El seguimiento de la patente de la moto ocupada para cometer las amenazas, y una serie de diligencias lideradas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, concluyeron este jueves en un masivo operativo que comenzó a desarrollarse desde las 6 horas. El procedimiento terminó con ocho personas detenidas como sospechosas de amenazas de muerte en contra de la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
Los ocho imputados -Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza Wotherspoon, Pablo Martínez Castro y Fernando Hasler Martínez- fueron formalizados en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los eventuales delitos de amenazas, tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones.
Las medidas cautelares, el tribunal las definirá la mañana de este viernes, tras definir un receso de la audiencia.
La investigación, dirigida por el fiscal Francisco Jacir, determinó que los imputados participaron de las amenazas realizadas el 6 de octubre en el domicilio de Chong, en Providencia.
Llegaron hasta la casa de la persecutora en tres autos y dos motos. Ahí le dejaron al hijo de Chong una carta en la que se explicitaban las amenazas de muerte. Jacir aseguró que dicha misiva contenía un mensaje “directo, serio y verosímil”.
Todo esto, según expuso el Ministerio Público, motivado por la audiencia que protagonizó la persecutora días antes, cuando formalizó al excarabinero Sebastián Zamora por haber impulsado a un adolescente al río Mapocho en medio de protestas. Una vez en el lugar, todos los imputados tuvieron participación en el hecho. Dos de ellos entregando la carta y el resto vigilando el lugar y sus alrededores.
Los imputados son parte de un grupo de extrema derecha denominado “Aún Tenemos Patria”. En uno de los domicilios se incautó una subametralladora calibre 9 mm, con un cargador con 17 cartuchos de 9 mm, además de otras especies. Jacir, además, reveló que, de acuerdo a antecedentes de la indagatoria, las amenazas fueron planificadas en un domicilio de Las Condes, ubicado en Apoquindo 6550, el cual también fue allanado.
En la causa se descartó que algunos de los sospechosos fueran uniformados activos o en retiro. Esto, ya que la PDI, horas después de que la fiscal recibiera la carta con amenazas, realizó un control de identidad a un teniente de Carabineros. Ese episodio generó la molestia del propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien esa vez comunicó su malestar directamente al entonces ministro del Interior, Víctor Pérez.
El director de la PDI, Héctor Espinosa, se refirió al caso y dijo que “este no es un hecho aislado ni circunstancial. En un inmueble se planifica esto. Estamos investigando si están relacionados con otras amenazas”.
Jacir solicitó la prisión preventiva para los ocho imputados. Al cierre de esta edición dicha cautelar seguía discutiéndose.
