El reciente atropello de cuatro guardias municipales en la comuna de Vitacura ha reavivado la discusión en torno a la necesidad de aprobar con urgencia la Ley de Seguridad Municipal. El incidente, ocurrido mientras los funcionarios realizaban labores de patrullaje, ha sido utilizado por diversos alcaldes como un nuevo argumento para presionar al gobierno en busca de mayores facultades y recursos para la seguridad comunal.

Los alcaldes argumentan que la falta de herramientas legales y presupuesto limita su capacidad de respuesta ante el aumento de delitos en sus comunidades. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), mencionó que “hubo un intento de asesinato” por parte de los delincuentes y acusó que hubo una “premeditación”, por lo que -como otros pares- realizó un llamado para otorgar mayores atribuciones a los municipios para que los funcionarios puedan defenderse ante este tipo de ataques, así como combatir la delincuencia.

Una urgencia que también fue relevada por el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind.): “Hace solo 10 días se difundió una noticia mediática sobre la discusión inmediata del proyecto de seguridad pública y aún no se nota ningún efecto en la realidad”, agregando que si bien el rol de los guardias es preventivo, “si el Estado no les brinda el respaldo que merecen, los delincuentes seguirán viéndolos como blancos fáciles. O los tratamos como la autoridad que son, o simplemente los estamos dejando a su suerte y eso sería inaceptable”.

Actualmente en el Congreso se está tramitando la ley que fortalece las funciones de seguridad de los municipios, que entre otras cosas, endurece las penas para los sujetos que agredan a guardias municipales. Este lunes se llevará a cabo una nueva sesión de la Comisión de Seguridad del Senado.

Durante esa jornada, según entendidos, se ha acordado realizar un rápido despacho para su segundo trámite. Sin embargo, acorde a otras fuentes también se pondría sobre la mesa nuevamente una indicación que apunte a reinstalar el debate en torno a las armas no letales, lo que no descarta que esto entrampe otra vez la discusión.

Pero aunque ello ocurra, algunas autoridades locales apuntan a que es insuficiente y piden medidas concretas, como la implementación de armas no letales u otras medidas transitorias como una “ley corta” que permita a los municipios acceder a información clave, como antecedentes penales, situación migratoria y la lectura eficiente de placas patentes. Los ediles se han quejado de que en esa discusión no han sido escuchados.

Alcaldes de distintas comunas han intensificado gestiones para acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso. La alcaldesa de Vitacura, de hecho, se reunirá este viernes con la senadora Luz Ebensperger, mientras que Macarena Ripamonti ha insistido en abordar el tema con la subsecretaria Carolina Leitao. Ripamonti, además, fue una de las primeras en plantear la idea de una “policía municipal”.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, acudió al Parlamento esta semana para transmitir su postura al senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la comisión a cargo del proyecto.

Críticas

La mañana de este jueves, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), criticó que la normativa actualmente en trámite en el Congreso no recoge las propuestas de los municipios y que de aprobarse tal como está podría terminar por perjudicar a las comunas en su lucha contra la delincuencia.

Según Palacios, los alcaldes -de forma transversal- plantearon una serie de inquietudes y propuestas que no fueron consideradas. “Desde el gobierno y desde el Congreso discuten mucho, pero nos escuchan poco”, señaló.

Entre las propuestas que dice fueron desestimadas, el alcalde destacó la necesidad de autorización para que los guardias municipales utilicen armas no letales para protegerse y resguardar a los vecinos. “Son herramientas que dan seguridad, tranquilidad y poder a nuestros inspectores”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic (Ind.-UDI), criticó la falta de prioridad que el Congreso ha dado a la Ley de Seguridad Municipal, señalando que históricamente no se ha valorado el rol de los municipios en la seguridad. Así también advirtió que la ley por sí sola no resolverá el problema de fondo, y enfatizó la necesidad de fortalecer a los funcionarios municipales, capacitarlos y elevar las penas a quienes los agredan. Además, planteó que debe haber un trabajo intermunicipal para establecer estándares antes de ampliar sus atribuciones.

Desde Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic (FA) insistió en la urgencia de aprobar la ley, subrayando que los municipios han debido enfrentar situaciones delictuales sin estar preparados ni contar con las herramientas necesarias. Destacó que ya existe consenso en aspectos como la eliminación de restricciones para contrataciones, mayor protección a los funcionarios y sanciones más duras para los agresores, cuestionando la falta de avances legislativos en estos puntos. “Si nadie está en contra de eso, no se entiende por qué no se promulga una ley con esos acuerdos”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), evitó centrarse en la asignación de responsabilidades y llamó a aprobar la Ley de Seguridad Municipal lo antes posible.

Alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Aton Chile.

La edil reconoció que la discusión ha ganado urgencia en los últimos días, pero insistió en que la normativa debe incluir un marco legal claro sobre las atribuciones municipales en materia de prevención y la función de los inspectores tras su implementación.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (Ind.-FA), es más crítico, señalando que el principal obstáculo para el avance de la ley ha sido la falta de voluntad política. Afirmó que, en un año electoral, algunos buscan retrasar la discusión para obtener réditos políticos, mientras los ataques a funcionarios municipales continúan. “No podemos permitir que este proyecto se quede en el debate y en promesas, mientras quienes patrullan nuestras calles siguen sin respaldo”, sentencia, exigiendo al Congreso acelerar su aprobación.

Finalmente, desde San Ramón, su alcalde, Gustavo Toro (DC), rechaza cualquier iniciativa que implique armar a los inspectores municipales, defendiendo que su rol debe ser preventivo y no persecutor. Además, subrayó la importancia de definir con claridad sus atribuciones y denunció que las actuales limitaciones administrativas impiden a comunas como la suya contratar el personal necesario para fortalecer la seguridad local. “Nuestra prioridad es contar con inspectores en las calles que puedan vincularse con la comunidad”, afirmó, exigiendo que la nueva ley entre en vigencia lo antes posible.