismos especializados”.

También, manifiesta el querellante que hubo un “ocultamiento deliberado de información y entrega de datos técnicos distintos a la realidad, además de la negación sistemática de información a las autoridades locales”. En esta materia, dice la querella, se le negó reiteradamente a la Municipalidad de Recoleta la información que podría haber permitido entregar asistencia a los vecinos contagiados, excluyendo la posibilidad de acción del sistema primario de salud municipal. Asegura que esto impidió que el municipio pudiese atender, proteger y cuidar a sus vecinos.

En relación a la denegación de auxilio y abandono de destino, respecto de los vecinos de Recoleta, dice que “ante la imposibilidad de atención de estos ciudadanos por el nivel primario, pese a haber sido informada y alertada esta situación al sistema central, este último no prestó la atención debida a los vecinos, quienes no contaron con la hospitalización, cuidados o seguimientos requeridos, no siendo trasladados a residencias sanitarias u hospitales que les entregaran los tratamientos para salvarles la vida”.

Según Jadue, se fueron enterando de esta situación por los mismos vecinos de personas contagiadas, “que luego murieron sin la atención debida y sin que el sistema municipal los pudiera ayudar por la falta de entrega de información del sistema central”.